El sabado 6 de febrero, marcharemos en contra de los decretos de emergencia social, que amenazan con obligarnos a pagar nuestros tratamientos en salud, que esten fuera del POS.
Mas informacion en http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=268862497506&ref=ts
Por favor difundir esta informacion.
jueves, 4 de febrero de 2010
lunes, 25 de enero de 2010
La salud publica en peligro
Suponga que el día de mañana usted llega a su oficina y se encuentra con que el jefe les dice a todos los empleados:
- Lo siento pero tenemos una crisis, desde hace 7 años no he pagado impuestos, ahora, tendré que descontar un cuarto de salario a cada uno para pagarlos”
Usted que pensaría, que es un buen gerente? Que usted tiene que pagar por la culpa de el? O pensaría que a dicho jefe, por demás, deberían meterlo a la cárcel?
Pues algo así esta sucediendo en esta oficina llamada Colombia.
El gobierno durante años ha eludido su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, mediante los regimenes contributivo y subsidiado, que teniendo un marco como el POS hacían difícil el acceso a medicamentos o tratamientos que estaban fuera de este, y por años se accedió a dichos tratamientos por medio de la tutela. Cada vez que se fallaba una tutela, el ciudadano accedía al procedimiento o al medicamento y el valor de estos se cargaba contra el FOSYGA. Casi a mediados de noviembre de 2009 se puso de relieve que el FOSYGA adeudaba a las EPS 900.000 millones como se leyó en portafolio, y que esto ponía en peligro el sistema; también se dijo que la plata la tiene el FOSYGA en TES pero no la quería girar.
Ahora, solo unos meses después, nos dicen que nos toca a todos pagar esa y otras deudas, mediante impuestos en la cerveza y los juegos de azar, y, que adicionalmente, ahora habría que demostrar ingresos para acceder a la cofinanciacion (¡¡¡ni siquiera al subsidio, solo a que le ayuden a pagar¡¡¡), que también dependerá de dichos ingresos, para poder vivir... vivir endeudado.
Este invento, que es una canallada contra la gran mayoría de los colombianos, que nunca ha disfrutado de una buena gestión en salud, nos lo quieren aplicar por que el gobierno de uribe no tuvo nunca en su agenda el mejoramiento de la salud pero nos toca a todos pagar los platos rotos.
En el blog, y adjunto encontraran el famoso decreto, son 7 hojas por favor léanlo para que puedan constatar lo que a continuación voy a explicar.
Este es el análisis inicial al decreto 128 de 2010, que nos permite confirmar que las sospechas de que todo esta hecho para acabar la parte de aseguramiento del sistema de salud, y que todos terminemos pagando nuestros procedimientos médicos, eran fundadas.
Dicho decreto dicta la creación de un "FONDO DE PRESTACIONES EXCEPCIONALES EN SALUD" que será ante todo finito y que vendrá de los impuestos a la cerveza y los juegos de azar.
La creación de unos "COMITES TECNICOS DE PRESTACIONES EXCEPCIONALES EN SALUD" que dirán si el procedimiento es necesario o no.
La creación de un "CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONPRES" que revisara los estados financieros para evitar que el nuevo sistema llegue a números rojos, aun si esto significa no ofrecer mas tratamientos u operaciones, como dice el articulo 11 "... y hasta tanto se agote la disponibilidad presupuestal anual", por lo que si en agosto, por ejemplo, se agota dicha disponibilidad el fondo no girara un peso mas.
Antes de continuar, vale la pena aclarar que prestaciones excepcionales en salud son todas aquellas que no están incluidas en el POS de régimen contributivo.
Hasta el momento no se observa lo grave del decreto, que, sin duda, esta representado en las diferentes referencias a términos como cofinanciación y la capacidad de pago de las personas que aspiran a ser atendidas de forma excepcional.
Por ejemplo, en el articulo 3 "PRINCIPIOS" establece en el numeral 6 el de "SUBSIDIARIEDAD" que establece: Es el criterio según el cual la cofinanciación con recursos públicos solamente procede en los eventos en que la persona no tenga suficiente capacidad de pago y, por lo tanto, podría acceder a los recursos del Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, de acuerdo con su situación relativa.
Además en el articulo 8 punto 8: “8. Aprobar la metodología y los criterios generales para determinar la real capacidad de pago del aportante y su grupo familiar y para establecer la cuota o valor a su cargo."
Pero si usted no tiene capacidad de pago, no se preocupe el estado piensa en todo, como se observa en el articulo 16 “FACILIDADES DE PAGO”: El Gobierno Nacional reglamentará esquemas de Financiación que puedan ser desarrollados e implementados por las entidades del sector financiero, cooperativo y cajas de compensación proporcionando a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud acceso a líneas de crédito que les permitan financiar las prestaciones excepcionales en salud, en lo que a ellos corresponda.
Para cubrir las obligaciones derivadas de las prestaciones excepcionales en salud los afiliados también podrán utilizar parcial o totalmente el saldo sin comprometer, que mantengan en su cuenta individual de Cesantías, ya sea de manera directa o mediante su pignoración.
Igualmente y para el mismo efecto, podrán disponer de los saldos acumulados en fondos o programas de pensiones voluntarias sin que se pierdan los beneficios tributarios que la ley les reconoce.
Como se observa, siempre se habla de "cofinanciacion" de saber "hasta donde se va a subsidiar" y de creditos pero de ninguna manera de garantizar el acceso, que se supone es la obligación del estado.
Adicionalmente, el decreto 131 de 2010 crea otro ente llamado “ORGANISMO TECNICO CIENTIFICO PARA LA SALUD” que entre otras funciones hará revisiones a decisiones tomadas por los Comités Técnicos de Prestaciones Excepcionales. Lo gracioso es que van a haber 3 profesionales en salud de mucha capacidad y conocimiento y que serán ELEGIDOS por primera y única vez por uribe ¿¡¡¡????!!! La dedocracia en su máxima expresión.
Como digo esto sale de un análisis inicial de los decretos, pero se debe tener mucho cuidado y ejercer mucha presión para que estos decretos no salgan adelante. Claro que escucharan al ministro palacio diciendo que lo que se busca es universalizar el acceso y optimizar el manejo que hace el estado de la salud, pero esto no dejara de ser zanahoria para darnos palo, porque al final de cuentas lo que prevalece en este decreto es: Si tiene una enfermedad fuera del POS y tiene algo con que pagar le ayudamos a que le aprueben un crédito, para que pueda seguir viviendo, y así seguir pagando su deuda.
