Acerca de la muerte de Edwin Legarda.

Se acaba el año, pero lastimosamente no terminan los hechos lamentables y bochornosos que tengan relación directa con el gobierno actual.

El principal y mas grave lo constituye la muerte del indígena Edwin Legarda, a manos de fuerzas militares. Recientemente los indígenas recorrieron gran parte del país denunciando el estado de indefensión en el que se encuentran ante los actores del conflicto, denunciando el asesinato continuo de sus lideres y ahora se observa claramente como las autoridades militares lejos de estar comprometidas con la defensa de estos pueblos, esta presta solo para disparar.
En la anterior entrada de este blog se encuentra consignado el preinforme de investigación acerca de los hechos acaecidos el 16 de diciembre en Totoró Cauca, sin embargo quiero resaltar los siguientes hechos:

- Edwin Legarda se movilizaba en una camioneta blindada, que transitaba permanentemente por el sector.
- No existía señalizacion de reten militar, esto fue comprobado por los indígenas que se presentaron casi de inmediato, pues viven en el sector.
- Se encontraron 105 vainillas de arma larga, no fueron disparos para que se detuviera, fue un ataque tal, del que yo también hubiera intentado huir a toda velocidad.
- Si Edwin Legarda, compañero de la líder indígena Aida Quique, se movilizaba en una camioneta blindada, es porque se tenia conocimiento de que estaban bajo amenazas.

Imaginemos la situacion por un momento: soy una persona consciente de que mi vida corre peligro, por eso viajo en una camioneta blindada, son las 4 am y voy conduciendo por una carretera oscura, de un momento a otro escucho gritos y disparos, no he visto nada que me indique que el ejercito estaba por ahí, no voy a averiguarlo, acelero...

A esto hecho lamentable se le suma el que el gobierno, lejos de asumir su responsabilidad como jefe de las fuerzas armadas, se concentre en tratar de excusar lo inexcusable diciendo que había información de que un carro estaba transportando armas; Lo cual solo demuestra el desprecio que siente uribe por los pueblos indígenas y justifica los reclamos de las comunidades por una verdadera política de seguridad y preservacion de sus pueblos.

Recordemos que estos no son los únicos "errorcitos" que ha cometido el ejercito, siguen apareciendo centenas de casos de muchachos desaparecidos a lo largo y ancho del país, mal nombrados como falsos positivos, pero que en realidad son fruto de una política de seguridad a todo costo, que según se observa dice: disparen que luego justificamos.

Preinforme acerca del asesinato del indigena Edwin Legarda

PREINFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VERIFICACION Y OBSERVACIÓN ANTE EL ASESINATO DE EDWIN LEGARDA VASQUEZ POR LA FUERZA PÚBLICA.
comunicaONIC 217 / 17 de diciembre del 2008.

La Comisión Nacional de Verificación y Observación de los hechos sucedidos el 16 de diciembre de 2008, en Totoró Cauca, donde fue asesinado el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ, desde el lugar de los hechos emite su primer informe de verificación.

Esta la conforman:
- Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-
- Colectivo de Abogados “José Alvear Retrepo”/ FIDH
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
- Asociación Para la Promoción Social Alternativa –Minga-
- Corporación Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –Reiniciar-
- Organización Femenina Popular – OFP-
- Programa No gubernamental de Defensores de Derechos Humanos –Somos Defensores-
- Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE-
- Mesa Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales.

a continuación el texto completo... (ver también en sesión de documento).

AVANCE INFORME

Misión de Observación y Verificación de los hechos en los que resulto muerto el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ el 16 de diciembre del 2008, en sitio San Pedro, corregimiento de Gabriel López , municipio de Totoró, jurisdicción de las autoridades indígenas del pueblo Totoroes, departamento del Cauca.
Las organizaciones sociales y de Derechos humanos que suscribimos el presente Avance de Informe, integrantes de la Misión de Observación y Verificación de los hechos en los que fue asesinado el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ en la madrugada del día martes 16 de diciembre del presente año 2008, nos permitimos expresar a la Consejera Mayor del CRIC, AIDA MARINA QUILCUE, a su pequeña hija, a sus familiares, a las autoridades tradicionales, al pueblo indígena del Cauca y a las Organizaciones Sociales en proceso de Minga y Resistencia, nuestros sentimientos de solidaridad y condolencia por el dolor que hoy les embarga.

