La reforma politica.

Una reforma política inocua
LA REFORMA POLÍTICA QUE CURSA EN EL CONGRESO, concebida inicialmente como mecanismo para blindar las elecciones y los partidos de la influencia de actores ilegales, posible solución, entonces, a tantos y tan decepcionantes escándalos, después de haber sido aprobada en su sexto debate, hoy no pasa de ser una reforma insuficiente. Para muchos, completamente inocua. Y, sin embargo, rica en beneficios para la coalición uribista.
No es de extrañar que la reforma política no establezca correctivos para los partidos, en su mayor parte uribistas, que acogieron a los parapolíticos que hoy se encuentran en prisión. El 29% del Congreso electo en 2006 ha sido investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La “silla vacía”, sanción emblemática que contemplaba la reforma anterior —y que implica la pérdida de la curul de un partido por cada parlamentario condenado—, no empezará a regir sino en 2010. Como era de esperarse, no se contemplan medidas retroactivas y las sanciones sólo aplicarán para los partidos que participen en las próximas elecciones.

Las campañas políticas tendrán como principal financiador al Estado y éste les entregará como anticipo el 50% de los recursos que recibió el partido en las últimas elecciones por reposición de votos. Dadas las circunstancias particulares del Congreso colombiano, una medida indignante. El desconocimiento total de algunos de los métodos con los que algunos partidos políticos con representación en el Congreso acumularon votos en los comicios pasados. Constreñimientos electorales de todo tipo han sido descritos en los más de treinta fallos por parapolítica, proferidos por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría.

Favorecidos por la ambigüedad y lejana aplicación de las sanciones, los uribistas podrán fortalecerse a través del transfuguismo político. Durante dos meses, las fuerzas políticas podrán recomponerse y reagruparse a su antojo. La doble militancia, avalada sin más, corrobora que con esta reforma el proceso de fortalecimiento de los partidos, razón de la reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas, estamos retrocediendo. Lo escribió en este mismo periódico en su última columna de opinión la politóloga y directora del programa Congreso Visible, Elisabeth Ungar: “Esta medida busca permitir la reconfiguración del mapa político del actual Congreso, y más específicamente de la coalición”.

La combinación entre transfuguismo político y aumento del umbral —del 2 al 3 por ciento— resultará letal para partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana y el movimiento MIRA. Este último, a pesar de ser el único partido con personería jurídica sin miembros investigados por farc o parapolítica, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aunque bienintencionado, el aumento del umbral, cuando muchos de los partidos de la coalición de gobierno son pequeños, no tienen mayor cohesión ideológica y mantienen a sus líderes más prominentes detenidos en la cárcel, riñe por completo con el transfuguismo.

Por si ello fuera poco, en una maniobra inesperada, y con el beneplácito del vicepresidente de la Cámara, Odín Sánchez, la plenaria permitió en la madrugada del jueves pasado la inclusión del artículo estratégico que inhabilita de forma inmediata a concejales y diputados que aspiran al Congreso en 2010. Un atropello, una suerte de violación al derecho a la igualdad del que disponen quienes desean hacer política en otros escenarios. Para muchos, un “mico” que de cualquier forma no es nuevo y ya antes, en anteriores reformas, había sido sistemáticamente rechazado.

Contrasta la inmediatez con la que entrarán en vigencia cambios trascendentales en las reglas de juego, como el transfuguismo y la inhabilidad de concejales y diputados, con la lentitud en la aplicación de las sanciones a partidos vinculados con grupos ilegales. A dos debates de dar por terminado su trámite reglamentario en el Congreso, la reforma política sólo parece serle útil a la coalición de gobierno.

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