- Lo siento pero tenemos una crisis, desde hace 7 años no he pagado impuestos, ahora, tendré que descontar un cuarto de salario a cada uno para pagarlos”
Usted que pensaría, que es un buen gerente? Que usted tiene que pagar por la culpa de el? O pensaría que a dicho jefe, por demás, deberían meterlo a la cárcel?
Pues algo así esta sucediendo en esta oficina llamada Colombia.
El gobierno durante años ha eludido su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, mediante los regimenes contributivo y subsidiado, que teniendo un marco como el POS hacían difícil el acceso a medicamentos o tratamientos que estaban fuera de este, y por años se accedió a dichos tratamientos por medio de la tutela. Cada vez que se fallaba una tutela, el ciudadano accedía al procedimiento o al medicamento y el valor de estos se cargaba contra el FOSYGA. Casi a mediados de noviembre de 2009 se puso de relieve que el FOSYGA adeudaba a las EPS 900.000 millones como se leyó en portafolio, y que esto ponía en peligro el sistema; también se dijo que la plata la tiene el FOSYGA en TES pero no la quería girar.
Ahora, solo unos meses después, nos dicen que nos toca a todos pagar esa y otras deudas, mediante impuestos en la cerveza y los juegos de azar, y, que adicionalmente, ahora habría que demostrar ingresos para acceder a la cofinanciacion (¡¡¡ni siquiera al subsidio, solo a que le ayuden a pagar¡¡¡), que también dependerá de dichos ingresos, para poder vivir... vivir endeudado.
Este invento, que es una canallada contra la gran mayoría de los colombianos, que nunca ha disfrutado de una buena gestión en salud, nos lo quieren aplicar por que el gobierno de uribe no tuvo nunca en su agenda el mejoramiento de la salud pero nos toca a todos pagar los platos rotos.
En el blog, y adjunto encontraran el famoso decreto, son 7 hojas por favor léanlo para que puedan constatar lo que a continuación voy a explicar.
Este es el análisis inicial al decreto 128 de 2010, que nos permite confirmar que las sospechas de que todo esta hecho para acabar la parte de aseguramiento del sistema de salud, y que todos terminemos pagando nuestros procedimientos médicos, eran fundadas.
Dicho decreto dicta la creación de un "FONDO DE PRESTACIONES EXCEPCIONALES EN SALUD" que será ante todo finito y que vendrá de los impuestos a la cerveza y los juegos de azar.
La creación de unos "COMITES TECNICOS DE PRESTACIONES EXCEPCIONALES EN SALUD" que dirán si el procedimiento es necesario o no.
La creación de un "CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONPRES" que revisara los estados financieros para evitar que el nuevo sistema llegue a números rojos, aun si esto significa no ofrecer mas tratamientos u operaciones, como dice el articulo 11 "... y hasta tanto se agote la disponibilidad presupuestal anual", por lo que si en agosto, por ejemplo, se agota dicha disponibilidad el fondo no girara un peso mas.
Antes de continuar, vale la pena aclarar que prestaciones excepcionales en salud son todas aquellas que no están incluidas en el POS de régimen contributivo.
Hasta el momento no se observa lo grave del decreto, que, sin duda, esta representado en las diferentes referencias a términos como cofinanciación y la capacidad de pago de las personas que aspiran a ser atendidas de forma excepcional.
Por ejemplo, en el articulo 3 "PRINCIPIOS" establece en el numeral 6 el de "SUBSIDIARIEDAD" que establece: Es el criterio según el cual la cofinanciación con recursos públicos solamente procede en los eventos en que la persona no tenga suficiente capacidad de pago y, por lo tanto, podría acceder a los recursos del Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, de acuerdo con su situación relativa.
Además en el articulo 8 punto 8: “8. Aprobar la metodología y los criterios generales para determinar la real capacidad de pago del aportante y su grupo familiar y para establecer la cuota o valor a su cargo."
Pero si usted no tiene capacidad de pago, no se preocupe el estado piensa en todo, como se observa en el articulo 16 “FACILIDADES DE PAGO”: El Gobierno Nacional reglamentará esquemas de Financiación que puedan ser desarrollados e implementados por las entidades del sector financiero, cooperativo y cajas de compensación proporcionando a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud acceso a líneas de crédito que les permitan financiar las prestaciones excepcionales en salud, en lo que a ellos corresponda.
Para cubrir las obligaciones derivadas de las prestaciones excepcionales en salud los afiliados también podrán utilizar parcial o totalmente el saldo sin comprometer, que mantengan en su cuenta individual de Cesantías, ya sea de manera directa o mediante su pignoración.
Igualmente y para el mismo efecto, podrán disponer de los saldos acumulados en fondos o programas de pensiones voluntarias sin que se pierdan los beneficios tributarios que la ley les reconoce.
Como se observa, siempre se habla de "cofinanciacion" de saber "hasta donde se va a subsidiar" y de creditos pero de ninguna manera de garantizar el acceso, que se supone es la obligación del estado.
Adicionalmente, el decreto 131 de 2010 crea otro ente llamado “ORGANISMO TECNICO CIENTIFICO PARA LA SALUD” que entre otras funciones hará revisiones a decisiones tomadas por los Comités Técnicos de Prestaciones Excepcionales. Lo gracioso es que van a haber 3 profesionales en salud de mucha capacidad y conocimiento y que serán ELEGIDOS por primera y única vez por uribe ¿¡¡¡????!!! La dedocracia en su máxima expresión.
Como digo esto sale de un análisis inicial de los decretos, pero se debe tener mucho cuidado y ejercer mucha presión para que estos decretos no salgan adelante. Claro que escucharan al ministro palacio diciendo que lo que se busca es universalizar el acceso y optimizar el manejo que hace el estado de la salud, pero esto no dejara de ser zanahoria para darnos palo, porque al final de cuentas lo que prevalece en este decreto es: Si tiene una enfermedad fuera del POS y tiene algo con que pagar le ayudamos a que le aprueben un crédito, para que pueda seguir viviendo, y así seguir pagando su deuda.
martes, 8 de diciembre de 2009
Mal enfoque del gobierno uribe sobre el salario minimo
El consumo como salida a la crisis de la economía.
Articulo que muestra porque el salario no debe bajar en tiempos de recesion.
Teoría errada del mínimo
Por: Eduardo Sarmiento
En una economía limitada por la demanda, la contratación de un nuevo trabajador no contribuye a la producción.
Pauta fácil›ANUNCIE AQUÍRegresan los Backstreet Boys
Tus artistas favoritos en un solo lugar
http://www.shock.com.coEn esta Navidad TCC lo recompensa
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Dell.com/co/tvEspecializaciones en Derecho
Universidad Católica de Colombia
inscripciones abiertas 2010
www.ucatolica.infoLa información más reciente revela el aumento sistemático del desempleo y la entrada masiva de jóvenes al mercado laboral para trabajar en la informalidad, como servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares. Al mismo tiempo, apareció un trabajo de Planeación Nacional que revela una caída de la productividad del trabajo de 3,5%. De allí se deduce, de acuerdo con las creencias en boga, que el salario mínimo se debe ajustar por debajo de la inflación. Al mismo resultado arriban los estudios de ANIF y Fedesarrollo.