Así mismo expresamos nuestra voz de protesta y absoluto rechazo frente a la agresión que ha cegado la vida de Edwin Legarda Vásquez. No cesaremos en la lucha contra la impunidad y porque la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición sean los pilares para dignificar la memoria y el legado del compañero Edwin.
Continuáremos acompañándolos hasta que “Se apague el sol”

A continuación presentamos a la sociedad colombiana, al gobierno nacional, a las autoridades concernidas, a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a los pueblos indígenas y a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el siguiente avance de informe recopilado durante los días 16 y 17 de diciembre de 2008:

1. En la madrugada del martes 16 de diciembre del 2008, fue asesinado el comunero EDWIN LEGARDA VASQUEZ, miembro del resguardo indígena pickwe tha fiw y compañero, de la Consejera Mayor del Consejo Regional indígena del cauca (CRIC), AIDA MARINA QUILCUE VIVAS.

2. Según versiones recibidas por diferentes fuentes y personas presentes en el lugar de los hechos, se ha establecido que el señor EDWIN LEGARDA VASQUEZ, se movilizaba en una camioneta 4X4, marca mazda, propiedad del CRIC, y utilizada por la Consejera mayor. Al llegar el vehículo a la altura del Kilometro 39, sitio conocido como Gabriel López, en dirección de Togoima a la ciudad de Popayan , fue objeto de un ataque indiscriminado con tiros de fusil efectuados por miembros de una unidad militar adscrita la batallón José Hilario López, al mando del sargento / tales.

3. Los hechos sucedieron aproximadamente a las 4:20 a.m. de la madrugada, en momentos en que el indígena EDWIN LEGARDA V, conducía la camioneta del CRIC, en compañía de una indígena perteneciente al área de salud. Los ocupantes del vehículo se dirigían a recoger a la Consejera Mayor Aida Quilcue, quien participaría en una Junta Directiva a desarrollarse en el resguardo indígena de Togoima, municipio de Páez.

4. La comisión verifico que el vehículo tipo camioneta, color rojo y de placas QR856, en que se movilizaban las víctimas, de propiedad del CRIC, había sido adquirida desde hacía más de 6 meses y este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades departamentales y nacionales, habida cuenta que se trata de un vehículo al servicio de la Consejera y un medio de protección ante las reiteradas amenazas y hostigamientos de que ha sido objeto. Para la comisión, este hecho es indicativo que el mencionado vehículo esta suficientemente identificado y es ampliamente reconocido por pobladores y autoridades de la región, por que en varias oportunidades transito por la vía donde ocurrieron los lamentables hechos, y por que el mencionado automotor, era utilizado para las diligencias y actividades propias que adelanta AIDA QUILQUE, como Consejera mayor del CRIC . De igual manera durante la jornada de resistencia indígena y en la marcha hacia Bogotá, este vehículo fue utilizado permanentemente, lo que le dio mayor visibilidad y notoriedad pública.

5. Las autoridades indígenas y pobladores de la región informaron a la comisión que la unidad militar responsable del crimen, se encontraba permanentemente más de un año en el sitio donde ocurrieron los hechos, y que al momento de los hechos no había señales propias y adecuadas que indicaran que se tratara de un reten militar.

6. Con posterioridad a los disparos, EDWIN y su acompañante, logro salir de la emboscada en medio de nuevos disparos. Sin embargo debió detener la marcha 800 metros más adelante debido a las tres impactos de fusil que recibió en la parte superior del tórax y en otros lugares del cuerpo que posteriormente causaron su deceso.

7. Según versiones de testigos presenciales, un automotor que minutos después transitaba en sentido contrario donde se desplazaba el Consejero VITELIO MENZA, observo la camioneta detenida al lado de la vía. Metros después fueron obligados a detenerse por los mismos soldados que habían baleado el carro del CRIC. Al tiempo que les exigieron bajarse del carro en medio de palabras agresivas y soeces, donde les preguntaban que si habían visto una camioneta blindada, según ellos, la cual habían baleado, y en donde al menos deberían haber “dos hijueputas muertos”. Seguidamente los conminaron a continuar y a negar haber visto el Ejercito en la zona. Estando allí, los pasajeros de este automóvil detenido por la tropa, presenciaron la llegada de una persona de civil, que, a juzgar por la familiaridad con que se dirigió a los soldados, hacia parte del mismo operativo en el que resulto baleada la camioneta del CRIC, y quien al parecer habría sido el responsable de suministrar la información al Ejercito del momento en que la camioneta del CRIC pasara por el lugar.

