El consumo como salida a la crisis de la economía.
Articulo que muestra porque el salario no debe bajar en tiempos de recesion.
Teoría errada del mínimo
Por: Eduardo Sarmiento
En una economía limitada por la demanda, la contratación de un nuevo trabajador no contribuye a la producción.
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www.ucatolica.infoLa información más reciente revela el aumento sistemático del desempleo y la entrada masiva de jóvenes al mercado laboral para trabajar en la informalidad, como servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares. Al mismo tiempo, apareció un trabajo de Planeación Nacional que revela una caída de la productividad del trabajo de 3,5%. De allí se deduce, de acuerdo con las creencias en boga, que el salario mínimo se debe ajustar por debajo de la inflación. Al mismo resultado arriban los estudios de ANIF y Fedesarrollo.
Los autores de los ejercicios aritméticos desconocen su significado económico. La productividad sólo es una medida adecuada de la capacidad de producción del trabajador cuando la economía opera cerca de la capacidad máxima. En ese caso, la contratación de un trabajador aumenta la producción y la demanda y, en consecuencia, la relación entre la producción y el empleo es una medida de la contribución a la creación de valor.
Las cosas son muy distintas cuando la economía está limitada por la demanda. La contratación de un nuevo trabajador no contribuye a la producción ni a la demanda, y la productividad no sería una medida apropiada de su capacidad de producir.
El cálculo aritmético de la productividad apenas capta el estado deplorable de la economía. La precariedad de la demanda ocasiona una caída de la producción que lleva a despedir la mano de obra formal y la baja de los ingresos familiares induce a los jóvenes a regalar su trabajo en la informalidad.
El criterio de que los factores se pagan de acuerdo con la productividad sólo es válido dentro de las teorías de competencia perfecta que suponen que la economía está cerca de la plena capacidad y el pleno empleo, por lo cual, la Ley de Say se cumple. Como la oferta crea su propia demanda, la contribución del trabajo al producto refleja su capacidad de generar valor.
Si la economía está postrada por falta de demanda, la Ley de Say no se cumple y la contribución del trabajador a la producción no dice absolutamente nada. El trabajo es remunerado por debajo de su productividad real. Contrario a todas las concepciones clásicas, el desempleo y caída de los ingresos laborales evolucionan paralelamente. En palabras de Keynes, el salario no es pagado de acuerdo con su productividad sino por la desutilidad del trabajo, es decir, por el desespero de los trabajadores.
La recesión no obedece a que las empresas no tengan los equipos ni los trabajadores con la capacidad para producir. Se explica, más bien, por la crisis mundial y los desaciertos de la política económica que se han sumado para crear un estado absurdo en que los trabajadores no pueden adquirir los bienes que elaboran porque carecen del ingreso.
En este contexto, es indispensable la acción del Estado para ampliar la demanda de la economía y uno de los medios más expeditos es salario mínimo.
El ajuste del salario mínimo se cuestiona por su impacto sobre las utilidades de las empresas en un momento en que la producción y las ventas se contraen. Sin embargo, la magnitud del efecto es menor de lo que se supone. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo representa 10% de las erogaciones de las empresas, el alza de 13% elevaría los costos en 1%.
Es algo que podría compensarse en las pequeñas y medianas empresas reduciendo el gravamen de los parafiscales o bajando la tasa de interés de los créditos, bien por la vía administrativa o la de los subsidios. En tales condiciones, la medida sólo tendría beneficios; debido al alto multiplicador del gasto de los grupos de bajos ingresos, contribuiría a incrementar el producto nacional en dos puntos porcentuales.
Al parecer, en los sectores influyentes no se ha entendido que en condiciones de recesión se configura un círculo vicioso de aumento del desempleo y depresión de los ingresos laborales.
Es hora de que se dediquen esfuerzos a encontrar fórmulas para ampliar la demanda de una economía donde la productividad observada es menor que la real y los trabajadores están dispuestos a laborar por salarios de hambre.
Para empezar, convendría que estudiaran en forma objetiva elevar el salario mínimo en diez puntos por encima de la inflación.
martes, 8 de diciembre de 2009
viernes, 6 de noviembre de 2009
Las mentiras de El Tiempo
Por: VLADIMIR FLÓREZ Thursday, Oct. 15, 2009 at 4:23 PM
LA grotesca expulsión de la columnista Claudia López de El Tiempo, es muy lamentable, pero no debería sorprender a nadie; lo sorprendente es que no la hubieran botado antes de un periódico pseudoindependiente, y del cual se decía desde hace años que no era liberal ni conservador, sino gobiernista.
Hace unos meses, en un almuerzo, Francesc Solé, presidente de Editorial Planeta y miembro de la junta directiva de El Tiempo, me preguntó cómo veía el periódico. Sin dudarlo, le respondí que yo leo El Tiempo desde hace 33 años y que nunca lo había visto tan malo. Ante su cara de sorpresa, procedí a explicar mi respuesta con un pequeño ejemplo.
El año pasado, cuando fue arrestado el exsenador Mario Uribe todos los periódicos del mundo (en España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina o México) titularon: “Capturado primo de Álvaro Uribe por nexos con paramilitares”. En cambio El Tiempo, se limitó a decir: “Ambiente político, al rojo vivo”.
Luego hice otras observaciones sobre el periódico, ante lo cual Francesc reconoció que había muchas cosas por corregir y que estaban trabajando en eso. Pero creo que en ese proceso de mejora el episodio con Claudia es un retroceso enorme, pues a la forma tan grosera como la corrieron, se suma el absurdo editorial con el cual el autor (no sé si Roberto Pombo, Ricardo Ávila, José Obdulio Gaviria o el propio Juan Manuel Santos) pretende justificar la decisión, pero sin ir a la pepa del asunto; y deja sin absolver las inquietudes expuestas por la excolumnista en su artículo.
La arrogante explicación sobre la despedida de la brillante investigadora está plagada de mentiras; empezando por aquella donde dice “que El Tiempo ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia” la libertad de expresión. No hay nada más falso. ¿Acaso se les olvidó la forma como botaron al columnista Klim? Yo también sufrí en carne propia la censura impuesta por ellos más de una vez. Cuando tenía 23 años y era colaborador de ese periódico, Hernando Santos llegó al extremo de cambiar abusivamente el texto de una caricatura mía y cuando le hice el reclamo me botó.
Si quieren saber qué entienden en El Tiempo por libertad de expresión no es sino preguntar cómo filtran las caricaturas antes de su publicación. O que nos digan por qué publican cartas apócrifas, atribuidas a personas que no las escriben.
Por ese concepto tan original de la libertad de expresión fue que luego de que Álvaro Uribe insultó a Alejandro Santos por televisión, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Enrique Santos, dijo que el Mandatario era un garante del ejercicio del periodismo.
Desde antes de que entrara a la órbita de Planeta, en ese periódico la censura ha sido una práctica cotidiana, porque, como decía su antiguo eslogan, El Tiempo no se detiene.
[http://havladdorias.blogspot.com] (URL: http://havladdorias.blogspot.com)
LA grotesca expulsión de la columnista Claudia López de El Tiempo, es muy lamentable, pero no debería sorprender a nadie; lo sorprendente es que no la hubieran botado antes de un periódico pseudoindependiente, y del cual se decía desde hace años que no era liberal ni conservador, sino gobiernista.
Hace unos meses, en un almuerzo, Francesc Solé, presidente de Editorial Planeta y miembro de la junta directiva de El Tiempo, me preguntó cómo veía el periódico. Sin dudarlo, le respondí que yo leo El Tiempo desde hace 33 años y que nunca lo había visto tan malo. Ante su cara de sorpresa, procedí a explicar mi respuesta con un pequeño ejemplo.
El año pasado, cuando fue arrestado el exsenador Mario Uribe todos los periódicos del mundo (en España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina o México) titularon: “Capturado primo de Álvaro Uribe por nexos con paramilitares”. En cambio El Tiempo, se limitó a decir: “Ambiente político, al rojo vivo”.
Luego hice otras observaciones sobre el periódico, ante lo cual Francesc reconoció que había muchas cosas por corregir y que estaban trabajando en eso. Pero creo que en ese proceso de mejora el episodio con Claudia es un retroceso enorme, pues a la forma tan grosera como la corrieron, se suma el absurdo editorial con el cual el autor (no sé si Roberto Pombo, Ricardo Ávila, José Obdulio Gaviria o el propio Juan Manuel Santos) pretende justificar la decisión, pero sin ir a la pepa del asunto; y deja sin absolver las inquietudes expuestas por la excolumnista en su artículo.
La arrogante explicación sobre la despedida de la brillante investigadora está plagada de mentiras; empezando por aquella donde dice “que El Tiempo ha respetado y defendido en forma indeclinable a lo largo de sus casi 100 años de existencia” la libertad de expresión. No hay nada más falso. ¿Acaso se les olvidó la forma como botaron al columnista Klim? Yo también sufrí en carne propia la censura impuesta por ellos más de una vez. Cuando tenía 23 años y era colaborador de ese periódico, Hernando Santos llegó al extremo de cambiar abusivamente el texto de una caricatura mía y cuando le hice el reclamo me botó.
Si quieren saber qué entienden en El Tiempo por libertad de expresión no es sino preguntar cómo filtran las caricaturas antes de su publicación. O que nos digan por qué publican cartas apócrifas, atribuidas a personas que no las escriben.
Por ese concepto tan original de la libertad de expresión fue que luego de que Álvaro Uribe insultó a Alejandro Santos por televisión, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Enrique Santos, dijo que el Mandatario era un garante del ejercicio del periodismo.
Desde antes de que entrara a la órbita de Planeta, en ese periódico la censura ha sido una práctica cotidiana, porque, como decía su antiguo eslogan, El Tiempo no se detiene.
[http://havladdorias.blogspot.com] (URL: http://havladdorias.blogspot.com)
martes, 6 de octubre de 2009
Estudio indica que el Gobierno influye en ocho instituciones del Estado
Estudio indica que el Gobierno influye en ocho instituciones del Estado
Por: Redacción Política
“Mayorías sin democracia”, es el nombre del revelador estudio de DeJusticia.
Hacia el año 2003, en el área de influencia política del Gobierno únicamente había dos instituciones: la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hoy, por efecto de la reelección presidencial, hay ocho instituciones en su área de influencia. Este panorama demuestra la concentración de poder en el Estado que hoy caracteriza a la democracia colombiana, con el riesgo de crecer si se formaliza una segunda reelección presidencial.
Esta conclusión hace parte del trabajo “Mayorías sin democracia”, preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que en 410 páginas demuestra cómo, basado en la popularidad del presidente Uribe y el éxito de algunas de sus políticas en materia de seguridad, el Ejecutivo ha venido aumentando su poder al costo del debilitamiento de varias instituciones y el sometimiento a las políticas trazadas por el Gobierno.
Según el trabajo interdisciplinario, coordinado por los abogados Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo Rebolledo, la concentración del poder en manos del Gobierno, en grado máximo o intermedio, se expresa en seis instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Televisión, la Defensoría del Pueblo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Banco de la República.
Estas instituciones, que fueron concebidas por los constituyentes de 1991 como contrapeso del poder mayoritario, de alguna manera hoy están siendo cooptadas por el Ejecutivo, con escenarios paralelos de igual preocupación. Por ejemplo, las intenciones del presidente Uribe de “sacrificar la tecnocracia y los méritos burocráticos en beneficio de la lealtad política”; o la intención clara del Gobierno de “manipular la Constitución y la ley para alcanzar los objetivos trazados en las políticas públicas del Ejecutivo”.