Los autores de los ejercicios aritméticos desconocen su significado económico. La productividad sólo es una medida adecuada de la capacidad de producción del trabajador cuando la economía opera cerca de la capacidad máxima. En ese caso, la contratación de un trabajador aumenta la producción y la demanda y, en consecuencia, la relación entre la producción y el empleo es una medida de la contribución a la creación de valor.
Las cosas son muy distintas cuando la economía está limitada por la demanda. La contratación de un nuevo trabajador no contribuye a la producción ni a la demanda, y la productividad no sería una medida apropiada de su capacidad de producir.
El cálculo aritmético de la productividad apenas capta el estado deplorable de la economía. La precariedad de la demanda ocasiona una caída de la producción que lleva a despedir la mano de obra formal y la baja de los ingresos familiares induce a los jóvenes a regalar su trabajo en la informalidad.
El criterio de que los factores se pagan de acuerdo con la productividad sólo es válido dentro de las teorías de competencia perfecta que suponen que la economía está cerca de la plena capacidad y el pleno empleo, por lo cual, la Ley de Say se cumple. Como la oferta crea su propia demanda, la contribución del trabajo al producto refleja su capacidad de generar valor.
Si la economía está postrada por falta de demanda, la Ley de Say no se cumple y la contribución del trabajador a la producción no dice absolutamente nada. El trabajo es remunerado por debajo de su productividad real. Contrario a todas las concepciones clásicas, el desempleo y caída de los ingresos laborales evolucionan paralelamente. En palabras de Keynes, el salario no es pagado de acuerdo con su productividad sino por la desutilidad del trabajo, es decir, por el desespero de los trabajadores.
La recesión no obedece a que las empresas no tengan los equipos ni los trabajadores con la capacidad para producir. Se explica, más bien, por la crisis mundial y los desaciertos de la política económica que se han sumado para crear un estado absurdo en que los trabajadores no pueden adquirir los bienes que elaboran porque carecen del ingreso.
En este contexto, es indispensable la acción del Estado para ampliar la demanda de la economía y uno de los medios más expeditos es salario mínimo.
El ajuste del salario mínimo se cuestiona por su impacto sobre las utilidades de las empresas en un momento en que la producción y las ventas se contraen. Sin embargo, la magnitud del efecto es menor de lo que se supone. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo representa 10% de las erogaciones de las empresas, el alza de 13% elevaría los costos en 1%.
Es algo que podría compensarse en las pequeñas y medianas empresas reduciendo el gravamen de los parafiscales o bajando la tasa de interés de los créditos, bien por la vía administrativa o la de los subsidios. En tales condiciones, la medida sólo tendría beneficios; debido al alto multiplicador del gasto de los grupos de bajos ingresos, contribuiría a incrementar el producto nacional en dos puntos porcentuales.
Al parecer, en los sectores influyentes no se ha entendido que en condiciones de recesión se configura un círculo vicioso de aumento del desempleo y depresión de los ingresos laborales.
Es hora de que se dediquen esfuerzos a encontrar fórmulas para ampliar la demanda de una economía donde la productividad observada es menor que la real y los trabajadores están dispuestos a laborar por salarios de hambre.
Para empezar, convendría que estudiaran en forma objetiva elevar el salario mínimo en diez puntos por encima de la inflación.
Articulo que muestra porque el salario no debe bajar en tiempos de recesion.
Teoría errada del mínimo
Por: Eduardo Sarmiento
En una economía limitada por la demanda, la contratación de un nuevo trabajador no contribuye a la producción.
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Universidad Católica de Colombia
inscripciones abiertas 2010
www.ucatolica.infoLa información más reciente revela el aumento sistemático del desempleo y la entrada masiva de jóvenes al mercado laboral para trabajar en la informalidad, como servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares. Al mismo tiempo, apareció un trabajo de Planeación Nacional que revela una caída de la productividad del trabajo de 3,5%. De allí se deduce, de acuerdo con las creencias en boga, que el salario mínimo se debe ajustar por debajo de la inflación. Al mismo resultado arriban los estudios de ANIF y Fedesarrollo.
Los autores de los ejercicios aritméticos desconocen su significado económico. La productividad sólo es una medida adecuada de la capacidad de producción del trabajador cuando la economía opera cerca de la capacidad máxima. En ese caso, la contratación de un trabajador aumenta la producción y la demanda y, en consecuencia, la relación entre la producción y el empleo es una medida de la contribución a la creación de valor.
Las cosas son muy distintas cuando la economía está limitada por la demanda. La contratación de un nuevo trabajador no contribuye a la producción ni a la demanda, y la productividad no sería una medida apropiada de su capacidad de producir.
El cálculo aritmético de la productividad apenas capta el estado deplorable de la economía. La precariedad de la demanda ocasiona una caída de la producción que lleva a despedir la mano de obra formal y la baja de los ingresos familiares induce a los jóvenes a regalar su trabajo en la informalidad.
El criterio de que los factores se pagan de acuerdo con la productividad sólo es válido dentro de las teorías de competencia perfecta que suponen que la economía está cerca de la plena capacidad y el pleno empleo, por lo cual, la Ley de Say se cumple. Como la oferta crea su propia demanda, la contribución del trabajo al producto refleja su capacidad de generar valor.
Si la economía está postrada por falta de demanda, la Ley de Say no se cumple y la contribución del trabajador a la producción no dice absolutamente nada. El trabajo es remunerado por debajo de su productividad real. Contrario a todas las concepciones clásicas, el desempleo y caída de los ingresos laborales evolucionan paralelamente. En palabras de Keynes, el salario no es pagado de acuerdo con su productividad sino por la desutilidad del trabajo, es decir, por el desespero de los trabajadores.
La recesión no obedece a que las empresas no tengan los equipos ni los trabajadores con la capacidad para producir. Se explica, más bien, por la crisis mundial y los desaciertos de la política económica que se han sumado para crear un estado absurdo en que los trabajadores no pueden adquirir los bienes que elaboran porque carecen del ingreso.
En este contexto, es indispensable la acción del Estado para ampliar la demanda de la economía y uno de los medios más expeditos es salario mínimo.
El ajuste del salario mínimo se cuestiona por su impacto sobre las utilidades de las empresas en un momento en que la producción y las ventas se contraen. Sin embargo, la magnitud del efecto es menor de lo que se supone. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo representa 10% de las erogaciones de las empresas, el alza de 13% elevaría los costos en 1%.