8. Pocos minutos de ocurridos los hechos, integrantes de la guardia indígena y cabildantes que viven en el sector donde fue asesinado EDWIN LEGARDO, en ejercicio de su jurisdicción indígena y derecho propio buscaron asegurar las pruebas, y para tal efecto realizaron un cerco preventivo para acordonar el sector, proteger la escena del crimen y evitar la fuga de las unidades militares responsables del asesinato de EDWIN.

9. Esta acción se mantuvo hasta que se hizo presente una Comisión del CTI. En un principio las autoridades indígenas debieron enfrentar las pretensiones de la Juez de instrucción Penal Militar del Batallón José Hilario López, de asumir la competencia de la investigación penal. En las gestiones preliminares se logro determinar que la unidad militar comprometida en los hechos estaba conformada por 32 soldados y 3 suboficiales.

10. Las primeras versiones del comandante de la unidad militar, así como de los soldados comprometidos en el asesinato de EDWIN y las heridas a su acompañante, aseguraron que habían respondido a disparos que inicialmente les habían hecho desde el vehículo. Posteriormente los soldados afirmaron que se habían visto obligados a disparar ante la negativa de la camioneta a acatar la orden de Pare que le habían hecho a la camioneta. Esta misma versión fue ratificada por el General JUSTO ELISEO PEÑA, Comandante de la III División del Ejercito quien señaló que “Edgar Legarda murió al no acatar la orden de pare en un reten militar”

11. Esta versión fue inmediatamente desmentida por que tanto la Comisión del CTI y las autoridades indígenas lograron constatar la inexistencia del mencionado reten militar, y de elementos de señalización como conos reflectivos, y otros distintivos.

12. Dentro de las pesquisas de investigación, las autoridades indígenas constataron la existencia de huellas ubicados a lado y lado de la carretera donde fue baleada la camioneta, lo que evidencia la presencia de soldados apostados durante tiempo considerable, a la espera, probablemente, del paso del vehículo en el que debería movilizarse la consejera mayor Aida Quilcué. Inexplicablemente. El CTI no quiso consignar en su informe estas evidencias, ante lo cual las autoridades indígenas decidieron adoptar los servicios de un autorizado perito que recogió la mencionada prueba acogiéndose a todos los protocolos exigidos para ello.

13. La Comisión conjunta de autoridades indígenas y CTI, logro consignar la existencia de aproximadamente 105 vainillas de arma larga, fusil, 16 de ellos alojados en las partes laterales de la camioneta. Solamente tres de estos, en la parte posterior del mismo automotor. Lo cual desmiente la versión inicial según la cual la tropa disparo ante la omisión de pare.

14. Durante la diligencia de aseguramiento de la cadena de custodia - protección de las pruebas en la escena del crimen- las autoridades indígenas expresaron su extrañeza por a existencia de 3 fusiles mas y una ametralladora M60 adicionales a los fusiles de dotación de los 35 implicados. Estos tres fusiles y la ametralladora no pudieron inicialmente justificados por el mando militar del operativo., particularmente el Sargento ALEXIS RAMIREZ VIVAS.

15. Todo esto difiere radicalmente de la versión de algunos testigos que escucharon los primeros disparos y de quienes escucharon la versión de la persona que acompañaba a EDWIN, al momento de los hechos, y quien habría asegurado que nunca observaron ningún tipo de señalización o elementos convencionales que identificaran algún reten o puesto de control militar. Tampoco escucharon ninguna orden de pare, y que en el sitio donde fueron emboscados, escucharon una nutrida ráfaga de disparos y observo que los fogonazos producidos por los proyectiles, salían de ambos lados del camino y que se hacían de manera diagonal y lateral a la camioneta. También afirma que después de los disparos, y mientras EDWIN aceleraba la camioneta procurando salir de la emboscada, la tropa, continuo disparando e incluso algunos de ellos, persiguieron el automóvil durante un trecho largo.