En criterio de DeJusticia, el presidente Uribe ha modificado las relaciones con los congresistas, los políticos y los partidos, y en los últimos años “el Congreso ha dejado de ser un contrapeso institucional significativo”, convirtiéndose en “un espacio de refrendación de las decisiones tomadas por el Ejecutivo”. Este desequilibrio no sería tan grave, advierte el estudio, si existiera un Congreso confiable, pero hoy casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al escándalo de la parapolítica.
Como quiera que “la reelección puso a tambalear todo el andamiaje constitucional en Colombia”, la investigación sugiere que la primera tarea para detener el proceso de concentración del poder es “rechazar la posibilidad de que la Constitución sea reformada nuevamente”, y en el caso de que no se pueda volver al diseño original de la Constitución de 1991, en el sentido de prohibir la reelección, es urgente adecuar un diseño institucional de pesos y contrapesos con nuevas condiciones, como adecuar los periodos para nombrar altos dignatarios del Estado.
Otra opción sería la creación de una Corte Electoral, que implicaría suprimir el Consejo Nacional Electoral y concentrar las funciones administrativas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las judiciales en el órgano judicial autónomo sugerido. Esta iniciativa permitiría evitar la politización que hoy impera en el Consejo Nacional Electoral y podría operar de manera simultánea a la de generar nombramientos escalonados en los órganos colegiados, a fin de garantizar pluralidad política.
La investigación del Centro de Estudios DeJusticia busca crear espacios de reflexión en el país para que, más allá de la discusión de si el presidente Álvaro Uribe puede hacerse reelegir o no para un nuevo cuatrienio, se advierta la necesidad de recobrar varias instancias de control político, judicial, disciplinario, fiscal y ciudadano en Colombia, que hoy “se encuentran debilitadas por obra de la influencia política del poder Ejecutivo”, sumada al “ejercicio abusivo del poder de nominación por parte del Presidente de la República”.
El poder en la Corte Constitucional
En los gobiernos del presidente Uribe han cambiado los nueve magistrados de la Corte. Hoy está en nivel de influencia intermedio, pues la mayoría de sus miembros tienen afinidad política con el Presidente.
Tres fueron ternados por el Ejecutivo: Jorge Pretelt, María Victoria Calle y Mauricio González. Tres más son afines al Gobierno por su filiación conservadora (Nilson Pinilla, Gabriel Mendoza y Jorge Palacio). Los restantes (Humberto Sierra, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas) parecen neutrales.
Según DeJusticia, ni es Corte de bolsillo ni independiente. “El Gobierno ha logrado cooptarla parcialmente”.
Consejo Electoral
En 2002, cuatro de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenecían a los partidos de la coalición de Gobierno. Para el año 2006, el número llegó a siete, es decir, que su composición varió notablemente en favor de las mayorías uribistas. En buena medida estos cambios obedecieron a la reforma política de 2003. Sin embargo, hoy es incierta la postura de una entidad dominada por la coalición de Gobierno. Por eso, la investigación plantea que está en un nivel de influencia intermedia con el Gobierno. La prueba de independencia va a darse cuando decida sobre la posible violación de los topes de financiación en la recolección de firmas para el referendo.
Otros organismos e instituciones
La Contraloría es ocupada por Julio César Turbay y se dice que fue una forma de corresponder el apoyo que le dio su padre al Gobierno.
En cuanto a la Procuraduría, la orientación conservadora de Alejandro Ordóñez lo sitúa en el plan de la afinidad política con el Gobierno.
Sobre la Fiscalía ya se sabe que los ternados son muy afines al Gobierno. Si a lo anterior se suman los Consejos Comunitarios y el programa Familias en Acción, se advierte una captura política de Planeación Nacional y de algunas administraciones municipales.
Influencia intermedia en el Banco Emisor
Por sus dos gobiernos consecutivos, el presidente Uribe ha nombrado cuatro codirectores del Banco de la República, con poder suficiente para elegir al gerente del organismo.
Aun más, entre 2007 y 2009, en la junta directiva del Banco sólo quedó un miembro no elegido por el presidente Uribe, el actual codirector Fernando Tenjo.
Según DeJusticia, pocos presidentes han logrado nombrar a tantos codirectores, y por eso la institución está en un nivel de influencia intermedia. No obstante, la forma de gobernar de Uribe ha cambiado la relación.
Sus opiniones sobre las decisiones del banco, por su tono, “no sugieren un aire de diálogo sino que terminan convirtiéndose en peticiones directas o en reclamos agresivos”.
La Defensoría
Los delegatarios de 1991 querían que la Defensoría del Pueblo fuera una institución protagonista. Hoy está convertida en una entidad “anodina, poco transparente y sin protagonismo en los grandes debates nacionales sobre Derechos Humanos”.
El informe señala que la Defensoría se convirtió “en una cuota burocrática del Partido Conservador” y que la dependencia de su titular Vólmar Pérez con respecto al Gobierno es clara y se comprueba con su ausencia en los grandes debates de la Seguridad Democrática.
En pocos años, la entidad pasó de ser un organismo con poder e influencia, a no tener ninguna, como sucede en la actualidad con una entidad cooptada por las mayorías del Gobierno.
Comisión de TV
En 2002 había dos delegados del Gobierno en la CNTV. Hoy, la sensación es que se trata de “un organismo ineficaz para tramitar con altura, eficacia y transparencia los intereses de la televisión”. En lo que va corrido del año se confirman las mayorías Gobierno-coalición en la CNTV.
En la actualidad, “los principios de autonomía y defensa del pluralismo que inspiraron a la CNTV están lejos de ser una realidad”. No hay claridad en procesos de elección y es evidente la manera como el presidente Uribe ha influido en la composición de la junta directiva, refrendando de paso sus mayorías en la institución.
Aunque es difícil definir el grado de influencia de sus actuaciones, el escaso control a la campaña presidencial en la reelección de 2006 representa un indicio de su afinidad en las decisiones.
El Consejo de la Judicatura
Aunque entre 2002 y 2009 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cambió totalmente, por sucesivas propuestas de eliminación del organismo, la entidad conserva niveles de independencia frente al Ejecutivo. No sucede lo mismo respecto a la Sala Disciplinaria. Si bien Uribe ejerció la mayor parte de su Gobierno con un organismo elegido durante la administración Pastrana, hoy seis de los siete magistrados que componen la Sala pertenecen a uno de los partidos de la coalición de Gobierno y, por tanto, tendrían afinidad política. El criterio para elegirlos fue su adscripción partidista, lo cual supone que se trata de una institución cooptada, no sólo en personas sino en decisiones. La tutela concedida al ministro Diego Palacio, que frenó una investigación de la Corte Suprema, es una buena muestra.
Por: Redacción Política
“Mayorías sin democracia”, es el nombre del revelador estudio de DeJusticia.
Hacia el año 2003, en el área de influencia política del Gobierno únicamente había dos instituciones: la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hoy, por efecto de la reelección presidencial, hay ocho instituciones en su área de influencia. Este panorama demuestra la concentración de poder en el Estado que hoy caracteriza a la democracia colombiana, con el riesgo de crecer si se formaliza una segunda reelección presidencial.
Esta conclusión hace parte del trabajo “Mayorías sin democracia”, preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que en 410 páginas demuestra cómo, basado en la popularidad del presidente Uribe y el éxito de algunas de sus políticas en materia de seguridad, el Ejecutivo ha venido aumentando su poder al costo del debilitamiento de varias instituciones y el sometimiento a las políticas trazadas por el Gobierno.
Según el trabajo interdisciplinario, coordinado por los abogados Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo Rebolledo, la concentración del poder en manos del Gobierno, en grado máximo o intermedio, se expresa en seis instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Televisión, la Defensoría del Pueblo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Banco de la República.
Estas instituciones, que fueron concebidas por los constituyentes de 1991 como contrapeso del poder mayoritario, de alguna manera hoy están siendo cooptadas por el Ejecutivo, con escenarios paralelos de igual preocupación. Por ejemplo, las intenciones del presidente Uribe de “sacrificar la tecnocracia y los méritos burocráticos en beneficio de la lealtad política”; o la intención clara del Gobierno de “manipular la Constitución y la ley para alcanzar los objetivos trazados en las políticas públicas del Ejecutivo”.
En criterio de DeJusticia, el presidente Uribe ha modificado las relaciones con los congresistas, los políticos y los partidos, y en los últimos años “el Congreso ha dejado de ser un contrapeso institucional significativo”, convirtiéndose en “un espacio de refrendación de las decisiones tomadas por el Ejecutivo”. Este desequilibrio no sería tan grave, advierte el estudio, si existiera un Congreso confiable, pero hoy casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al escándalo de la parapolítica.
Como quiera que “la reelección puso a tambalear todo el andamiaje constitucional en Colombia”, la investigación sugiere que la primera tarea para detener el proceso de concentración del poder es “rechazar la posibilidad de que la Constitución sea reformada nuevamente”, y en el caso de que no se pueda volver al diseño original de la Constitución de 1991, en el sentido de prohibir la reelección, es urgente adecuar un diseño institucional de pesos y contrapesos con nuevas condiciones, como adecuar los periodos para nombrar altos dignatarios del Estado.
Otra opción sería la creación de una Corte Electoral, que implicaría suprimir el Consejo Nacional Electoral y concentrar las funciones administrativas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las judiciales en el órgano judicial autónomo sugerido. Esta iniciativa permitiría evitar la politización que hoy impera en el Consejo Nacional Electoral y podría operar de manera simultánea a la de generar nombramientos escalonados en los órganos colegiados, a fin de garantizar pluralidad política.
La investigación del Centro de Estudios DeJusticia busca crear espacios de reflexión en el país para que, más allá de la discusión de si el presidente Álvaro Uribe puede hacerse reelegir o no para un nuevo cuatrienio, se advierta la necesidad de recobrar varias instancias de control político, judicial, disciplinario, fiscal y ciudadano en Colombia, que hoy “se encuentran debilitadas por obra de la influencia política del poder Ejecutivo”, sumada al “ejercicio abusivo del poder de nominación por parte del Presidente de la República”.
El poder en la Corte Constitucional
En los gobiernos del presidente Uribe han cambiado los nueve magistrados de la Corte. Hoy está en nivel de influencia intermedio, pues la mayoría de sus miembros tienen afinidad política con el Presidente.
Tres fueron ternados por el Ejecutivo: Jorge Pretelt, María Victoria Calle y Mauricio González. Tres más son afines al Gobierno por su filiación conservadora (Nilson Pinilla, Gabriel Mendoza y Jorge Palacio). Los restantes (Humberto Sierra, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas) parecen neutrales.
Según DeJusticia, ni es Corte de bolsillo ni independiente. “El Gobierno ha logrado cooptarla parcialmente”.
Consejo Electoral
En 2002, cuatro de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenecían a los partidos de la coalición de Gobierno. Para el año 2006, el número llegó a siete, es decir, que su composición varió notablemente en favor de las mayorías uribistas. En buena medida estos cambios obedecieron a la reforma política de 2003. Sin embargo, hoy es incierta la postura de una entidad dominada por la coalición de Gobierno. Por eso, la investigación plantea que está en un nivel de influencia intermedia con el Gobierno. La prueba de independencia va a darse cuando decida sobre la posible violación de los topes de financiación en la recolección de firmas para el referendo.
Otros organismos e instituciones
La Contraloría es ocupada por Julio César Turbay y se dice que fue una forma de corresponder el apoyo que le dio su padre al Gobierno.
En cuanto a la Procuraduría, la orientación conservadora de Alejandro Ordóñez lo sitúa en el plan de la afinidad política con el Gobierno.
Sobre la Fiscalía ya se sabe que los ternados son muy afines al Gobierno. Si a lo anterior se suman los Consejos Comunitarios y el programa Familias en Acción, se advierte una captura política de Planeación Nacional y de algunas administraciones municipales.