Es algo que podría compensarse en las pequeñas y medianas empresas reduciendo el gravamen de los parafiscales o bajando la tasa de interés de los créditos, bien por la vía administrativa o la de los subsidios. En tales condiciones, la medida sólo tendría beneficios; debido al alto multiplicador del gasto de los grupos de bajos ingresos, contribuiría a incrementar el producto nacional en dos puntos porcentuales.
Al parecer, en los sectores influyentes no se ha entendido que en condiciones de recesión se configura un círculo vicioso de aumento del desempleo y depresión de los ingresos laborales.
Es hora de que se dediquen esfuerzos a encontrar fórmulas para ampliar la demanda de una economía donde la productividad observada es menor que la real y los trabajadores están dispuestos a laborar por salarios de hambre.
Para empezar, convendría que estudiaran en forma objetiva elevar el salario mínimo en diez puntos por encima de la inflación.
viernes, 6 de noviembre de 2009
Las mentiras de El Tiempo
Por: VLADIMIR FLÓREZ Thursday, Oct. 15, 2009 at 4:23 PM
LA grotesca expulsión de la columnista Claudia López de El Tiempo, es muy lamentable, pero no debería sorprender a nadie; lo sorprendente es que no la hubieran botado antes de un periódico pseudoindependiente, y del cual se decía desde hace años que no era liberal ni conservador, sino gobiernista.
Hace unos meses, en un almuerzo, Francesc Solé, presidente de Editorial Planeta y miembro de la junta directiva de El Tiempo, me preguntó cómo veía el periódico. Sin dudarlo, le respondí que yo leo El Tiempo desde hace 33 años y que nunca lo había visto tan malo. Ante su cara de sorpresa, procedí a explicar mi respuesta con un pequeño ejemplo.
El año pasado, cuando fue arrestado el exsenador Mario Uribe todos los periódicos del mundo (en España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina o México) titularon: “Capturado primo de Álvaro Uribe por nexos con paramilitares”. En cambio El Tiempo, se limitó a decir: “Ambiente político, al rojo vivo”.
Luego hice otras observaciones sobre el periódico, ante lo cual Francesc reconoció que había muchas cosas por corregir y que estaban trabajando en eso. Pero creo que en ese proceso de mejora el episodio con Claudia es un retroceso enorme, pues a la forma tan grosera como la corrieron, se suma el absurdo editorial con el cual el autor (no sé si Roberto Pombo, Ricardo Ávila, José Obdulio Gaviria o el propio Juan Manuel Santos) pretende justificar la decisión, pero sin ir a la pepa del asunto; y deja sin absolver las inquietudes expuestas por la excolumnista en su artículo.
La arrogante explicación sobre la despedida de la brillante investigadora está plagada de mentiras; empezando por aquella donde dice “que El Tiempo ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia” la libertad de expresión. No hay nada más falso. ¿Acaso se les olvidó la forma como botaron al columnista Klim? Yo también sufrí en carne propia la censura impuesta por ellos más de una vez. Cuando tenía 23 años y era colaborador de ese periódico, Hernando Santos llegó al extremo de cambiar abusivamente el texto de una caricatura mía y cuando le hice el reclamo me botó.
Si quieren saber qué entienden en El Tiempo por libertad de expresión no es sino preguntar cómo filtran las caricaturas antes de su publicación. O que nos digan por qué publican cartas apócrifas, atribuidas a personas que no las escriben.
Por ese concepto tan original de la libertad de expresión fue que luego de que Álvaro Uribe insultó a Alejandro Santos por televisión, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Enrique Santos, dijo que el Mandatario era un garante del ejercicio del periodismo.
Desde antes de que entrara a la órbita de Planeta, en ese periódico la censura ha sido una práctica cotidiana, porque, como decía su antiguo eslogan, El Tiempo no se detiene.
[http://havladdorias.blogspot.com] (URL: http://havladdorias.blogspot.com)
LA grotesca expulsión de la columnista Claudia López de El Tiempo, es muy lamentable, pero no debería sorprender a nadie; lo sorprendente es que no la hubieran botado antes de un periódico pseudoindependiente, y del cual se decía desde hace años que no era liberal ni conservador, sino gobiernista.
Hace unos meses, en un almuerzo, Francesc Solé, presidente de Editorial Planeta y miembro de la junta directiva de El Tiempo, me preguntó cómo veía el periódico. Sin dudarlo, le respondí que yo leo El Tiempo desde hace 33 años y que nunca lo había visto tan malo. Ante su cara de sorpresa, procedí a explicar mi respuesta con un pequeño ejemplo.
El año pasado, cuando fue arrestado el exsenador Mario Uribe todos los periódicos del mundo (en España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina o México) titularon: “Capturado primo de Álvaro Uribe por nexos con paramilitares”. En cambio El Tiempo, se limitó a decir: “Ambiente político, al rojo vivo”.
Luego hice otras observaciones sobre el periódico, ante lo cual Francesc reconoció que había muchas cosas por corregir y que estaban trabajando en eso. Pero creo que en ese proceso de mejora el episodio con Claudia es un retroceso enorme, pues a la forma tan grosera como la corrieron, se suma el absurdo editorial con el cual el autor (no sé si Roberto Pombo, Ricardo Ávila, José Obdulio Gaviria o el propio Juan Manuel Santos) pretende justificar la decisión, pero sin ir a la pepa del asunto; y deja sin absolver las inquietudes expuestas por la excolumnista en su artículo.
La arrogante explicación sobre la despedida de la brillante investigadora está plagada de mentiras; empezando por aquella donde dice “que El Tiempo ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia” la libertad de expresión. No hay nada más falso. ¿Acaso se les olvidó la forma como botaron al columnista Klim? Yo también sufrí en carne propia la censura impuesta por ellos más de una vez. Cuando tenía 23 años y era colaborador de ese periódico, Hernando Santos llegó al extremo de cambiar abusivamente el texto de una caricatura mía y cuando le hice el reclamo me botó.
Si quieren saber qué entienden en El Tiempo por libertad de expresión no es sino preguntar cómo filtran las caricaturas antes de su publicación. O que nos digan por qué publican cartas apócrifas, atribuidas a personas que no las escriben.
Por ese concepto tan original de la libertad de expresión fue que luego de que Álvaro Uribe insultó a Alejandro Santos por televisión, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Enrique Santos, dijo que el Mandatario era un garante del ejercicio del periodismo.
Desde antes de que entrara a la órbita de Planeta, en ese periódico la censura ha sido una práctica cotidiana, porque, como decía su antiguo eslogan, El Tiempo no se detiene.