16. En horas de la tarde y después que se realizaran las pruebas técnicas por parte del CTI se suscribió un acuerdo entre autoridades indígenas del Cauca y el Brigadier General LEONARDO BARRERO, en el que este se comprometió a desmentir las versiones iníciales según las cuales EDWIN LEGARDA VASQUEZ, abría omitido la orden de pare hecha por la Unidad Militar responsable de los hechos, y de igual manera desmentir las versiones mal intencionadas que pretendían mostrar que las actividades de aseguramiento de las pruebas efectuadas por las autoridades indígenas constituían un “secuestro” tanto de los efectivos militares como los miembros del CTI. La Comisión resalta que dentro de los compromisos asumidos por el Brigadier Barrero se contempla que “... los efectivos militares serán recluidos en la Guarnición militar pertenecientes al batallón José Hilario López, hasta tanto la Justicia ordinaria defina su reclusión final ”

17. Para constatar el cumplimiento mencionado anteriormente, miembros de la Comisión se desplazaron en la mañana del 17 de diciembre a la sede del Batallón José Hilario López, donde se sostuvo entrevista con el Teniente Coronel ALEXIS IVAN CANTILLO BARRAZA, Comandante de este Batallón, y se verifico que los soldados responsables de los hechos, no se encuentran en calidad de detenidos, no cuentan con vigilancia y por el contrario algunos de ellos continúan ejerciendo actividades propias de su cargo militar.

18. La Comisión pudo verificar que los hechos ocurrieron un día después que la Consejera mayor AIDA MARINA QUILCUE VIVAS. regresara de Ginebra, Suiza, donde estuvo participando activamente en las sesiones del Consejo de Derechos humanos de Naciones Unidas, efectuado el 10 de diciembre, donde Colombia fue sometida al Examen periódico universal (EPU) por parte de este organismo. Durante las sesiones la Consejera informo a la comunidad internacional la grave situación de derechos humanos y derechos humanitario que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia y las razones por las cuales los pueblos indígenas y otras organizaciones sociales se han declarado en minga permanente por la defensa de la vida, sus derechos, la autonomía y el territorio

II. Contexto General sobre la Situación de las comunidades indígenas en Colombia

1. Según la información suministrada por el DANE, derivada del Censo General 2005, Colombia presenta una población indígena total de 1.378.884 personas y una población indígena asentada en resguardos de 933.800 personas, que incluye resguardos contemporáneos y los históricos de origen colonial y republicano. De acuerdo con esta información institucional en Colombia existen 445.084 indígenas que no poseen un territorio colectivo reconocido por el Estado que representa el 27% de la población indígena nacional.

2. Los grupos indígenas más grandes son los Wayuu, que viven en el departamento de La Guajira, y los indígenas Páez, habitantes del departamento de Cauca . Se incluyen agricultores, recolectores y pescadores, así como comunidades campesinas indígenas y pequeños grupos nómadas. También existe una creciente población indígena urbana.

3. Los indígenas habitan en todo el relieve del territorio nacional, y se encuentran en 27 de los 32 departamentos y en 190 municipios aproximadamente, de ese número, un 80% habita en la zona Andina y en la zona del Pacífico. Viven principalmente dentro de territorios de propiedad colectiva llamados Resguardos, de los cuales actualmente existen 567, que cuentan un territorio de 36.500.416 hectáreas en total, aproximadamente el 25% del territorio nacional , a pesar de ello, la mayoría de los territorios ocupados por las comunidades indígenas no son aptos para la agricultura y otras actividades económicas tradicionales .

4. La Constitución Política de 1991 marcó un momento muy importante en la historia de las comunidades indígenas de Colombia, pues por primera vez el ordenamiento jurídico reconoció su diversidad étnica y cultural, además de ello, la Constitución les garantiza los derechos que le son inherentes respetando su idioma, su territorio comunal y tradicional, sus patrimonios culturales y sus autoridades; y, como un paso importante en dicho reconocimiento, la Carta constitucional creó la Jurisdicción Especial Indígena, mediante la cual se autoriza a las comunidades indígenas aplicar justicia dentro de su territorio, de conformidad con sus normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a la ley.

5. Lo anterior no obsta para considerar que si bien el Estado ha realizado algunos esfuerzos tendientes a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, éstos siguen siendo uno de los grupos sociales más afectados por condiciones de marginación y exclusión, y por la permanente, sistemática y reiterada violación a sus derechos humanos que los coloca en una situación de especial vulnerabilidad.

6. El Relator Especial sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, señaló en su Informe de Misión a Colombia en 2004 que “hoy en día, la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante. Un gran número de comunidades sufre condiciones de violencia persistente en el marco de un conflicto armado que tiene impactos considerables en sus condiciones de vida cotidiana. Está incluso amenazada la supervivencia física y cultural de algunas comunidades indígenas muy vulnerables, especialmente en la Amazonía” .