Influencia intermedia en el Banco Emisor
Por sus dos gobiernos consecutivos, el presidente Uribe ha nombrado cuatro codirectores del Banco de la República, con poder suficiente para elegir al gerente del organismo.
Aun más, entre 2007 y 2009, en la junta directiva del Banco sólo quedó un miembro no elegido por el presidente Uribe, el actual codirector Fernando Tenjo.
Según DeJusticia, pocos presidentes han logrado nombrar a tantos codirectores, y por eso la institución está en un nivel de influencia intermedia. No obstante, la forma de gobernar de Uribe ha cambiado la relación.
Sus opiniones sobre las decisiones del banco, por su tono, “no sugieren un aire de diálogo sino que terminan convirtiéndose en peticiones directas o en reclamos agresivos”.
La Defensoría
Los delegatarios de 1991 querían que la Defensoría del Pueblo fuera una institución protagonista. Hoy está convertida en una entidad “anodina, poco transparente y sin protagonismo en los grandes debates nacionales sobre Derechos Humanos”.
El informe señala que la Defensoría se convirtió “en una cuota burocrática del Partido Conservador” y que la dependencia de su titular Vólmar Pérez con respecto al Gobierno es clara y se comprueba con su ausencia en los grandes debates de la Seguridad Democrática.
En pocos años, la entidad pasó de ser un organismo con poder e influencia, a no tener ninguna, como sucede en la actualidad con una entidad cooptada por las mayorías del Gobierno.
Comisión de TV
En 2002 había dos delegados del Gobierno en la CNTV. Hoy, la sensación es que se trata de “un organismo ineficaz para tramitar con altura, eficacia y transparencia los intereses de la televisión”. En lo que va corrido del año se confirman las mayorías Gobierno-coalición en la CNTV.
En la actualidad, “los principios de autonomía y defensa del pluralismo que inspiraron a la CNTV están lejos de ser una realidad”. No hay claridad en procesos de elección y es evidente la manera como el presidente Uribe ha influido en la composición de la junta directiva, refrendando de paso sus mayorías en la institución.
Aunque es difícil definir el grado de influencia de sus actuaciones, el escaso control a la campaña presidencial en la reelección de 2006 representa un indicio de su afinidad en las decisiones.
El Consejo de la Judicatura
Aunque entre 2002 y 2009 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cambió totalmente, por sucesivas propuestas de eliminación del organismo, la entidad conserva niveles de independencia frente al Ejecutivo. No sucede lo mismo respecto a la Sala Disciplinaria. Si bien Uribe ejerció la mayor parte de su Gobierno con un organismo elegido durante la administración Pastrana, hoy seis de los siete magistrados que componen la Sala pertenecen a uno de los partidos de la coalición de Gobierno y, por tanto, tendrían afinidad política. El criterio para elegirlos fue su adscripción partidista, lo cual supone que se trata de una institución cooptada, no sólo en personas sino en decisiones. La tutela concedida al ministro Diego Palacio, que frenó una investigación de la Corte Suprema, es una buena muestra.
lunes, 13 de julio de 2009
Función social de la masacre
Por: Alfredo Molano Bravo
SALIERON UNIDADES EN CAMIONES carpados desde El Paramillo, o desde Urabá o desde Bajo Cauca; atravesaron el sur de Bolívar: descansaron en el corregimiento de San Bernardo en Tamalameque y recibieron las últimas órdenes. El 27 de mayo del 99 salieron hacia Ocaña; en la Ye de Astilleros fueron detenidos media hora por el Ejército, que los confundió con guerrilla.
Siguieron hacia Petrolea y Campo Dos. Fueron dejando un reguero de muertos. La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas. La Fuerza Pública no se dio por entendida. Más aun, el general Bravo Silva declaró que la toma paramilitar de la región era una “quimera”. El 17 de julio entraron a Tibú, se tomaron ocho manzanas y dejaron una docena de cadáveres. El 21 de agosto entraron a La Gabarra: masacraron a 21 ciudadanos. Ni la Policía ni el Ejército actuaron. Siguieron otras y otras masacres: Filo Gringo, el Tarra, Tres Bocas, Río de Oro. Entre abril y septiembre, 39 personas más fueron asesinadas.
En Cúcuta ya habían matado a 12 pobladores en los barrios Antonia Santos y Doña Ceci. Carlos Castaño había declarado a El Tiempo, el 15 de marzo del 99: “Entraremos al Tarra antes de un año”. Cumplió su palabra; quizá su contrato. Total: 4.000 víctimas y 30.000 desplazados. La complicidad de la Fuerza Pública está fuera de toda duda. Bravo Silva fue destituido y, hace cuatro días, el entonces comandante del Batallón Saraguro de Tibú —condenado a 40 años por colaboración con los paramilitares— denunció ante la Fiscalía que el DAS y el comandante de la Segunda División del Ejército, general Fernando Roa Cuervo, colaboraron con Mancuso en la planeación y la ejecución de todas esas brutalidades sin nombre. El Iguano, uno de los comandantes paramilitares, aceptó con el cinismo que cría la impunidad, haber asesinado a 2.000 ciudadanos. La revista Semana reveló el uso de altos hornos y piras hechas con llantas para volver polvo los cuerpos de sus víctimas. Para rematar, entre 2007 y 2009 van 18 ejecuciones extrajudiciales verificadas en la zona, sin contar los que se conocen con el elusivo nombre de falsos positivos. La región, 10 años después, no se repone del terror que esas masacres desencadenaron y cuya historia está dramáticamente recordada en el libro lanzado el miércoles pasado en la Biblioteca Nacional: Memoria: Puerta a la esperanza, resultado de un riguroso trabajo de investigación hecho por Minga y Progresar.
El Catatumbo produce petróleo desde 1920. En 1935 estalló la primera huelga, llamada “del arroz” porque la petición fundamental era la mejora de la comida en los casinos obreros. El movimiento sindical por reivindicaciones obreras ha corrido parejo con las demandas agrarias de los campesinos. En el año 87 estalló el gran Paro del Nororiente, que sacó a calles y carreteras a 10.000 campesinos y obreros. La producción de petróleo había comenzado a declinar y los precios del cacao y del café, tradicionales cultivos campesinos, a bajar. Se abonó así el terreno para la actividad guerrillera y la siembra de coca como cultivo alternativo ilegal. Los paras entraron con el argumento de sacar a las guerrillas —lo que lograron parcialmente—, pero en el fondo buscaban detener la organización social que cuestionaba la política petrolera, el abandono del campo y la regulación de la actividad minera del carbón. El establecimiento les pagó con tierras robadas a los desplazados y con el monopolio de la comercialización de la cocaína.
Cumplida la primera fase del plan, las Auc entregaron armas, mas no sus estructuras, y las fuerzas oficiales retomaron el control del orden público, bajo el señuelo de la Seguridad Democrática. Saneado así el ambiente social, el gobierno de Uribe impuso a pupitrazo limpio en el Congreso el nuevo Código Minero, que les da todas las garantías a las grandes transnacionales mineras. El verdadero resultado positivo de la toma paramilitar del Catatumbo fueron la defensa del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la explotación de las riquísimas minas de carbón de la Serranía de Tibú entre los ríos Sardinata y Río de Oro. Es la misma estrategia usada tras el oro en la Serranía de San Lucas, en el norte de Cauca, en el occidente de Caldas y en los ríos San Juan y Atrato, que beneficia a la empresa Kedhada. Tras el carbón de Landázuri y el Carmen de Chucurí está la Rio Tinto Mining Co. y tras el de La Jagua de Ibirico, la Drummond. En resumen, el inventario geológico nacional ha sido la guía de la ruta paramilitar. El nuevo Código Minero viene a sancionar en derecho lo que los paras hicieron de hecho.
SALIERON UNIDADES EN CAMIONES carpados desde El Paramillo, o desde Urabá o desde Bajo Cauca; atravesaron el sur de Bolívar: descansaron en el corregimiento de San Bernardo en Tamalameque y recibieron las últimas órdenes. El 27 de mayo del 99 salieron hacia Ocaña; en la Ye de Astilleros fueron detenidos media hora por el Ejército, que los confundió con guerrilla.
Siguieron hacia Petrolea y Campo Dos. Fueron dejando un reguero de muertos. La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas. La Fuerza Pública no se dio por entendida. Más aun, el general Bravo Silva declaró que la toma paramilitar de la región era una “quimera”. El 17 de julio entraron a Tibú, se tomaron ocho manzanas y dejaron una docena de cadáveres. El 21 de agosto entraron a La Gabarra: masacraron a 21 ciudadanos. Ni la Policía ni el Ejército actuaron. Siguieron otras y otras masacres: Filo Gringo, el Tarra, Tres Bocas, Río de Oro. Entre abril y septiembre, 39 personas más fueron asesinadas.
En Cúcuta ya habían matado a 12 pobladores en los barrios Antonia Santos y Doña Ceci. Carlos Castaño había declarado a El Tiempo, el 15 de marzo del 99: “Entraremos al Tarra antes de un año”. Cumplió su palabra; quizá su contrato. Total: 4.000 víctimas y 30.000 desplazados. La complicidad de la Fuerza Pública está fuera de toda duda. Bravo Silva fue destituido y, hace cuatro días, el entonces comandante del Batallón Saraguro de Tibú —condenado a 40 años por colaboración con los paramilitares— denunció ante la Fiscalía que el DAS y el comandante de la Segunda División del Ejército, general Fernando Roa Cuervo, colaboraron con Mancuso en la planeación y la ejecución de todas esas brutalidades sin nombre. El Iguano, uno de los comandantes paramilitares, aceptó con el cinismo que cría la impunidad, haber asesinado a 2.000 ciudadanos. La revista Semana reveló el uso de altos hornos y piras hechas con llantas para volver polvo los cuerpos de sus víctimas. Para rematar, entre 2007 y 2009 van 18 ejecuciones extrajudiciales verificadas en la zona, sin contar los que se conocen con el elusivo nombre de falsos positivos. La región, 10 años después, no se repone del terror que esas masacres desencadenaron y cuya historia está dramáticamente recordada en el libro lanzado el miércoles pasado en la Biblioteca Nacional: Memoria: Puerta a la esperanza, resultado de un riguroso trabajo de investigación hecho por Minga y Progresar.
El Catatumbo produce petróleo desde 1920. En 1935 estalló la primera huelga, llamada “del arroz” porque la petición fundamental era la mejora de la comida en los casinos obreros. El movimiento sindical por reivindicaciones obreras ha corrido parejo con las demandas agrarias de los campesinos. En el año 87 estalló el gran Paro del Nororiente, que sacó a calles y carreteras a 10.000 campesinos y obreros. La producción de petróleo había comenzado a declinar y los precios del cacao y del café, tradicionales cultivos campesinos, a bajar. Se abonó así el terreno para la actividad guerrillera y la siembra de coca como cultivo alternativo ilegal. Los paras entraron con el argumento de sacar a las guerrillas —lo que lograron parcialmente—, pero en el fondo buscaban detener la organización social que cuestionaba la política petrolera, el abandono del campo y la regulación de la actividad minera del carbón. El establecimiento les pagó con tierras robadas a los desplazados y con el monopolio de la comercialización de la cocaína.