[http://havladdorias.blogspot.com] (URL: http://havladdorias.blogspot.com)
martes, 6 de octubre de 2009
Estudio indica que el Gobierno influye en ocho instituciones del Estado
Estudio indica que el Gobierno influye en ocho instituciones del Estado
Por: Redacción Política
“Mayorías sin democracia”, es el nombre del revelador estudio de DeJusticia.
Hacia el año 2003, en el área de influencia política del Gobierno únicamente había dos instituciones: la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hoy, por efecto de la reelección presidencial, hay ocho instituciones en su área de influencia. Este panorama demuestra la concentración de poder en el Estado que hoy caracteriza a la democracia colombiana, con el riesgo de crecer si se formaliza una segunda reelección presidencial.
Esta conclusión hace parte del trabajo “Mayorías sin democracia”, preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que en 410 páginas demuestra cómo, basado en la popularidad del presidente Uribe y el éxito de algunas de sus políticas en materia de seguridad, el Ejecutivo ha venido aumentando su poder al costo del debilitamiento de varias instituciones y el sometimiento a las políticas trazadas por el Gobierno.
Según el trabajo interdisciplinario, coordinado por los abogados Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo Rebolledo, la concentración del poder en manos del Gobierno, en grado máximo o intermedio, se expresa en seis instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Televisión, la Defensoría del Pueblo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Banco de la República.
Estas instituciones, que fueron concebidas por los constituyentes de 1991 como contrapeso del poder mayoritario, de alguna manera hoy están siendo cooptadas por el Ejecutivo, con escenarios paralelos de igual preocupación. Por ejemplo, las intenciones del presidente Uribe de “sacrificar la tecnocracia y los méritos burocráticos en beneficio de la lealtad política”; o la intención clara del Gobierno de “manipular la Constitución y la ley para alcanzar los objetivos trazados en las políticas públicas del Ejecutivo”.
En criterio de DeJusticia, el presidente Uribe ha modificado las relaciones con los congresistas, los políticos y los partidos, y en los últimos años “el Congreso ha dejado de ser un contrapeso institucional significativo”, convirtiéndose en “un espacio de refrendación de las decisiones tomadas por el Ejecutivo”. Este desequilibrio no sería tan grave, advierte el estudio, si existiera un Congreso confiable, pero hoy casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al escándalo de la parapolítica.
Como quiera que “la reelección puso a tambalear todo el andamiaje constitucional en Colombia”, la investigación sugiere que la primera tarea para detener el proceso de concentración del poder es “rechazar la posibilidad de que la Constitución sea reformada nuevamente”, y en el caso de que no se pueda volver al diseño original de la Constitución de 1991, en el sentido de prohibir la reelección, es urgente adecuar un diseño institucional de pesos y contrapesos con nuevas condiciones, como adecuar los periodos para nombrar altos dignatarios del Estado.
Otra opción sería la creación de una Corte Electoral, que implicaría suprimir el Consejo Nacional Electoral y concentrar las funciones administrativas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las judiciales en el órgano judicial autónomo sugerido. Esta iniciativa permitiría evitar la politización que hoy impera en el Consejo Nacional Electoral y podría operar de manera simultánea a la de generar nombramientos escalonados en los órganos colegiados, a fin de garantizar pluralidad política.
La investigación del Centro de Estudios DeJusticia busca crear espacios de reflexión en el país para que, más allá de la discusión de si el presidente Álvaro Uribe puede hacerse reelegir o no para un nuevo cuatrienio, se advierta la necesidad de recobrar varias instancias de control político, judicial, disciplinario, fiscal y ciudadano en Colombia, que hoy “se encuentran debilitadas por obra de la influencia política del poder Ejecutivo”, sumada al “ejercicio abusivo del poder de nominación por parte del Presidente de la República”.
El poder en la Corte Constitucional
En los gobiernos del presidente Uribe han cambiado los nueve magistrados de la Corte. Hoy está en nivel de influencia intermedio, pues la mayoría de sus miembros tienen afinidad política con el Presidente.
Tres fueron ternados por el Ejecutivo: Jorge Pretelt, María Victoria Calle y Mauricio González. Tres más son afines al Gobierno por su filiación conservadora (Nilson Pinilla, Gabriel Mendoza y Jorge Palacio). Los restantes (Humberto Sierra, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas) parecen neutrales.
Según DeJusticia, ni es Corte de bolsillo ni independiente. “El Gobierno ha logrado cooptarla parcialmente”.
Consejo Electoral
En 2002, cuatro de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenecían a los partidos de la coalición de Gobierno. Para el año 2006, el número llegó a siete, es decir, que su composición varió notablemente en favor de las mayorías uribistas. En buena medida estos cambios obedecieron a la reforma política de 2003. Sin embargo, hoy es incierta la postura de una entidad dominada por la coalición de Gobierno. Por eso, la investigación plantea que está en un nivel de influencia intermedia con el Gobierno. La prueba de independencia va a darse cuando decida sobre la posible violación de los topes de financiación en la recolección de firmas para el referendo.
Otros organismos e instituciones
La Contraloría es ocupada por Julio César Turbay y se dice que fue una forma de corresponder el apoyo que le dio su padre al Gobierno.
En cuanto a la Procuraduría, la orientación conservadora de Alejandro Ordóñez lo sitúa en el plan de la afinidad política con el Gobierno.
Sobre la Fiscalía ya se sabe que los ternados son muy afines al Gobierno. Si a lo anterior se suman los Consejos Comunitarios y el programa Familias en Acción, se advierte una captura política de Planeación Nacional y de algunas administraciones municipales.
Influencia intermedia en el Banco Emisor
Por sus dos gobiernos consecutivos, el presidente Uribe ha nombrado cuatro codirectores del Banco de la República, con poder suficiente para elegir al gerente del organismo.
Aun más, entre 2007 y 2009, en la junta directiva del Banco sólo quedó un miembro no elegido por el presidente Uribe, el actual codirector Fernando Tenjo.
Según DeJusticia, pocos presidentes han logrado nombrar a tantos codirectores, y por eso la institución está en un nivel de influencia intermedia. No obstante, la forma de gobernar de Uribe ha cambiado la relación.
Sus opiniones sobre las decisiones del banco, por su tono, “no sugieren un aire de diálogo sino que terminan convirtiéndose en peticiones directas o en reclamos agresivos”.
La Defensoría
Los delegatarios de 1991 querían que la Defensoría del Pueblo fuera una institución protagonista. Hoy está convertida en una entidad “anodina, poco transparente y sin protagonismo en los grandes debates nacionales sobre Derechos Humanos”.