7. En el informe de la Oficina del Alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas sobre la situación de las comunidades indígenas en Colombia se señalo en los informes del año 2007 y 2006 lo siguiente:

64. Las comunidades indígenas y afro colombianas han visto lesionadas la conservación de su identidad cultural, la integridad de sus territorios y la permanencia de sus formas de organización social. Sus miembros han sido víctimas de homicidios, amenazas y estigmatizaciones atribuidos a miembros de los grupos armados ilegales, y de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos imputados a efectivos de la fuerza pública. Entre las comunidades indígenas más afectadas están las de Nariño, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y la Amazonía. En Putumayo, Caquetá y Guaviare varios pueblos indígenas continúan en peligro de extinguirse. La Corte Constitucional resaltó la necesidad de hacer mayores esfuerzos para prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y afro colombianos especialmente afectados por ese fenómeno en este último año .
8. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades indígenas se demuestran en las siguientes cifras que comprende el periodo del 1 de enero del 2002 al 16 de octubre del 2008 , y que refleja lo siguiente :

INDÍGENAS ASESINADOS ENTRE 01 DE ENERO DEL 2002 Y EL 16 DE OCTUBRE DEL 2008


MASACRES DE INDÍGENAS ENTRE 01 DE ENERO DEL2002 Y 15 DE
OCTUBRE DEL 2008

AÑO PUEBLO INDIGENA No. MASACRES No. VICTIMAS RESPONSABLES
2002 WIWA 01 12 PARAMILITARES
KANKUAMO 01 16 PARAMILITARES
01 06 DESCONOCIDOS
AWA 01 06 PARAMILITRES
INGA 01 05 PARAMILITARES
SIONA 01 03 PARAMILITARES

SUBTOTALES 06 48
2003 KANKUAMO
KANKUAMO 01 05 PARAMILITARES
01 04 DESCONOCIDOS
EMBERÁ CHAMI 01 04 DESCONOCIDOS
NASA 01 05 DESCONOCIDOS

SUBTOTALES 04 18
2004 WIWA 04 40 PARAMILITRES
NASA 01 06 FARC

SUBTOTALES 05 46
2006 AWA 01 03 FARC

SUBTOTALES 01 03
2008 SIKUANI 01 04 FARC
NASA 01 04 PARAMILITARES
PASTO 01 03 FUERZA PUBLICA
AWA 01 03 DESCONOCIDOS
YANACONA 01 03 DESCONOCIDOS
EMBERÁ CHAMI 01 03 PARAMILITRES

SUBTOTALES 06 20
TOTALES 22 135

9. Por su parte el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en un consejo comunitario realizado en la ciudad de Popayán (Cauca) el día 15 de marzo del 2008 califico de delincuentes a las comunidades indígenas del Cauca y ordeno poner precio/recompensa por sus cabezas, en los siguientes términos:

“.. ¿ Hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores”…
“¡Ofrezcámoslas! eso ha sido muy útil en el país. Dicen: “no, es que están allá, están tan consolidadas, que no los rompen”. Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen “no, esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro”. Mentiras. Los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros (…)”

Señalo también:
.
“los delincuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen. Hay que romperlos con la recompensa, Mi General” y ordeno: (….) las autoridades militares y de Policía quedan esta noche autorizados para ofrecer recompensas por estos casos y facilitar la judicialización.

Estos graves señalamientos y provenientes desde el mismo Presidente de la República, han agravado la situación de seguridad de los lideres indígenas.

III. Sobre la movilización indígena: MINGA NACIONAL DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR:

1. El 12 de octubre del 2008, Los pueblos indígenas y sus autoridades convocaron a sectores sociales, populares y democráticos a una jornada de unidad comunitaria. Dentro de los objetivos planteados se encuentran los siguientes:
• Resembrar en la memoria colectiva, que los pueblos indígenas desde 1492 han sido sistemáticamente exterminados, situación que se ha agravado en los últimos dos periodos del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez.
• Defender la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios
• Denunciar los vínculos de sectores del congreso y de la vida política nacional con estructuras paramilitares responsables de graves crímenes contra la humanidad
• Exigir el pleno respeto de los derechos humanos
• Dentro de su cosmovisión la defensa de la madre tierra.