Cumplida la primera fase del plan, las Auc entregaron armas, mas no sus estructuras, y las fuerzas oficiales retomaron el control del orden público, bajo el señuelo de la Seguridad Democrática. Saneado así el ambiente social, el gobierno de Uribe impuso a pupitrazo limpio en el Congreso el nuevo Código Minero, que les da todas las garantías a las grandes transnacionales mineras. El verdadero resultado positivo de la toma paramilitar del Catatumbo fueron la defensa del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la explotación de las riquísimas minas de carbón de la Serranía de Tibú entre los ríos Sardinata y Río de Oro. Es la misma estrategia usada tras el oro en la Serranía de San Lucas, en el norte de Cauca, en el occidente de Caldas y en los ríos San Juan y Atrato, que beneficia a la empresa Kedhada. Tras el carbón de Landázuri y el Carmen de Chucurí está la Rio Tinto Mining Co. y tras el de La Jagua de Ibirico, la Drummond. En resumen, el inventario geológico nacional ha sido la guía de la ruta paramilitar. El nuevo Código Minero viene a sancionar en derecho lo que los paras hicieron de hecho.
martes, 23 de junio de 2009
Informe del relator de las naciones unidas
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MUMA-7T67FA?OpenDocument
Es importante leer el documento para conocer todo lo que se concluyo, no solo lo que quieran que sepamos.
Es importante leer el documento para conocer todo lo que se concluyo, no solo lo que quieran que sepamos.
domingo, 14 de junio de 2009
Destino Colombia
Por: José Fernando Isaza
EN LOS AÑOS 1997-1998, UN HETEROgéneo grupo de todas las tendencias realizó un ejercicio de planeación por escenarios.
Su objeto, analizar las posibles evoluciones del devenir colombiano, de acuerdo con la política que se adoptó para enfrentar el conflicto armado. Surgieron cuatro posibles escenarios, denominados “Amanecerá y Veremos”, “Más Vale Pájaro en Mano”, “Todos a Marchar” y “La Unión hace la Fuerza”. La política del gobierno Pastrana correspondió en general a “Más Vale Pájaro en Mano” y contempla una negociación. Los resultados de la misma, que se percibieron como un fracaso, dieron paso a la de Uribe que corresponde a “Todos a Marchar”. Algunas de sus características, de acuerdo con Destino Colombia, son imponer límites a los derechos fundamentales, ampliar el pie de fuerza, levantar las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las Fuerzas Armadas. Estímulos para la economía, los cuales unidos a los triunfos militares le aseguraron al Presidente un segundo período autorizado por una reforma constitucional. El capital fue favorecido con bajos impuestos. Como se ve, más que un anticipo de hechos parecería un relato de acontecimientos.
En efecto se expidieron leyes que permitían la detención y la violación de correspondencia sin orden judicial, la creación de zonas especiales en las cuales se restringía la libertad de movimiento y la supresión de la presunción de inocencia. Esta legislación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Lo cual no quiere decir que no se siga violando la intimidad con grabaciones y seguimientos ilícitos. El pie de fuerza se aumentó en el período 2002-2008 de 160.000 a 254.000 efectivos, constituyéndose en el país latinoamericano, después del Brasil, con el mayor ejército, superando los efectivos combinados de Ecuador, Venezuela y Perú. El gasto en defensa es hoy el 6,3% del PIB, casi tres veces el valor de la cosecha cafetera; en Estados Unidos, con guerras en Irak y Afganistán, es el 4%; y en la comunidad europea el 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares lo estima la Contraloría en 15% del PIB, y crece al 1,7% del PIB. La generosa reducción de impuestos a las grandes empresas que se instalan en zonas francas, como la tan publicitada de Occidente, les permite reducir el impuesto de renta del 33 al 15%. No deja de ser irónico que al tiempo que se reducían estos impuestos se ampliaba el IVA a bienes de la canasta familiar.
En otros acápites, Destino Colombia expresaba que “los actos de autoridad provocaron en una parte de la población una sensación de seguridad y confianza, pero en otros grupos comenzaron a gestarse movimientos de oposición como reacción a las limitaciones impuestas a las libertades políticas, a la eliminación de los grupos de izquierda y a la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen…”.
Durante la discusión del estudio muchos veían el régimen de Fujimori como el prototipo de “Todos a Marchar”. Hoy un ejemplo es el actual Gobierno colombiano.
La exclusión política y la desaparición de los “chequeos y balances”, consecuencia de la reelección presidencial y de la creciente militarización, están acabando el concepto de democracia. Por algún sino trágico, la historia del país muestra que, con pocas excepciones, los gobiernos creen que la oposición es un enemigo y no su contendor ideológico. El régimen actual no es la excepción.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.
EN LOS AÑOS 1997-1998, UN HETEROgéneo grupo de todas las tendencias realizó un ejercicio de planeación por escenarios.
Su objeto, analizar las posibles evoluciones del devenir colombiano, de acuerdo con la política que se adoptó para enfrentar el conflicto armado. Surgieron cuatro posibles escenarios, denominados “Amanecerá y Veremos”, “Más Vale Pájaro en Mano”, “Todos a Marchar” y “La Unión hace la Fuerza”. La política del gobierno Pastrana correspondió en general a “Más Vale Pájaro en Mano” y contempla una negociación. Los resultados de la misma, que se percibieron como un fracaso, dieron paso a la de Uribe que corresponde a “Todos a Marchar”. Algunas de sus características, de acuerdo con Destino Colombia, son imponer límites a los derechos fundamentales, ampliar el pie de fuerza, levantar las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las Fuerzas Armadas. Estímulos para la economía, los cuales unidos a los triunfos militares le aseguraron al Presidente un segundo período autorizado por una reforma constitucional. El capital fue favorecido con bajos impuestos. Como se ve, más que un anticipo de hechos parecería un relato de acontecimientos.
En efecto se expidieron leyes que permitían la detención y la violación de correspondencia sin orden judicial, la creación de zonas especiales en las cuales se restringía la libertad de movimiento y la supresión de la presunción de inocencia. Esta legislación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Lo cual no quiere decir que no se siga violando la intimidad con grabaciones y seguimientos ilícitos. El pie de fuerza se aumentó en el período 2002-2008 de 160.000 a 254.000 efectivos, constituyéndose en el país latinoamericano, después del Brasil, con el mayor ejército, superando los efectivos combinados de Ecuador, Venezuela y Perú. El gasto en defensa es hoy el 6,3% del PIB, casi tres veces el valor de la cosecha cafetera; en Estados Unidos, con guerras en Irak y Afganistán, es el 4%; y en la comunidad europea el 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares lo estima la Contraloría en 15% del PIB, y crece al 1,7% del PIB. La generosa reducción de impuestos a las grandes empresas que se instalan en zonas francas, como la tan publicitada de Occidente, les permite reducir el impuesto de renta del 33 al 15%. No deja de ser irónico que al tiempo que se reducían estos impuestos se ampliaba el IVA a bienes de la canasta familiar.
En otros acápites, Destino Colombia expresaba que “los actos de autoridad provocaron en una parte de la población una sensación de seguridad y confianza, pero en otros grupos comenzaron a gestarse movimientos de oposición como reacción a las limitaciones impuestas a las libertades políticas, a la eliminación de los grupos de izquierda y a la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen…”.
Durante la discusión del estudio muchos veían el régimen de Fujimori como el prototipo de “Todos a Marchar”. Hoy un ejemplo es el actual Gobierno colombiano.
La exclusión política y la desaparición de los “chequeos y balances”, consecuencia de la reelección presidencial y de la creciente militarización, están acabando el concepto de democracia. Por algún sino trágico, la historia del país muestra que, con pocas excepciones, los gobiernos creen que la oposición es un enemigo y no su contendor ideológico. El régimen actual no es la excepción.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Destino Colombia
Por: José Fernando Isaza
EN LOS AÑOS 1997-1998, UN HETEROgéneo grupo de todas las tendencias realizó un ejercicio de planeación por escenarios.
Su objeto, analizar las posibles evoluciones del devenir colombiano, de acuerdo con la política que se adoptó para enfrentar el conflicto armado. Surgieron cuatro posibles escenarios, denominados “Amanecerá y Veremos”, “Más Vale Pájaro en Mano”, “Todos a Marchar” y “La Unión hace la Fuerza”. La política del gobierno Pastrana correspondió en general a “Más Vale Pájaro en Mano” y contempla una negociación. Los resultados de la misma, que se percibieron como un fracaso, dieron paso a la de Uribe que corresponde a “Todos a Marchar”. Algunas de sus características, de acuerdo con Destino Colombia, son imponer límites a los derechos fundamentales, ampliar el pie de fuerza, levantar las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las Fuerzas Armadas. Estímulos para la economía, los cuales unidos a los triunfos militares le aseguraron al Presidente un segundo período autorizado por una reforma constitucional. El capital fue favorecido con bajos impuestos. Como se ve, más que un anticipo de hechos parecería un relato de acontecimientos.
En efecto se expidieron leyes que permitían la detención y la violación de correspondencia sin orden judicial, la creación de zonas especiales en las cuales se restringía la libertad de movimiento y la supresión de la presunción de inocencia. Esta legislación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Lo cual no quiere decir que no se siga violando la intimidad con grabaciones y seguimientos ilícitos. El pie de fuerza se aumentó en el período 2002-2008 de 160.000 a 254.000 efectivos, constituyéndose en el país latinoamericano, después del Brasil, con el mayor ejército, superando los efectivos combinados de Ecuador, Venezuela y Perú. El gasto en defensa es hoy el 6,3% del PIB, casi tres veces el valor de la cosecha cafetera; en Estados Unidos, con guerras en Irak y Afganistán, es el 4%; y en la comunidad europea el 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares lo estima la Contraloría en 15% del PIB, y crece al 1,7% del PIB. La generosa reducción de impuestos a las grandes empresas que se instalan en zonas francas, como la tan publicitada de Occidente, les permite reducir el impuesto de renta del 33 al 15%. No deja de ser irónico que al tiempo que se reducían estos impuestos se ampliaba el IVA a bienes de la canasta familiar.
En otros acápites, Destino Colombia expresaba que “los actos de autoridad provocaron en una parte de la población una sensación de seguridad y confianza, pero en otros grupos comenzaron a gestarse movimientos de oposición como reacción a las limitaciones impuestas a las libertades políticas, a la eliminación de los grupos de izquierda y a la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen…”.
Durante la discusión del estudio muchos veían el régimen de Fujimori como el prototipo de “Todos a Marchar”. Hoy un ejemplo es el actual Gobierno colombiano.
La exclusión política y la desaparición de los “chequeos y balances”, consecuencia de la reelección presidencial y de la creciente militarización, están acabando el concepto de democracia. Por algún sino trágico, la historia del país muestra que, con pocas excepciones, los gobiernos creen que la oposición es un enemigo y no su contendor ideológico. El régimen actual no es la excepción.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.
EN LOS AÑOS 1997-1998, UN HETEROgéneo grupo de todas las tendencias realizó un ejercicio de planeación por escenarios.
Su objeto, analizar las posibles evoluciones del devenir colombiano, de acuerdo con la política que se adoptó para enfrentar el conflicto armado. Surgieron cuatro posibles escenarios, denominados “Amanecerá y Veremos”, “Más Vale Pájaro en Mano”, “Todos a Marchar” y “La Unión hace la Fuerza”. La política del gobierno Pastrana correspondió en general a “Más Vale Pájaro en Mano” y contempla una negociación. Los resultados de la misma, que se percibieron como un fracaso, dieron paso a la de Uribe que corresponde a “Todos a Marchar”. Algunas de sus características, de acuerdo con Destino Colombia, son imponer límites a los derechos fundamentales, ampliar el pie de fuerza, levantar las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las Fuerzas Armadas. Estímulos para la economía, los cuales unidos a los triunfos militares le aseguraron al Presidente un segundo período autorizado por una reforma constitucional. El capital fue favorecido con bajos impuestos. Como se ve, más que un anticipo de hechos parecería un relato de acontecimientos.