El informe señala que la Defensoría se convirtió “en una cuota burocrática del Partido Conservador” y que la dependencia de su titular Vólmar Pérez con respecto al Gobierno es clara y se comprueba con su ausencia en los grandes debates de la Seguridad Democrática.
En pocos años, la entidad pasó de ser un organismo con poder e influencia, a no tener ninguna, como sucede en la actualidad con una entidad cooptada por las mayorías del Gobierno.
Comisión de TV
En 2002 había dos delegados del Gobierno en la CNTV. Hoy, la sensación es que se trata de “un organismo ineficaz para tramitar con altura, eficacia y transparencia los intereses de la televisión”. En lo que va corrido del año se confirman las mayorías Gobierno-coalición en la CNTV.
En la actualidad, “los principios de autonomía y defensa del pluralismo que inspiraron a la CNTV están lejos de ser una realidad”. No hay claridad en procesos de elección y es evidente la manera como el presidente Uribe ha influido en la composición de la junta directiva, refrendando de paso sus mayorías en la institución.
Aunque es difícil definir el grado de influencia de sus actuaciones, el escaso control a la campaña presidencial en la reelección de 2006 representa un indicio de su afinidad en las decisiones.
El Consejo de la Judicatura
Aunque entre 2002 y 2009 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cambió totalmente, por sucesivas propuestas de eliminación del organismo, la entidad conserva niveles de independencia frente al Ejecutivo. No sucede lo mismo respecto a la Sala Disciplinaria. Si bien Uribe ejerció la mayor parte de su Gobierno con un organismo elegido durante la administración Pastrana, hoy seis de los siete magistrados que componen la Sala pertenecen a uno de los partidos de la coalición de Gobierno y, por tanto, tendrían afinidad política. El criterio para elegirlos fue su adscripción partidista, lo cual supone que se trata de una institución cooptada, no sólo en personas sino en decisiones. La tutela concedida al ministro Diego Palacio, que frenó una investigación de la Corte Suprema, es una buena muestra.
Por: Redacción Política
“Mayorías sin democracia”, es el nombre del revelador estudio de DeJusticia.
Hacia el año 2003, en el área de influencia política del Gobierno únicamente había dos instituciones: la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hoy, por efecto de la reelección presidencial, hay ocho instituciones en su área de influencia. Este panorama demuestra la concentración de poder en el Estado que hoy caracteriza a la democracia colombiana, con el riesgo de crecer si se formaliza una segunda reelección presidencial.
Esta conclusión hace parte del trabajo “Mayorías sin democracia”, preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que en 410 páginas demuestra cómo, basado en la popularidad del presidente Uribe y el éxito de algunas de sus políticas en materia de seguridad, el Ejecutivo ha venido aumentando su poder al costo del debilitamiento de varias instituciones y el sometimiento a las políticas trazadas por el Gobierno.
Según el trabajo interdisciplinario, coordinado por los abogados Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo Rebolledo, la concentración del poder en manos del Gobierno, en grado máximo o intermedio, se expresa en seis instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Televisión, la Defensoría del Pueblo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Banco de la República.
Estas instituciones, que fueron concebidas por los constituyentes de 1991 como contrapeso del poder mayoritario, de alguna manera hoy están siendo cooptadas por el Ejecutivo, con escenarios paralelos de igual preocupación. Por ejemplo, las intenciones del presidente Uribe de “sacrificar la tecnocracia y los méritos burocráticos en beneficio de la lealtad política”; o la intención clara del Gobierno de “manipular la Constitución y la ley para alcanzar los objetivos trazados en las políticas públicas del Ejecutivo”.
En criterio de DeJusticia, el presidente Uribe ha modificado las relaciones con los congresistas, los políticos y los partidos, y en los últimos años “el Congreso ha dejado de ser un contrapeso institucional significativo”, convirtiéndose en “un espacio de refrendación de las decisiones tomadas por el Ejecutivo”. Este desequilibrio no sería tan grave, advierte el estudio, si existiera un Congreso confiable, pero hoy casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al escándalo de la parapolítica.
Como quiera que “la reelección puso a tambalear todo el andamiaje constitucional en Colombia”, la investigación sugiere que la primera tarea para detener el proceso de concentración del poder es “rechazar la posibilidad de que la Constitución sea reformada nuevamente”, y en el caso de que no se pueda volver al diseño original de la Constitución de 1991, en el sentido de prohibir la reelección, es urgente adecuar un diseño institucional de pesos y contrapesos con nuevas condiciones, como adecuar los periodos para nombrar altos dignatarios del Estado.
Otra opción sería la creación de una Corte Electoral, que implicaría suprimir el Consejo Nacional Electoral y concentrar las funciones administrativas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las judiciales en el órgano judicial autónomo sugerido. Esta iniciativa permitiría evitar la politización que hoy impera en el Consejo Nacional Electoral y podría operar de manera simultánea a la de generar nombramientos escalonados en los órganos colegiados, a fin de garantizar pluralidad política.
La investigación del Centro de Estudios DeJusticia busca crear espacios de reflexión en el país para que, más allá de la discusión de si el presidente Álvaro Uribe puede hacerse reelegir o no para un nuevo cuatrienio, se advierta la necesidad de recobrar varias instancias de control político, judicial, disciplinario, fiscal y ciudadano en Colombia, que hoy “se encuentran debilitadas por obra de la influencia política del poder Ejecutivo”, sumada al “ejercicio abusivo del poder de nominación por parte del Presidente de la República”.
El poder en la Corte Constitucional
En los gobiernos del presidente Uribe han cambiado los nueve magistrados de la Corte. Hoy está en nivel de influencia intermedio, pues la mayoría de sus miembros tienen afinidad política con el Presidente.
Tres fueron ternados por el Ejecutivo: Jorge Pretelt, María Victoria Calle y Mauricio González. Tres más son afines al Gobierno por su filiación conservadora (Nilson Pinilla, Gabriel Mendoza y Jorge Palacio). Los restantes (Humberto Sierra, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas) parecen neutrales.
Según DeJusticia, ni es Corte de bolsillo ni independiente. “El Gobierno ha logrado cooptarla parcialmente”.
Consejo Electoral
En 2002, cuatro de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenecían a los partidos de la coalición de Gobierno. Para el año 2006, el número llegó a siete, es decir, que su composición varió notablemente en favor de las mayorías uribistas. En buena medida estos cambios obedecieron a la reforma política de 2003. Sin embargo, hoy es incierta la postura de una entidad dominada por la coalición de Gobierno. Por eso, la investigación plantea que está en un nivel de influencia intermedia con el Gobierno. La prueba de independencia va a darse cuando decida sobre la posible violación de los topes de financiación en la recolección de firmas para el referendo.