Dentro de las peticiones formuladas al Gobierno Nacional se encontraban las siguientes
• Que se implementaran medidas especiales con carácter urgente y concertadas con las autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria de los pueblos indígenas, en especial lo que se encuentran en vía de extinción, así como medidas para la superación de la impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas.
• El restablecimiento de los derechos territoriales mediante el cumplimiento de acuerdos celebrados y la concreción de una política integral en atería territorial, así como el resarcimiento publico del buen nombre de los pueblos indígenas y reparación integral a las victimas de la madre tierra
• La ratificación inmediata por parte del Estado Colombiano, de la declaración de la ONU sobre Derechos de los pueblos Indígenas y apoyo a la aprobación de la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA
• La derogatoria de la ley 1152 o estatuto rural y decretos presidenciales 2838, 1500 y 779 del 2008, así como la resolución del ICA que prohíbe el comercio de aves de corral
• EL Respeto y garantía a los derechos a la Verdad, a Justicia y Reparación Integral por los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares en connivencia y aquiescencia con agentes del estado

2. Particularmente en el Departamento del Cauca, las comunidades indígenas han solicitado el cumplimiento de acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional en diversas oportunidades entre estas la reparación colectiva de tierras que se comprometió el Estado de Colombia a entregar a las comunidades indígenas del Cauca, en el marco del proceso de solución amistosa celebrado a instancias de la CIDH, por los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 1991 , donde fueron asesinados 20 indígenas peces en el municipio de Caloto (Cauca), y cuya responsabilidad fue atribuida a miembros de la Policía Nacional y estructuras paramilitares

3. Previo a la movilización, y especialmente entre el 17 de septiembre del 2008 y el 15 de octubre del 2008 han sido asesinados mas de 29 indígenas.

4. Algunos de estos hechos se cometieron en el resguardo nuestra señora de la Montaña, municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, donde fueron masacrados los Indígenas pertenecientes a los Embera Chamí: Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol, y Cesar Largo Alarcón, y herida la mayor de 70 años María Angélica Alarcón, y cuya responsabilidad se atribuye a estructuras paramilitares que se autodenomina “águilas negras”. En el Departamento del Cauca, han sido asesinados 11 indígenas, entre ellos, Toribio Nicolás Valencia Lemus y de Jámbalo Celestino Rivera

5. En el norte del Cauca, municipio de Toribio fue asesinado Nicolás Valencia Lemus y en el municipio de Jámbalo, el indígena Celestino Rivera y Cesar Hurtado Trochez. Así mismo el ex - consejero mayor del Cric Raúl Mendoza, quién fuera asesinado el 28 de septiembre del 2008

6. Dirigentes indígenas en diferentes regiones del país han sido amenazados de muerte por estructuras paramilitares. Particularmente al correo electrónico de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), llego una amenaza firmada por CEC (Campesinos Embejucados del Cauca) anuncia que “siendo aproximadamente las 00:00 de esta Noche, recibirán información sobre la muerte de paHECES y cabecillas ex guerrilleros del CRIC por campesinos, lo que les será confirmado Telefónicamente a causa de su irrespeto”. Se refieren a los indígenas como paHECES, con lo que exponen su racismo y los señalan como excremento.
7. La amenaza de 7 páginas enuncia en su contenido pleno de odio y falsedades, y la decisión de difamar el proceso indígena y dar inicio al terror y a la muerte. Estos hechos coincidieron con la renuncia de Juan José Cháux Mosquera, ex- gobernador del Cauca, y que ocupaba el cargo de embajador en República Dominicana por nexos presuntos con el paramilitarismo colombiano.
8. La movilización indígena se inicio de forma pacífica en varios departamentos del Cauca (Comunidades indígenas Nasa, Yanacona), Valle del Cauca (comunidades indígenas Emberas Chamí, Aperaras Siapidaras y Wannan), Huila, (Comunidades Indígenas Nasas, Guámbianos y Yanaconas), Guajira (comunidades indígenas Wayuu), Córdoba (Comunidades indígenas Zenú, y Emberas Katios del Alto Sinú y del Alto San Jorge), Caldas (Embera Chamí), Córdoba, Sucre, Boyacá y en otros departamentos del país. Sin embargo la Fuerza Pública dio un tratamiento de guerra a una movilización social, atacando con armas de fuego, armas no convencionales, machete, asesinado a uno de ellos en el departamento del Cauca, e hiriendo a más de un centenar de ellos, bloqueando alimentos y quitando provisiones (alimentos y víveres) y, limitando el derecho a la circulación, apoyados con tanquetas y helicópteros, gases lacrimógenos y granadas. El saldo 3 indígenas asesinado y más de 120 heridos.