En efecto se expidieron leyes que permitían la detención y la violación de correspondencia sin orden judicial, la creación de zonas especiales en las cuales se restringía la libertad de movimiento y la supresión de la presunción de inocencia. Esta legislación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Lo cual no quiere decir que no se siga violando la intimidad con grabaciones y seguimientos ilícitos. El pie de fuerza se aumentó en el período 2002-2008 de 160.000 a 254.000 efectivos, constituyéndose en el país latinoamericano, después del Brasil, con el mayor ejército, superando los efectivos combinados de Ecuador, Venezuela y Perú. El gasto en defensa es hoy el 6,3% del PIB, casi tres veces el valor de la cosecha cafetera; en Estados Unidos, con guerras en Irak y Afganistán, es el 4%; y en la comunidad europea el 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares lo estima la Contraloría en 15% del PIB, y crece al 1,7% del PIB. La generosa reducción de impuestos a las grandes empresas que se instalan en zonas francas, como la tan publicitada de Occidente, les permite reducir el impuesto de renta del 33 al 15%. No deja de ser irónico que al tiempo que se reducían estos impuestos se ampliaba el IVA a bienes de la canasta familiar.
En otros acápites, Destino Colombia expresaba que “los actos de autoridad provocaron en una parte de la población una sensación de seguridad y confianza, pero en otros grupos comenzaron a gestarse movimientos de oposición como reacción a las limitaciones impuestas a las libertades políticas, a la eliminación de los grupos de izquierda y a la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen…”.
Durante la discusión del estudio muchos veían el régimen de Fujimori como el prototipo de “Todos a Marchar”. Hoy un ejemplo es el actual Gobierno colombiano.
La exclusión política y la desaparición de los “chequeos y balances”, consecuencia de la reelección presidencial y de la creciente militarización, están acabando el concepto de democracia. Por algún sino trágico, la historia del país muestra que, con pocas excepciones, los gobiernos creen que la oposición es un enemigo y no su contendor ideológico. El régimen actual no es la excepción.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Destino Colombia
Por: José Fernando Isaza
EN LOS AÑOS 1997-1998, UN HETEROgéneo grupo de todas las tendencias realizó un ejercicio de planeación por escenarios.
Su objeto, analizar las posibles evoluciones del devenir colombiano, de acuerdo con la política que se adoptó para enfrentar el conflicto armado. Surgieron cuatro posibles escenarios, denominados “Amanecerá y Veremos”, “Más Vale Pájaro en Mano”, “Todos a Marchar” y “La Unión hace la Fuerza”. La política del gobierno Pastrana correspondió en general a “Más Vale Pájaro en Mano” y contempla una negociación. Los resultados de la misma, que se percibieron como un fracaso, dieron paso a la de Uribe que corresponde a “Todos a Marchar”. Algunas de sus características, de acuerdo con Destino Colombia, son imponer límites a los derechos fundamentales, ampliar el pie de fuerza, levantar las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las Fuerzas Armadas. Estímulos para la economía, los cuales unidos a los triunfos militares le aseguraron al Presidente un segundo período autorizado por una reforma constitucional. El capital fue favorecido con bajos impuestos. Como se ve, más que un anticipo de hechos parecería un relato de acontecimientos.
En efecto se expidieron leyes que permitían la detención y la violación de correspondencia sin orden judicial, la creación de zonas especiales en las cuales se restringía la libertad de movimiento y la supresión de la presunción de inocencia. Esta legislación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Lo cual no quiere decir que no se siga violando la intimidad con grabaciones y seguimientos ilícitos. El pie de fuerza se aumentó en el período 2002-2008 de 160.000 a 254.000 efectivos, constituyéndose en el país latinoamericano, después del Brasil, con el mayor ejército, superando los efectivos combinados de Ecuador, Venezuela y Perú. El gasto en defensa es hoy el 6,3% del PIB, casi tres veces el valor de la cosecha cafetera; en Estados Unidos, con guerras en Irak y Afganistán, es el 4%; y en la comunidad europea el 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares lo estima la Contraloría en 15% del PIB, y crece al 1,7% del PIB. La generosa reducción de impuestos a las grandes empresas que se instalan en zonas francas, como la tan publicitada de Occidente, les permite reducir el impuesto de renta del 33 al 15%. No deja de ser irónico que al tiempo que se reducían estos impuestos se ampliaba el IVA a bienes de la canasta familiar.
En otros acápites, Destino Colombia expresaba que “los actos de autoridad provocaron en una parte de la población una sensación de seguridad y confianza, pero en otros grupos comenzaron a gestarse movimientos de oposición como reacción a las limitaciones impuestas a las libertades políticas, a la eliminación de los grupos de izquierda y a la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen…”.
Durante la discusión del estudio muchos veían el régimen de Fujimori como el prototipo de “Todos a Marchar”. Hoy un ejemplo es el actual Gobierno colombiano.
La exclusión política y la desaparición de los “chequeos y balances”, consecuencia de la reelección presidencial y de la creciente militarización, están acabando el concepto de democracia. Por algún sino trágico, la historia del país muestra que, con pocas excepciones, los gobiernos creen que la oposición es un enemigo y no su contendor ideológico. El régimen actual no es la excepción.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.
EN LOS AÑOS 1997-1998, UN HETEROgéneo grupo de todas las tendencias realizó un ejercicio de planeación por escenarios.
Su objeto, analizar las posibles evoluciones del devenir colombiano, de acuerdo con la política que se adoptó para enfrentar el conflicto armado. Surgieron cuatro posibles escenarios, denominados “Amanecerá y Veremos”, “Más Vale Pájaro en Mano”, “Todos a Marchar” y “La Unión hace la Fuerza”. La política del gobierno Pastrana correspondió en general a “Más Vale Pájaro en Mano” y contempla una negociación. Los resultados de la misma, que se percibieron como un fracaso, dieron paso a la de Uribe que corresponde a “Todos a Marchar”. Algunas de sus características, de acuerdo con Destino Colombia, son imponer límites a los derechos fundamentales, ampliar el pie de fuerza, levantar las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las Fuerzas Armadas. Estímulos para la economía, los cuales unidos a los triunfos militares le aseguraron al Presidente un segundo período autorizado por una reforma constitucional. El capital fue favorecido con bajos impuestos. Como se ve, más que un anticipo de hechos parecería un relato de acontecimientos.
En efecto se expidieron leyes que permitían la detención y la violación de correspondencia sin orden judicial, la creación de zonas especiales en las cuales se restringía la libertad de movimiento y la supresión de la presunción de inocencia. Esta legislación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Lo cual no quiere decir que no se siga violando la intimidad con grabaciones y seguimientos ilícitos. El pie de fuerza se aumentó en el período 2002-2008 de 160.000 a 254.000 efectivos, constituyéndose en el país latinoamericano, después del Brasil, con el mayor ejército, superando los efectivos combinados de Ecuador, Venezuela y Perú. El gasto en defensa es hoy el 6,3% del PIB, casi tres veces el valor de la cosecha cafetera; en Estados Unidos, con guerras en Irak y Afganistán, es el 4%; y en la comunidad europea el 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares lo estima la Contraloría en 15% del PIB, y crece al 1,7% del PIB. La generosa reducción de impuestos a las grandes empresas que se instalan en zonas francas, como la tan publicitada de Occidente, les permite reducir el impuesto de renta del 33 al 15%. No deja de ser irónico que al tiempo que se reducían estos impuestos se ampliaba el IVA a bienes de la canasta familiar.
En otros acápites, Destino Colombia expresaba que “los actos de autoridad provocaron en una parte de la población una sensación de seguridad y confianza, pero en otros grupos comenzaron a gestarse movimientos de oposición como reacción a las limitaciones impuestas a las libertades políticas, a la eliminación de los grupos de izquierda y a la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen…”.
Durante la discusión del estudio muchos veían el régimen de Fujimori como el prototipo de “Todos a Marchar”. Hoy un ejemplo es el actual Gobierno colombiano.
La exclusión política y la desaparición de los “chequeos y balances”, consecuencia de la reelección presidencial y de la creciente militarización, están acabando el concepto de democracia. Por algún sino trágico, la historia del país muestra que, con pocas excepciones, los gobiernos creen que la oposición es un enemigo y no su contendor ideológico. El régimen actual no es la excepción.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.
miércoles, 10 de junio de 2009
Uribe debe quedarse
Por: César Rodríguez Garavito
SE EQUIVOCAN LOS QUE PIENSAN que, ahora que los escándalos del DAS y la parapolítica parecen salpicar al círculo íntimo de la Casa de Nariño, Uribe va a renunciar a la segunda reelección. Todo lo contrario: ahora no hay duda de que Uribe se lanzará, simplemente porque no tiene alternativa.
La lógica es sencilla y ha sido probada por caudillos de todo el mundo: el único antídoto eficaz contra los juicios políticos y los procesos judiciales es perpetuarse en el gobierno. Sólo desde el poder pueden los gobernantes seguir espiando, encubriendo, negociando, difamando, infiltrando. Sólo estando en el poder se puede amnistiar a los cómplices, eximir de impuestos a los patrocinadores o nombrar amigos en las cortes y organismos de control.
Es la lógica de Chávez en Venezuela, de Mugabe en Zimbabue, de Putin en Rusia (que la perfeccionó porque logró que funcionara por ventrilocuismo, a través de su títere en el poder). Pero el mejor espejo para entender lo que estamos viviendo es el de Fujimori en Perú.
Varios han mencionado el parecido del fujimorismo con el uribismo: la omnipresencia mediática del líder, su desdén por las instituciones, su popularidad basada en los aciertos militares contra guerrillas terroristas, su apelación directa al pueblo, su círculo de rasputines.
Creo que llegó la hora de llevar el paralelo a sus últimas consecuencias y declarar la peruanización de la política colombiana. Basta ver lo que pasaba en la época de la segunda reelección de Fujimori, en el año 2000. El Chino, que ya se había echado al bolsillo a las cortes y el resto del Estado, gritaba que las acusaciones en su contra por corrupción y violación de derechos humanos eran un montaje de la oposición y las ONG. Montesinos filmaba sus videos mientras convencía a congresistas de otros partidos a pasarse al fujimorismo, con el argumento contundente de fajos de billetes de cien dólares. Y la opinión estaba tan polarizada, que los agarrones en las entrevistas políticas de Jaime Bayly parecían sacados del programa de la Señorita Laura.
El paralelo es claro. Con una diferencia: parece que nuestros espías no tienen gusto por el video, sino que prefieren las chuzadas en audio.
Invito a los analistas que critican la segunda reelección (especialmente a los que apoyaron la primera o callaron convenientemente) a que, en lugar de pensar con el deseo, miren a los ojos la fría lógica de lo que probablemente va a pasar, que no es otra que la del caso peruano.
Veamos dónde nos lleva el paralelo. Hoy sabemos que Fujimori tenía que lanzarse a una segunda reelección para tratar de ocultar los Vladivideos y las pruebas que se multiplicaban contra él, Montesinos y su gobierno. También sabemos que ni siquiera la reelección pudo evitar el escándalo y la caída en desgracia del fujimorismo. Sabemos, finalmente, que la justicia global cojea pero llega, como lo muestran la extradición y la reciente condena ejemplar contra Fujimori por los delitos cometidos por su régimen.
Ojalá me equivoque. Pero la lógica caudillista indica que Uribe se lanzará de nuevo y que un tercer período sería mucho más riesgoso, tanto para el uribismo como para la democracia colombiana. También sugiere que, si eso sucede, el único que en el futuro podría heredar el capital político del uribismo es un Uribe. Hoy el fujimorismo renace bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, que puntea las encuestas para las elecciones de 2011 y promete amnistiar a su padre al día siguiente de su posesión como presidenta. Confiemos en que Tomás y Jerónimo, que ya hacen sus pinitos, resistan la tentación.