Otros organismos e instituciones
La Contraloría es ocupada por Julio César Turbay y se dice que fue una forma de corresponder el apoyo que le dio su padre al Gobierno.
En cuanto a la Procuraduría, la orientación conservadora de Alejandro Ordóñez lo sitúa en el plan de la afinidad política con el Gobierno.
Sobre la Fiscalía ya se sabe que los ternados son muy afines al Gobierno. Si a lo anterior se suman los Consejos Comunitarios y el programa Familias en Acción, se advierte una captura política de Planeación Nacional y de algunas administraciones municipales.
Influencia intermedia en el Banco Emisor
Por sus dos gobiernos consecutivos, el presidente Uribe ha nombrado cuatro codirectores del Banco de la República, con poder suficiente para elegir al gerente del organismo.
Aun más, entre 2007 y 2009, en la junta directiva del Banco sólo quedó un miembro no elegido por el presidente Uribe, el actual codirector Fernando Tenjo.
Según DeJusticia, pocos presidentes han logrado nombrar a tantos codirectores, y por eso la institución está en un nivel de influencia intermedia. No obstante, la forma de gobernar de Uribe ha cambiado la relación.
Sus opiniones sobre las decisiones del banco, por su tono, “no sugieren un aire de diálogo sino que terminan convirtiéndose en peticiones directas o en reclamos agresivos”.
La Defensoría
Los delegatarios de 1991 querían que la Defensoría del Pueblo fuera una institución protagonista. Hoy está convertida en una entidad “anodina, poco transparente y sin protagonismo en los grandes debates nacionales sobre Derechos Humanos”.
El informe señala que la Defensoría se convirtió “en una cuota burocrática del Partido Conservador” y que la dependencia de su titular Vólmar Pérez con respecto al Gobierno es clara y se comprueba con su ausencia en los grandes debates de la Seguridad Democrática.
En pocos años, la entidad pasó de ser un organismo con poder e influencia, a no tener ninguna, como sucede en la actualidad con una entidad cooptada por las mayorías del Gobierno.
Comisión de TV
En 2002 había dos delegados del Gobierno en la CNTV. Hoy, la sensación es que se trata de “un organismo ineficaz para tramitar con altura, eficacia y transparencia los intereses de la televisión”. En lo que va corrido del año se confirman las mayorías Gobierno-coalición en la CNTV.
En la actualidad, “los principios de autonomía y defensa del pluralismo que inspiraron a la CNTV están lejos de ser una realidad”. No hay claridad en procesos de elección y es evidente la manera como el presidente Uribe ha influido en la composición de la junta directiva, refrendando de paso sus mayorías en la institución.
Aunque es difícil definir el grado de influencia de sus actuaciones, el escaso control a la campaña presidencial en la reelección de 2006 representa un indicio de su afinidad en las decisiones.
El Consejo de la Judicatura
Aunque entre 2002 y 2009 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cambió totalmente, por sucesivas propuestas de eliminación del organismo, la entidad conserva niveles de independencia frente al Ejecutivo. No sucede lo mismo respecto a la Sala Disciplinaria. Si bien Uribe ejerció la mayor parte de su Gobierno con un organismo elegido durante la administración Pastrana, hoy seis de los siete magistrados que componen la Sala pertenecen a uno de los partidos de la coalición de Gobierno y, por tanto, tendrían afinidad política. El criterio para elegirlos fue su adscripción partidista, lo cual supone que se trata de una institución cooptada, no sólo en personas sino en decisiones. La tutela concedida al ministro Diego Palacio, que frenó una investigación de la Corte Suprema, es una buena muestra.
lunes, 13 de julio de 2009
Función social de la masacre
Por: Alfredo Molano Bravo
SALIERON UNIDADES EN CAMIONES carpados desde El Paramillo, o desde Urabá o desde Bajo Cauca; atravesaron el sur de Bolívar: descansaron en el corregimiento de San Bernardo en Tamalameque y recibieron las últimas órdenes. El 27 de mayo del 99 salieron hacia Ocaña; en la Ye de Astilleros fueron detenidos media hora por el Ejército, que los confundió con guerrilla.
Siguieron hacia Petrolea y Campo Dos. Fueron dejando un reguero de muertos. La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas. La Fuerza Pública no se dio por entendida. Más aun, el general Bravo Silva declaró que la toma paramilitar de la región era una “quimera”. El 17 de julio entraron a Tibú, se tomaron ocho manzanas y dejaron una docena de cadáveres. El 21 de agosto entraron a La Gabarra: masacraron a 21 ciudadanos. Ni la Policía ni el Ejército actuaron. Siguieron otras y otras masacres: Filo Gringo, el Tarra, Tres Bocas, Río de Oro. Entre abril y septiembre, 39 personas más fueron asesinadas.
En Cúcuta ya habían matado a 12 pobladores en los barrios Antonia Santos y Doña Ceci. Carlos Castaño había declarado a El Tiempo, el 15 de marzo del 99: “Entraremos al Tarra antes de un año”. Cumplió su palabra; quizá su contrato. Total: 4.000 víctimas y 30.000 desplazados. La complicidad de la Fuerza Pública está fuera de toda duda. Bravo Silva fue destituido y, hace cuatro días, el entonces comandante del Batallón Saraguro de Tibú —condenado a 40 años por colaboración con los paramilitares— denunció ante la Fiscalía que el DAS y el comandante de la Segunda División del Ejército, general Fernando Roa Cuervo, colaboraron con Mancuso en la planeación y la ejecución de todas esas brutalidades sin nombre. El Iguano, uno de los comandantes paramilitares, aceptó con el cinismo que cría la impunidad, haber asesinado a 2.000 ciudadanos. La revista Semana reveló el uso de altos hornos y piras hechas con llantas para volver polvo los cuerpos de sus víctimas. Para rematar, entre 2007 y 2009 van 18 ejecuciones extrajudiciales verificadas en la zona, sin contar los que se conocen con el elusivo nombre de falsos positivos. La región, 10 años después, no se repone del terror que esas masacres desencadenaron y cuya historia está dramáticamente recordada en el libro lanzado el miércoles pasado en la Biblioteca Nacional: Memoria: Puerta a la esperanza, resultado de un riguroso trabajo de investigación hecho por Minga y Progresar.