9. Posterior a la movilización realizada por las comunidades indígenas a la ciudad de Bogotá, se han presentado varios hechos de hostigamientos, y violaciones los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se ha recibido información que más de 8 comuneros indígenas habrían sido asesinados en extrañas circunstancias. Así mismo que se estarían adelantado procesos judiciales contra miembros de la Guardia Indígena y lideres de las comunidades indígenas. Así mismo se presento un atentado contra los equipos de comunicación de Radio PAYUMAT CXAB WALA KIWE, que la tiene fuera del aire, lo que se constituye en un atentado contra la libertad de expresión.

IV. La Justicia Penal Militar no es competente para asumir la investigación penal por el asesinato del Indígena EDWIN LEGARDO
La Corte Interamericana de Derechos humanos en reiterada jurisprudencia ha señalado con respecto a la Jurisdicción Penal Militar que entre otros aspectos lo siguiente:

“165. …en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

166. Es necesario señalar que la jurisdicción militar se establece en diversas legislaciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. En el caso de la legislación colombiana, el artículo 221 de la Constitución Política de 1991 dispone que los tribunales militares conocerán “[d]e los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”. Esta norma indica claramente que los jueces militares tienen una competencia excepcional y restringida al conocimiento de las conductas de los miembros de la fuerza pública que tengan una relación directa con una tarea militar o policial legítima.

167. Al respecto, la Corte ha dicho que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Como ha establecido la Corte con anterioridad, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial.

168. En este sentido, al resolver una demanda de inconstitucionalidad mediante sentencia de 5 de agosto de 1997, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia se pronunció sobre la jurisdicción penal militar e indicó, inter alía, que: “[…] para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar […] el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. […] Si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. [… E]l vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública”.

Conforme a lo anterior, y la comisión considera que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetro el asesinato del comunero indígena EDWIN LEGARDO, no se puede calificar como un acto relacionado con el servicio y por el contrario se constituyo en una grave violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y por tanto la investigación penal debe ser adelantada por las autoridades indígenas conforme a su jurisdicción, autoridades y derecho propio

V. Porque la jurisdicción Indígena es la competente para conocer de la investigación por el asesinato EDWIN LEGARDO
El artículo 246 de la Constitución Nacional. Establece

“… Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional.”

1. “En caso de conflicto entre el interés general y otro interés particular protegido constitucionalmente la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto a la luz de los principios y valores constitucionales. Y en el mismo sentido:

2. El procedimiento de solución de conflictos entre unidad y autonomía debe atender a las circunstancias del caso concreto: la cultura involucrada, el grado de aislamiento o integración de ésta respecto de la cultura mayoritaria, la afectación de intereses o derechos individuales de miembros de la comunidad, etc. Corresponderá al juez aplicar criterios de equidad, para dirimir el conflicto, teniendo en cuenta los parámetros constitucionales y jurisprudenciales establecidos al respecto.

3. El derecho colectivo de las comunidades indígenas, a mantener su singularidad, puede ser limitado sólo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho individual de alguno de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta, principio o derecho que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad.

Ahora bien, del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígena a un fuero. En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo.

Las autoridades indígenas están facultadas para asumir investigaciones por hechos que ocurran en su jurisdicción, en el presente caso a esta comisión no le asiste duda alguna que se reúnen a cabalidad tanto en elementos subjetivos y geográficos, teniendo en cuenta que el crimen afecto tanto a una comunidad indígena, a sus familiares directos y a sus autoridades. Se cometió el delito en el Territorio del pueblo Totoró y por tanto son sus autoridades y su jurisdicción especial a quienes corresponde el juzgamiento conforme a los parámetros establecidos en el derecho propio, esta comisión de justicia debe continuar la investigación penal y conforme a las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados impartir justicia, establecer la verdad de los hechos, y ordenar que se repare integralmente, tanto individual y colectivamente a los familiares, al pueblo indígena del Cauca y al procesos de resistencia indígena y popular.

RECOMENDACIONES
A las autoridades judiciales
1. Que se impulse y fortalezca una comisión especial de justicia de la jurisdicción especial indígena, que asuma conforme a su derecho propio la investigación , juzgamiento y sanción por los hechos en que fue asesinado el Comunero Indígena EDWIN LEGARD

2. Que se establezca un convenio de cooperación con el Cuerpo Técnico de Investigación para efecto de asegurar, preservar las pruebas en coordinación con la comisión de justicia e investigación de la jurisdicción indígena.