* Profesor Universidad de los Andes y miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org)
César Rodríguez Garavito
SE EQUIVOCAN LOS QUE PIENSAN que, ahora que los escándalos del DAS y la parapolítica parecen salpicar al círculo íntimo de la Casa de Nariño, Uribe va a renunciar a la segunda reelección. Todo lo contrario: ahora no hay duda de que Uribe se lanzará, simplemente porque no tiene alternativa.
La lógica es sencilla y ha sido probada por caudillos de todo el mundo: el único antídoto eficaz contra los juicios políticos y los procesos judiciales es perpetuarse en el gobierno. Sólo desde el poder pueden los gobernantes seguir espiando, encubriendo, negociando, difamando, infiltrando. Sólo estando en el poder se puede amnistiar a los cómplices, eximir de impuestos a los patrocinadores o nombrar amigos en las cortes y organismos de control.
Es la lógica de Chávez en Venezuela, de Mugabe en Zimbabue, de Putin en Rusia (que la perfeccionó porque logró que funcionara por ventrilocuismo, a través de su títere en el poder). Pero el mejor espejo para entender lo que estamos viviendo es el de Fujimori en Perú.
Varios han mencionado el parecido del fujimorismo con el uribismo: la omnipresencia mediática del líder, su desdén por las instituciones, su popularidad basada en los aciertos militares contra guerrillas terroristas, su apelación directa al pueblo, su círculo de rasputines.
Creo que llegó la hora de llevar el paralelo a sus últimas consecuencias y declarar la peruanización de la política colombiana. Basta ver lo que pasaba en la época de la segunda reelección de Fujimori, en el año 2000. El Chino, que ya se había echado al bolsillo a las cortes y el resto del Estado, gritaba que las acusaciones en su contra por corrupción y violación de derechos humanos eran un montaje de la oposición y las ONG. Montesinos filmaba sus videos mientras convencía a congresistas de otros partidos a pasarse al fujimorismo, con el argumento contundente de fajos de billetes de cien dólares. Y la opinión estaba tan polarizada, que los agarrones en las entrevistas políticas de Jaime Bayly parecían sacados del programa de la Señorita Laura.
El paralelo es claro. Con una diferencia: parece que nuestros espías no tienen gusto por el video, sino que prefieren las chuzadas en audio.
Invito a los analistas que critican la segunda reelección (especialmente a los que apoyaron la primera o callaron convenientemente) a que, en lugar de pensar con el deseo, miren a los ojos la fría lógica de lo que probablemente va a pasar, que no es otra que la del caso peruano.
Veamos dónde nos lleva el paralelo. Hoy sabemos que Fujimori tenía que lanzarse a una segunda reelección para tratar de ocultar los Vladivideos y las pruebas que se multiplicaban contra él, Montesinos y su gobierno. También sabemos que ni siquiera la reelección pudo evitar el escándalo y la caída en desgracia del fujimorismo. Sabemos, finalmente, que la justicia global cojea pero llega, como lo muestran la extradición y la reciente condena ejemplar contra Fujimori por los delitos cometidos por su régimen.
Ojalá me equivoque. Pero la lógica caudillista indica que Uribe se lanzará de nuevo y que un tercer período sería mucho más riesgoso, tanto para el uribismo como para la democracia colombiana. También sugiere que, si eso sucede, el único que en el futuro podría heredar el capital político del uribismo es un Uribe. Hoy el fujimorismo renace bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, que puntea las encuestas para las elecciones de 2011 y promete amnistiar a su padre al día siguiente de su posesión como presidenta. Confiemos en que Tomás y Jerónimo, que ya hacen sus pinitos, resistan la tentación.
* Profesor Universidad de los Andes y miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org)
César Rodríguez Garavito
miércoles, 13 de mayo de 2009
La basura pa los ricos. Daniel Samper Ospina
Si quieren le pueden echar una miradita a la hermosa ley 1259 en este link http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1259_2008.html.
Que tristeza
http://www.semana.com/noticias-opinion/basura-tomas-jeronimo/123245.aspx
Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien.
El día en que me enteré de los negocios de los hijos del Presidente, supe que, con el pretexto de fomentar la cultura ciudadana y proteger el medio ambiente, salió una ley que prohíbe a los pobres acercarse a la basura: castiga con comparendos a quienes hurguen en las canecas o recojan desperdicios en "medios no aptos ni adecuados".
Hasta donde sé, quienes hurgan en la basura son los pobres: los mendigos, por ejemplo, o los recicladores que andan en zorras, que es a lo que se deben referir cuando hablan de medios no aptos ni adecuados. De modo que, en adelante, la única manera de acercarse a una bolsa de basura sin que la Policía lo agarre a bolillo es ser rico: tener una empresa que se dedique al negocio cada vez más jugoso de las basuras, como Residuos Ecoeficiencia, la de los hijos del presidente Uribe.
A mí me da lástima con los pobres, pero también pienso que quién los manda: quién los manda a meter las manos en las tripas de una bolsa de basura, y exponerse a las cuchillas, los pañales y todas las porquerías que se puedan encontrar en ella, en lugar de montar una empresa sólida y millonaria en una zona franca.
Pero así son todos ellos: no saben hacer negocios. No saben ganarse las venias de los ministros; ni saben ser amables con los alcaldes que convierten en zonas francas los lotes que hayan comprado un poco antes. Ni siquiera saben comprar lotes. Lo único que hacen es hurgar la basura con las manos.
(Muchas veces, además, la dejan desperdigada. Hace unos días vi a un niño como de 5 años que sacaba de la caneca unos huesos de pollo para lamerlos, y no tuvo la consideración ciudadana de dejar la basura como la encontró. Ojalá lo ubiquen y le pongan el comparendo. Me ofrezco ante las autoridades por si quieren hacer un retrato hablado para dar con su paradero).
Ah, estos pobres de hoy en día. Nunca son aptos ni adecuados. Y encima se la pasan protestando. Montan guerrillas, hacen mingas indígenas, organizan marchas. Les parece injusto todo: incluso que cuando alguien detecta que la basura puede ser buen negocio, los saquen a gorrazos de ella a pesar de que era el lugar al que históricamente los habían confinado para que sobrevivieran.
Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien. ¿Por qué? Pues porque si uno deja que la manejen los pobres, se rompe el equilibrio: los pobres pueden dejar de ser pobres, y no podemos permitirnos ese lujo.
Los pobres son útiles para muchas cosas, como para que ahora traten de ganar plata. Sin pobres, ¿con quiénes haremos los falsos positivos? ¿Con William Vélez y otros empresarios uribistas? Sin pobres, ¿a quiénes desplaza uno de Carimagua? ¿A los empresarios palmicultores a los que favorecía el 'Pincher' Arias? Sin pobres, ¿de quiénes nos protege la seguridad democrática? ¿De Armandito Benedetti?
Pensaba decir que no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aun más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del Mira, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó.
Pensaba decir que ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista, y que esta ley es prueba de ello.
Pero les digo la verdad: ya no pienso sufrir. Voy a ser más práctico. Y como el gobierno ha mostrado que sólo tiene compasión por los empresarios, pienso convertirme en uno de ellos.
Por eso, en adelante pienso no sólo defender a Tomás y Jerónimo, sino tratar de parecerme a ellos: aprender de fiducias, escisiones, cuentas en Panamá y demás astucias legales que yo creí que manejaban solamente personas del estilo de Murcia.
Hombre, sí: es cierto que hacen negocios en una parte del sector privado que puede ser muy rentable por las decisiones fundamentales que algunos subalternos de su papá terminen tomando. Y sí: los muchachos hacen negocios en la zona franca. Pero es que les han inculcado la franqueza con tanto rigor, que en cuál otra zona podían hacerlos.
Alguna vez dije que quería asociarme con ellos para revender artesanías. Retiro lo dicho. Quiero ser socio de ellos, pero en Residuos Ecoeficiencia, el negocio de basuras que tienen en la zona franca. Después de esta ley ya todo quedará para nosotros.
Que tristeza
http://www.semana.com/noticias-opinion/basura-tomas-jeronimo/123245.aspx
Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien.
El día en que me enteré de los negocios de los hijos del Presidente, supe que, con el pretexto de fomentar la cultura ciudadana y proteger el medio ambiente, salió una ley que prohíbe a los pobres acercarse a la basura: castiga con comparendos a quienes hurguen en las canecas o recojan desperdicios en "medios no aptos ni adecuados".
Hasta donde sé, quienes hurgan en la basura son los pobres: los mendigos, por ejemplo, o los recicladores que andan en zorras, que es a lo que se deben referir cuando hablan de medios no aptos ni adecuados. De modo que, en adelante, la única manera de acercarse a una bolsa de basura sin que la Policía lo agarre a bolillo es ser rico: tener una empresa que se dedique al negocio cada vez más jugoso de las basuras, como Residuos Ecoeficiencia, la de los hijos del presidente Uribe.
A mí me da lástima con los pobres, pero también pienso que quién los manda: quién los manda a meter las manos en las tripas de una bolsa de basura, y exponerse a las cuchillas, los pañales y todas las porquerías que se puedan encontrar en ella, en lugar de montar una empresa sólida y millonaria en una zona franca.
Pero así son todos ellos: no saben hacer negocios. No saben ganarse las venias de los ministros; ni saben ser amables con los alcaldes que convierten en zonas francas los lotes que hayan comprado un poco antes. Ni siquiera saben comprar lotes. Lo único que hacen es hurgar la basura con las manos.
(Muchas veces, además, la dejan desperdigada. Hace unos días vi a un niño como de 5 años que sacaba de la caneca unos huesos de pollo para lamerlos, y no tuvo la consideración ciudadana de dejar la basura como la encontró. Ojalá lo ubiquen y le pongan el comparendo. Me ofrezco ante las autoridades por si quieren hacer un retrato hablado para dar con su paradero).
Ah, estos pobres de hoy en día. Nunca son aptos ni adecuados. Y encima se la pasan protestando. Montan guerrillas, hacen mingas indígenas, organizan marchas. Les parece injusto todo: incluso que cuando alguien detecta que la basura puede ser buen negocio, los saquen a gorrazos de ella a pesar de que era el lugar al que históricamente los habían confinado para que sobrevivieran.
Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien. ¿Por qué? Pues porque si uno deja que la manejen los pobres, se rompe el equilibrio: los pobres pueden dejar de ser pobres, y no podemos permitirnos ese lujo.
Los pobres son útiles para muchas cosas, como para que ahora traten de ganar plata. Sin pobres, ¿con quiénes haremos los falsos positivos? ¿Con William Vélez y otros empresarios uribistas? Sin pobres, ¿a quiénes desplaza uno de Carimagua? ¿A los empresarios palmicultores a los que favorecía el 'Pincher' Arias? Sin pobres, ¿de quiénes nos protege la seguridad democrática? ¿De Armandito Benedetti?
Pensaba decir que no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aun más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del Mira, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó.
Pensaba decir que ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista, y que esta ley es prueba de ello.
Pero les digo la verdad: ya no pienso sufrir. Voy a ser más práctico. Y como el gobierno ha mostrado que sólo tiene compasión por los empresarios, pienso convertirme en uno de ellos.
Por eso, en adelante pienso no sólo defender a Tomás y Jerónimo, sino tratar de parecerme a ellos: aprender de fiducias, escisiones, cuentas en Panamá y demás astucias legales que yo creí que manejaban solamente personas del estilo de Murcia.
Hombre, sí: es cierto que hacen negocios en una parte del sector privado que puede ser muy rentable por las decisiones fundamentales que algunos subalternos de su papá terminen tomando. Y sí: los muchachos hacen negocios en la zona franca. Pero es que les han inculcado la franqueza con tanto rigor, que en cuál otra zona podían hacerlos.