El Catatumbo produce petróleo desde 1920. En 1935 estalló la primera huelga, llamada “del arroz” porque la petición fundamental era la mejora de la comida en los casinos obreros. El movimiento sindical por reivindicaciones obreras ha corrido parejo con las demandas agrarias de los campesinos. En el año 87 estalló el gran Paro del Nororiente, que sacó a calles y carreteras a 10.000 campesinos y obreros. La producción de petróleo había comenzado a declinar y los precios del cacao y del café, tradicionales cultivos campesinos, a bajar. Se abonó así el terreno para la actividad guerrillera y la siembra de coca como cultivo alternativo ilegal. Los paras entraron con el argumento de sacar a las guerrillas —lo que lograron parcialmente—, pero en el fondo buscaban detener la organización social que cuestionaba la política petrolera, el abandono del campo y la regulación de la actividad minera del carbón. El establecimiento les pagó con tierras robadas a los desplazados y con el monopolio de la comercialización de la cocaína.
Cumplida la primera fase del plan, las Auc entregaron armas, mas no sus estructuras, y las fuerzas oficiales retomaron el control del orden público, bajo el señuelo de la Seguridad Democrática. Saneado así el ambiente social, el gobierno de Uribe impuso a pupitrazo limpio en el Congreso el nuevo Código Minero, que les da todas las garantías a las grandes transnacionales mineras. El verdadero resultado positivo de la toma paramilitar del Catatumbo fueron la defensa del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la explotación de las riquísimas minas de carbón de la Serranía de Tibú entre los ríos Sardinata y Río de Oro. Es la misma estrategia usada tras el oro en la Serranía de San Lucas, en el norte de Cauca, en el occidente de Caldas y en los ríos San Juan y Atrato, que beneficia a la empresa Kedhada. Tras el carbón de Landázuri y el Carmen de Chucurí está la Rio Tinto Mining Co. y tras el de La Jagua de Ibirico, la Drummond. En resumen, el inventario geológico nacional ha sido la guía de la ruta paramilitar. El nuevo Código Minero viene a sancionar en derecho lo que los paras hicieron de hecho.
SALIERON UNIDADES EN CAMIONES carpados desde El Paramillo, o desde Urabá o desde Bajo Cauca; atravesaron el sur de Bolívar: descansaron en el corregimiento de San Bernardo en Tamalameque y recibieron las últimas órdenes. El 27 de mayo del 99 salieron hacia Ocaña; en la Ye de Astilleros fueron detenidos media hora por el Ejército, que los confundió con guerrilla.
Siguieron hacia Petrolea y Campo Dos. Fueron dejando un reguero de muertos. La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas. La Fuerza Pública no se dio por entendida. Más aun, el general Bravo Silva declaró que la toma paramilitar de la región era una “quimera”. El 17 de julio entraron a Tibú, se tomaron ocho manzanas y dejaron una docena de cadáveres. El 21 de agosto entraron a La Gabarra: masacraron a 21 ciudadanos. Ni la Policía ni el Ejército actuaron. Siguieron otras y otras masacres: Filo Gringo, el Tarra, Tres Bocas, Río de Oro. Entre abril y septiembre, 39 personas más fueron asesinadas.
En Cúcuta ya habían matado a 12 pobladores en los barrios Antonia Santos y Doña Ceci. Carlos Castaño había declarado a El Tiempo, el 15 de marzo del 99: “Entraremos al Tarra antes de un año”. Cumplió su palabra; quizá su contrato. Total: 4.000 víctimas y 30.000 desplazados. La complicidad de la Fuerza Pública está fuera de toda duda. Bravo Silva fue destituido y, hace cuatro días, el entonces comandante del Batallón Saraguro de Tibú —condenado a 40 años por colaboración con los paramilitares— denunció ante la Fiscalía que el DAS y el comandante de la Segunda División del Ejército, general Fernando Roa Cuervo, colaboraron con Mancuso en la planeación y la ejecución de todas esas brutalidades sin nombre. El Iguano, uno de los comandantes paramilitares, aceptó con el cinismo que cría la impunidad, haber asesinado a 2.000 ciudadanos. La revista Semana reveló el uso de altos hornos y piras hechas con llantas para volver polvo los cuerpos de sus víctimas. Para rematar, entre 2007 y 2009 van 18 ejecuciones extrajudiciales verificadas en la zona, sin contar los que se conocen con el elusivo nombre de falsos positivos. La región, 10 años después, no se repone del terror que esas masacres desencadenaron y cuya historia está dramáticamente recordada en el libro lanzado el miércoles pasado en la Biblioteca Nacional: Memoria: Puerta a la esperanza, resultado de un riguroso trabajo de investigación hecho por Minga y Progresar.
El Catatumbo produce petróleo desde 1920. En 1935 estalló la primera huelga, llamada “del arroz” porque la petición fundamental era la mejora de la comida en los casinos obreros. El movimiento sindical por reivindicaciones obreras ha corrido parejo con las demandas agrarias de los campesinos. En el año 87 estalló el gran Paro del Nororiente, que sacó a calles y carreteras a 10.000 campesinos y obreros. La producción de petróleo había comenzado a declinar y los precios del cacao y del café, tradicionales cultivos campesinos, a bajar. Se abonó así el terreno para la actividad guerrillera y la siembra de coca como cultivo alternativo ilegal. Los paras entraron con el argumento de sacar a las guerrillas —lo que lograron parcialmente—, pero en el fondo buscaban detener la organización social que cuestionaba la política petrolera, el abandono del campo y la regulación de la actividad minera del carbón. El establecimiento les pagó con tierras robadas a los desplazados y con el monopolio de la comercialización de la cocaína.
Cumplida la primera fase del plan, las Auc entregaron armas, mas no sus estructuras, y las fuerzas oficiales retomaron el control del orden público, bajo el señuelo de la Seguridad Democrática. Saneado así el ambiente social, el gobierno de Uribe impuso a pupitrazo limpio en el Congreso el nuevo Código Minero, que les da todas las garantías a las grandes transnacionales mineras. El verdadero resultado positivo de la toma paramilitar del Catatumbo fueron la defensa del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la explotación de las riquísimas minas de carbón de la Serranía de Tibú entre los ríos Sardinata y Río de Oro. Es la misma estrategia usada tras el oro en la Serranía de San Lucas, en el norte de Cauca, en el occidente de Caldas y en los ríos San Juan y Atrato, que beneficia a la empresa Kedhada. Tras el carbón de Landázuri y el Carmen de Chucurí está la Rio Tinto Mining Co. y tras el de La Jagua de Ibirico, la Drummond. En resumen, el inventario geológico nacional ha sido la guía de la ruta paramilitar. El nuevo Código Minero viene a sancionar en derecho lo que los paras hicieron de hecho.
martes, 23 de junio de 2009
Informe del relator de las naciones unidas
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MUMA-7T67FA?OpenDocument
Es importante leer el documento para conocer todo lo que se concluyo, no solo lo que quieran que sepamos.
Es importante leer el documento para conocer todo lo que se concluyo, no solo lo que quieran que sepamos.
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