Alguna vez dije que quería asociarme con ellos para revender artesanías. Retiro lo dicho. Quiero ser socio de ellos, pero en Residuos Ecoeficiencia, el negocio de basuras que tienen en la zona franca. Después de esta ley ya todo quedará para nosotros.
lunes, 11 de mayo de 2009
La reforma politica.
Una reforma política inocua
LA REFORMA POLÍTICA QUE CURSA EN EL CONGRESO, concebida inicialmente como mecanismo para blindar las elecciones y los partidos de la influencia de actores ilegales, posible solución, entonces, a tantos y tan decepcionantes escándalos, después de haber sido aprobada en su sexto debate, hoy no pasa de ser una reforma insuficiente. Para muchos, completamente inocua. Y, sin embargo, rica en beneficios para la coalición uribista.
No es de extrañar que la reforma política no establezca correctivos para los partidos, en su mayor parte uribistas, que acogieron a los parapolíticos que hoy se encuentran en prisión. El 29% del Congreso electo en 2006 ha sido investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La “silla vacía”, sanción emblemática que contemplaba la reforma anterior —y que implica la pérdida de la curul de un partido por cada parlamentario condenado—, no empezará a regir sino en 2010. Como era de esperarse, no se contemplan medidas retroactivas y las sanciones sólo aplicarán para los partidos que participen en las próximas elecciones.
Las campañas políticas tendrán como principal financiador al Estado y éste les entregará como anticipo el 50% de los recursos que recibió el partido en las últimas elecciones por reposición de votos. Dadas las circunstancias particulares del Congreso colombiano, una medida indignante. El desconocimiento total de algunos de los métodos con los que algunos partidos políticos con representación en el Congreso acumularon votos en los comicios pasados. Constreñimientos electorales de todo tipo han sido descritos en los más de treinta fallos por parapolítica, proferidos por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría.
Favorecidos por la ambigüedad y lejana aplicación de las sanciones, los uribistas podrán fortalecerse a través del transfuguismo político. Durante dos meses, las fuerzas políticas podrán recomponerse y reagruparse a su antojo. La doble militancia, avalada sin más, corrobora que con esta reforma el proceso de fortalecimiento de los partidos, razón de la reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas, estamos retrocediendo. Lo escribió en este mismo periódico en su última columna de opinión la politóloga y directora del programa Congreso Visible, Elisabeth Ungar: “Esta medida busca permitir la reconfiguración del mapa político del actual Congreso, y más específicamente de la coalición”.
La combinación entre transfuguismo político y aumento del umbral —del 2 al 3 por ciento— resultará letal para partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana y el movimiento MIRA. Este último, a pesar de ser el único partido con personería jurídica sin miembros investigados por farc o parapolítica, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aunque bienintencionado, el aumento del umbral, cuando muchos de los partidos de la coalición de gobierno son pequeños, no tienen mayor cohesión ideológica y mantienen a sus líderes más prominentes detenidos en la cárcel, riñe por completo con el transfuguismo.
Por si ello fuera poco, en una maniobra inesperada, y con el beneplácito del vicepresidente de la Cámara, Odín Sánchez, la plenaria permitió en la madrugada del jueves pasado la inclusión del artículo estratégico que inhabilita de forma inmediata a concejales y diputados que aspiran al Congreso en 2010. Un atropello, una suerte de violación al derecho a la igualdad del que disponen quienes desean hacer política en otros escenarios. Para muchos, un “mico” que de cualquier forma no es nuevo y ya antes, en anteriores reformas, había sido sistemáticamente rechazado.
Contrasta la inmediatez con la que entrarán en vigencia cambios trascendentales en las reglas de juego, como el transfuguismo y la inhabilidad de concejales y diputados, con la lentitud en la aplicación de las sanciones a partidos vinculados con grupos ilegales. A dos debates de dar por terminado su trámite reglamentario en el Congreso, la reforma política sólo parece serle útil a la coalición de gobierno.
Elespectador.com
LA REFORMA POLÍTICA QUE CURSA EN EL CONGRESO, concebida inicialmente como mecanismo para blindar las elecciones y los partidos de la influencia de actores ilegales, posible solución, entonces, a tantos y tan decepcionantes escándalos, después de haber sido aprobada en su sexto debate, hoy no pasa de ser una reforma insuficiente. Para muchos, completamente inocua. Y, sin embargo, rica en beneficios para la coalición uribista.
No es de extrañar que la reforma política no establezca correctivos para los partidos, en su mayor parte uribistas, que acogieron a los parapolíticos que hoy se encuentran en prisión. El 29% del Congreso electo en 2006 ha sido investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La “silla vacía”, sanción emblemática que contemplaba la reforma anterior —y que implica la pérdida de la curul de un partido por cada parlamentario condenado—, no empezará a regir sino en 2010. Como era de esperarse, no se contemplan medidas retroactivas y las sanciones sólo aplicarán para los partidos que participen en las próximas elecciones.
Las campañas políticas tendrán como principal financiador al Estado y éste les entregará como anticipo el 50% de los recursos que recibió el partido en las últimas elecciones por reposición de votos. Dadas las circunstancias particulares del Congreso colombiano, una medida indignante. El desconocimiento total de algunos de los métodos con los que algunos partidos políticos con representación en el Congreso acumularon votos en los comicios pasados. Constreñimientos electorales de todo tipo han sido descritos en los más de treinta fallos por parapolítica, proferidos por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría.
Favorecidos por la ambigüedad y lejana aplicación de las sanciones, los uribistas podrán fortalecerse a través del transfuguismo político. Durante dos meses, las fuerzas políticas podrán recomponerse y reagruparse a su antojo. La doble militancia, avalada sin más, corrobora que con esta reforma el proceso de fortalecimiento de los partidos, razón de la reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas, estamos retrocediendo. Lo escribió en este mismo periódico en su última columna de opinión la politóloga y directora del programa Congreso Visible, Elisabeth Ungar: “Esta medida busca permitir la reconfiguración del mapa político del actual Congreso, y más específicamente de la coalición”.
La combinación entre transfuguismo político y aumento del umbral —del 2 al 3 por ciento— resultará letal para partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana y el movimiento MIRA. Este último, a pesar de ser el único partido con personería jurídica sin miembros investigados por farc o parapolítica, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aunque bienintencionado, el aumento del umbral, cuando muchos de los partidos de la coalición de gobierno son pequeños, no tienen mayor cohesión ideológica y mantienen a sus líderes más prominentes detenidos en la cárcel, riñe por completo con el transfuguismo.
Por si ello fuera poco, en una maniobra inesperada, y con el beneplácito del vicepresidente de la Cámara, Odín Sánchez, la plenaria permitió en la madrugada del jueves pasado la inclusión del artículo estratégico que inhabilita de forma inmediata a concejales y diputados que aspiran al Congreso en 2010. Un atropello, una suerte de violación al derecho a la igualdad del que disponen quienes desean hacer política en otros escenarios. Para muchos, un “mico” que de cualquier forma no es nuevo y ya antes, en anteriores reformas, había sido sistemáticamente rechazado.
Contrasta la inmediatez con la que entrarán en vigencia cambios trascendentales en las reglas de juego, como el transfuguismo y la inhabilidad de concejales y diputados, con la lentitud en la aplicación de las sanciones a partidos vinculados con grupos ilegales. A dos debates de dar por terminado su trámite reglamentario en el Congreso, la reforma política sólo parece serle útil a la coalición de gobierno.
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lunes, 4 de mayo de 2009
Las cifras no mienten
Las cifras no mienten
Por: Rodolfo Arango
http://www.elespectador.com/columna138531-cifras-no-mienten
SEGÚN INFORMACIÓN PROCEDENte de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, hasta el momento 81 congresistas elegidos para el período 2006-2010 han sido investigados o procesados penalmente por parapolítica en Colombia.
Esto equivale al 30,33% del total de los 267 miembros del Congreso: 45 senadores (44,1% del total de 102) y 36 representantes a la Cámara (21,8% del total de 165). De esos 81, 11 han sido excluidos de la lista, bien sea por autos inhibitorios (cinco conservadores, dos liberales y uno de Alas), por preclusión de la investigación (dos conservadores) o por absolución (un liberal). De los 70 congresistas aún involucrados en el escándalo parapolítico, 60 pertenecen a la coalición de Gobierno (85,7%) mientras el resto (14,3%) es del Partido Liberal (la mitad de este porcentaje representado en dos congresistas liberales de Córdoba). Ninguno del Polo.
Los partidos o movimientos políticos permeados por el paramilitarismo, sin incluir a los desvinculados de la investigación, en número de congresistas y votos, son: Partido de la U: 12 (ocho senadores y cuatro representantes), con 544.001 votos. Cambio Radical: 11 (ocho senadores y tres representantes), con 347.036 votos. Convergencia Ciudadana: siete (cinco senadores y dos representantes), con 344.149 votos. Partido Conservador: siete (tres senadores y 4 representantes), con 263.626. Colombia Democrática: seis (cuatro senadores y dos representantes), con 215.342 votos. Alas Equipo Colombia: cuatro (tres senadores y un representante), con 231.288 votos. Colombia Viva: cuatro senadores, con 162.205 votos. Apertura Liberal: cinco representantes, con 162.997 votos. A ellos se suman 54.097 votos de otros movimientos. O sea, el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2’324.751. ¡Casi dos millones y medio de votos uribistas cuestionados para las elecciones del próximo año! Es explicable el interés de la coalición de Gobierno por aprobar la reforma política sin silla vacía y la posibilidad de reelección del demiurgo de todo el proceso. También se entiende ahora quién y quiénes eran los beneficiarios de las ‘chuzadas’ del DAS a la CSJ.
Bajo el fementido objetivo de hacer más responsables a las agrupaciones políticas, el famélico proyecto de reforma política que va para sexto debate permite “por una única vez” a los actuales congresistas cambiar de afiliación política sin incurrir en doble militancia. La norma propuesta pretende que se baraje de nuevo antes de las elecciones de marzo de 2010 y que los cuestionados puedan adoptar un nuevo ropaje en la competencia electoral. So pretexto de una transición necesaria al nuevo régimen, los uribistas en el Congreso buscan eludir el castigo en las urnas por su conducta activa o pasiva. Pero el principio de responsabilidad política se resiste a ser burlado tan fácilmente. Los congresistas que integren las cuestionadas agrupaciones, voten favorablemente la norma y cambien luego de partido o movimiento para ser reelegidos, enfrentan un riesgo claro e inminente: la pérdida de investidura por incurrir en conflicto de intereses. Esto si el Consejo de Estado no actúa como el Absolvedor General de la Nación. La permisión de la trashumancia política aprobada por quienes son sus directos y exclusivos destinatarios, es una grave ofensa a la justicia, a la buena fe y al sentido común. Ni el cinismo de un Benedetti podría convencernos de lo contrario.
Por: Rodolfo Arango
http://www.elespectador.com/columna138531-cifras-no-mienten
SEGÚN INFORMACIÓN PROCEDENte de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, hasta el momento 81 congresistas elegidos para el período 2006-2010 han sido investigados o procesados penalmente por parapolítica en Colombia.
Esto equivale al 30,33% del total de los 267 miembros del Congreso: 45 senadores (44,1% del total de 102) y 36 representantes a la Cámara (21,8% del total de 165). De esos 81, 11 han sido excluidos de la lista, bien sea por autos inhibitorios (cinco conservadores, dos liberales y uno de Alas), por preclusión de la investigación (dos conservadores) o por absolución (un liberal). De los 70 congresistas aún involucrados en el escándalo parapolítico, 60 pertenecen a la coalición de Gobierno (85,7%) mientras el resto (14,3%) es del Partido Liberal (la mitad de este porcentaje representado en dos congresistas liberales de Córdoba). Ninguno del Polo.
Los partidos o movimientos políticos permeados por el paramilitarismo, sin incluir a los desvinculados de la investigación, en número de congresistas y votos, son: Partido de la U: 12 (ocho senadores y cuatro representantes), con 544.001 votos. Cambio Radical: 11 (ocho senadores y tres representantes), con 347.036 votos. Convergencia Ciudadana: siete (cinco senadores y dos representantes), con 344.149 votos. Partido Conservador: siete (tres senadores y 4 representantes), con 263.626. Colombia Democrática: seis (cuatro senadores y dos representantes), con 215.342 votos. Alas Equipo Colombia: cuatro (tres senadores y un representante), con 231.288 votos. Colombia Viva: cuatro senadores, con 162.205 votos. Apertura Liberal: cinco representantes, con 162.997 votos. A ellos se suman 54.097 votos de otros movimientos. O sea, el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2’324.751. ¡Casi dos millones y medio de votos uribistas cuestionados para las elecciones del próximo año! Es explicable el interés de la coalición de Gobierno por aprobar la reforma política sin silla vacía y la posibilidad de reelección del demiurgo de todo el proceso. También se entiende ahora quién y quiénes eran los beneficiarios de las ‘chuzadas’ del DAS a la CSJ.
Bajo el fementido objetivo de hacer más responsables a las agrupaciones políticas, el famélico proyecto de reforma política que va para sexto debate permite “por una única vez” a los actuales congresistas cambiar de afiliación política sin incurrir en doble militancia. La norma propuesta pretende que se baraje de nuevo antes de las elecciones de marzo de 2010 y que los cuestionados puedan adoptar un nuevo ropaje en la competencia electoral. So pretexto de una transición necesaria al nuevo régimen, los uribistas en el Congreso buscan eludir el castigo en las urnas por su conducta activa o pasiva. Pero el principio de responsabilidad política se resiste a ser burlado tan fácilmente. Los congresistas que integren las cuestionadas agrupaciones, voten favorablemente la norma y cambien luego de partido o movimiento para ser reelegidos, enfrentan un riesgo claro e inminente: la pérdida de investidura por incurrir en conflicto de intereses. Esto si el Consejo de Estado no actúa como el Absolvedor General de la Nación. La permisión de la trashumancia política aprobada por quienes son sus directos y exclusivos destinatarios, es una grave ofensa a la justicia, a la buena fe y al sentido común. Ni el cinismo de un Benedetti podría convencernos de lo contrario.
domingo, 29 de marzo de 2009
La nueva Corte Constitucional
La nueva Corte Constitucional
CONCLUIDO EL PROCESO DE NOMbramiento de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, con la designación casi por unanimidad de dos candidatos propuestos por el Presidente de la República, el país siente desconfianza por lo que ha de ser el futuro de esta corporación, que a través de los años se ha ganado el respeto y el cariño de los colombianos.
En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos, desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.
En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a colegas que, en su mayoría, respiran un talante oficialista.
A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.
Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de secretario jurídico de Palacio a juez del tribunal constitucional.
Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado en peligro.
El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.
Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.
Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.
El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.
Elespectador.com
CONCLUIDO EL PROCESO DE NOMbramiento de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, con la designación casi por unanimidad de dos candidatos propuestos por el Presidente de la República, el país siente desconfianza por lo que ha de ser el futuro de esta corporación, que a través de los años se ha ganado el respeto y el cariño de los colombianos.
En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos, desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.
En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a colegas que, en su mayoría, respiran un talante oficialista.
A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.
Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de secretario jurídico de Palacio a juez del tribunal constitucional.
Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado en peligro.
El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.
Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.
Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.
El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.
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La nueva corte cosntitucional
La nueva Corte Constitucional
CONCLUIDO EL PROCESO DE NOMbramiento de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, con la designación casi por unanimidad de dos candidatos propuestos por el Presidente de la República, el país siente desconfianza por lo que ha de ser el futuro de esta corporación, que a través de los años se ha ganado el respeto y el cariño de los colombianos.
En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos, desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.
En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a colegas que, en su mayoría, respiran un talante oficialista.
A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.
Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de secretario jurídico de Palacio a juez del tribunal constitucional.
Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado en peligro.
El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.
Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.
Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.
El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.
Elespectador.com
CONCLUIDO EL PROCESO DE NOMbramiento de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, con la designación casi por unanimidad de dos candidatos propuestos por el Presidente de la República, el país siente desconfianza por lo que ha de ser el futuro de esta corporación, que a través de los años se ha ganado el respeto y el cariño de los colombianos.
En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos, desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.
En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a colegas que, en su mayoría, respiran un talante oficialista.
A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.
Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de secretario jurídico de Palacio a juez del tribunal constitucional.
Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado en peligro.
El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.
Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.
Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.
El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.
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La nueva corte cosntitucional
La nueva Corte Constitucional
CONCLUIDO EL PROCESO DE NOMbramiento de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, con la designación casi por unanimidad de dos candidatos propuestos por el Presidente de la República, el país siente desconfianza por lo que ha de ser el futuro de esta corporación, que a través de los años se ha ganado el respeto y el cariño de los colombianos.
En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos, desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.
En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a colegas que, en su mayoría, respiran un talante oficialista.
A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.
Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de secretario jurídico de Palacio a juez del tribunal constitucional.
Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado en peligro.
El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.
Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.
Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.
El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.
Elespectador.com
CONCLUIDO EL PROCESO DE NOMbramiento de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, con la designación casi por unanimidad de dos candidatos propuestos por el Presidente de la República, el país siente desconfianza por lo que ha de ser el futuro de esta corporación, que a través de los años se ha ganado el respeto y el cariño de los colombianos.
En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos, desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.
En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a colegas que, en su mayoría, respiran un talante oficialista.
A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.
Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de secretario jurídico de Palacio a juez del tribunal constitucional.
Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado en peligro.
El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.
Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.
Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.
El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.
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jueves, 26 de marzo de 2009
Adiccion
Tipico comportamiento de adicto, no importa la ley, no importa el dinero, no importa la moral solo la satisfaccion de la adiccion.
jueves, 15 de enero de 2009
La medalla de uribe
Tomando en cuenta lo relacionado por Vladimir Florez, parece que uribe si merece esa medalla.
Publicado en http://www.elnuevosiglo.com.co/noticia.php
VLADIMIR FLÓREZ
Un dudoso honor
Solamente a un mandatario como Álvaro Uribe se le ocurre aceptar como un honor una condecoración que le otorga el líder más desprestigiado de la historia reciente de Estados Unidos, que no sólo está a punto de irse, sino que se halla en el punto más bajo de su popularidad.
Me daba vergüenza ajena ayer, viendo al presidente de Colombia sentado en el borde de una silla, con las rodillas juntas y los pies separados, esperando con emoción su turno para pasar a recibir la Medalla de la Libertad que le otorgaba el señor Bush. Aunque esa es la distinción civil más alta que se otorga en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que de exclusiva tiene poco; el mismo Bush la ha otorgado decenas de veces, no sólo a otros mandatarios títeres como Uribe, sino a varios ex funcionarios de su propia administración, como el ex director de la CIA que certificó la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
Uribe, que ha pretendido convencernos de que a él le producen alergia las cosas faranduleras, se veía patético este martes 13 mientras se miraba de reojo y se codeaba con el presidente de Estados Unidos, como dos estudiantes de secundaria que acababan de hacer una pilatuna. Porque es justamente eso lo que estaba recibiendo Uribe: un premio por la complicidad en las distintas travesuras que los dos realizaron juntos, y gracias a las cuales han menoscabado la democracia, han despreciado los derechos humanos y se han burlado de la justicia.
Carente del sentido de la dignidad, Uribe fue a Washington a sacar pecho por haber apoyado una acción infame e injustificada como la invasión a Irak, con todas las atrocidades que ésta ha implicado, pero que a la vez le ha dado a él patente de corso para seguir adelante con su política de seguridad democrática, sin medir métodos ni controlar abusos, y gracias a la cual han muerto cientos de colombianos inocentes, quienes en muchos casos han sido presentados como miembros o cómplices de la guerrilla, o han terminado convertidos en víctimas colaterales de la guerra contra el terrorismo.
Si el presidente de la República representa a todos los colombianos, yo ayer hubiera querido ser extranjero, para no sentirme tan humillado con semejante insensatez uribista.
Punto aparte. Tal como lo dijimos la semana pasada, la Federación Nacional de Cafeteros desistió de la absurda demanda contra el caricaturista gringo que supuestamente había ofendido a Juan Valdez y perjudicado al gremio cafetero. Aunque el argumento oficial es que el incidente se superó con la carta de disculpa, pero no de arrepentimiento, que envió Mike Peters, lo que yo creo es que una vez se le bajó la cafeína, el doctor Gabriel Silva se dio cuenta de que el escándalo que había armado la semana pasada no tenía asidero alguno. De hecho, ni siquiera los abogados neoyorquinos a los que supuestamente iba a acudir la Federación le encontraron pies ni cabeza a semejante despropósito.
Publicado en http://www.elnuevosiglo.com.co/noticia.php
VLADIMIR FLÓREZ
Un dudoso honor
Solamente a un mandatario como Álvaro Uribe se le ocurre aceptar como un honor una condecoración que le otorga el líder más desprestigiado de la historia reciente de Estados Unidos, que no sólo está a punto de irse, sino que se halla en el punto más bajo de su popularidad.
Me daba vergüenza ajena ayer, viendo al presidente de Colombia sentado en el borde de una silla, con las rodillas juntas y los pies separados, esperando con emoción su turno para pasar a recibir la Medalla de la Libertad que le otorgaba el señor Bush. Aunque esa es la distinción civil más alta que se otorga en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que de exclusiva tiene poco; el mismo Bush la ha otorgado decenas de veces, no sólo a otros mandatarios títeres como Uribe, sino a varios ex funcionarios de su propia administración, como el ex director de la CIA que certificó la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
Uribe, que ha pretendido convencernos de que a él le producen alergia las cosas faranduleras, se veía patético este martes 13 mientras se miraba de reojo y se codeaba con el presidente de Estados Unidos, como dos estudiantes de secundaria que acababan de hacer una pilatuna. Porque es justamente eso lo que estaba recibiendo Uribe: un premio por la complicidad en las distintas travesuras que los dos realizaron juntos, y gracias a las cuales han menoscabado la democracia, han despreciado los derechos humanos y se han burlado de la justicia.
Carente del sentido de la dignidad, Uribe fue a Washington a sacar pecho por haber apoyado una acción infame e injustificada como la invasión a Irak, con todas las atrocidades que ésta ha implicado, pero que a la vez le ha dado a él patente de corso para seguir adelante con su política de seguridad democrática, sin medir métodos ni controlar abusos, y gracias a la cual han muerto cientos de colombianos inocentes, quienes en muchos casos han sido presentados como miembros o cómplices de la guerrilla, o han terminado convertidos en víctimas colaterales de la guerra contra el terrorismo.
Si el presidente de la República representa a todos los colombianos, yo ayer hubiera querido ser extranjero, para no sentirme tan humillado con semejante insensatez uribista.
Punto aparte. Tal como lo dijimos la semana pasada, la Federación Nacional de Cafeteros desistió de la absurda demanda contra el caricaturista gringo que supuestamente había ofendido a Juan Valdez y perjudicado al gremio cafetero. Aunque el argumento oficial es que el incidente se superó con la carta de disculpa, pero no de arrepentimiento, que envió Mike Peters, lo que yo creo es que una vez se le bajó la cafeína, el doctor Gabriel Silva se dio cuenta de que el escándalo que había armado la semana pasada no tenía asidero alguno. De hecho, ni siquiera los abogados neoyorquinos a los que supuestamente iba a acudir la Federación le encontraron pies ni cabeza a semejante despropósito.
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