3. Que se adopten medidas de protección y seguridad para los testigos de los hechos previa concertación con los mismos, las autoridades indígenas y que prevalezca la cosmovisión de los pueblos indígenas, sus autoridades y conforme a la jurisdicción indígena y el derecho propio.

4. Mientras los órganos pertinentes dirimen la competencia en favor de la jurisdicción indígena, se ordene la remisión del proceso penal a la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia se solicite ante el Juez de Control de garantías, la captura inmediata de los implicados. Así mismo, que dentro del programa metodológico se tenga en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos, la masividad y sistematicidad de los crímenes cometidos contra la pueblos indígenas del Cauca, los máximos responsables, cadena de mando y la intencionalidad del crimen, que no solo afecto a la victima directa, a los pueblos indígenas, así como a la minga en resistencia.Que la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos que investigue y sancione a los responsables de las amenazas, atentados y violaciones a la vida e integridad personal de los pueblos indígenas del Cauca y sus autoridades tradicionales.

5. A la Corte Constitucional, declarar un estado de cosas inconstitucional de los derechos de los pueblos indígenas dado las múltiples agresiones, atentados y homicidios sufridos y violaciones sistemáticas y reiteradas a los derechos humanos que son víctimas nuestros pueblos indígenas.

6. Al fiscal General de la Nación, que ordene la elaboración de un informe sobre el estado de los procesos penales que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre la situación de las judicializaciones y criminalización que afectan a líderes, miembros de la Guardia indígena y comuneros, indicando si existen estos procesos, en caso afirmativo si se han proferido ordenes de captura u otro tipo de determinaciones que afecten a estas personas, informe que deberá ser enviado a las autoridades indígenas del CRIC y la ONIC.

A los órganos de control.

1. Que se cree un comisión especial que investigue los hechos en que fuera asesinado EDWIN LEGARDA, y en ejercicio del poder preferente asuma inmediatamente la investigación disciplinaria que permitan la sanción disciplinaria tanto de los militares que participaron en los hechos, como de los comandantes que emitieron las ordenes

2. Que se elabore un informe que contenga las hechos violatorios a las comunidades indígenas, que en un alto porcentaje son presentados como errores militares que permitan demostrar la sistematicidad y masividad de estos crímenes.

3. Que la Defensoría del pueblo profiera un Informe Defensorial que de cuenta de la situación de derechos humanos y derecho humanitario, así como de la situación de riesgo y amenaza en que se encuentran los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales para que se adopten medidas para su protección y pervivencia.

Al Gobierno Nacional.

1. Que el Presidente Álvaro Uribe Vélez haga un pronunciamiento público ante los medios masivos televisivos en horario triple A, donde reconozca la responsabilidad por el asesinato del comunero EDWIN LEGARDA VASQUEZ, reconozca la gravedad de los hechos, y que en uso de su facultad discrecional destituya a todos los comprometidos en la cadena de mando por este execrable, toda vez que este hecho se inscribe en un patrón de crímenes masivos y sistemáticos contra los pueblos indígenas y sus autoridades.

2. Que cesen los pronunciamientos que descalifican y estigmatizan como terroristas el libre ejercicio al derecho a la protesta, se ampare los derechos de los pueblos indígenas partícipes en la minga de Resistencia Indígena y Popular, así como los derechos a la vida, integridad personal y colectiva, a la reunión y manifestación y la asociación, el derecho al territorio, la diversidad étnica, cultural y autonomía de los pueblos indígenas, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la libertad personal, la libertad de expresión, la protección de la honra y la dignidad, los derechos políticos.

3. Que el gobierno nacional adopte medidas de protección concertadas con los pueblos indígenas para la protección y defensa de sus derechos colectivos.

4. Que se ordene a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa Nacional, el respeto a la Autonomía de los pueblos indígenas y por lo tanto se ordene el retiro inmediato de las tropas de sus territorios que ha puesto en riesgo su vida, su integridad y si cosmovisión como pueblos originarios.

A la comunidad internacional.
1. A la Comisión Interamericana que decrete medidas cautelares a favor de las autoridades indígenas, líderes, y testigos del hecho y que solicite al gobierno colombiano que adopte medidas urgentes de protección para los pueblos indígenas previa concertación con sus autoridades y que prevalezca su cosmovisión, sus usos y costumbres.
2. A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que haga un monitoreo permanente sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y que solicite al gobierno colombiano el cumplimiento de las recomendaciones sobre el tema indígena y en particular las recomendaciones del relator especial de los pueblos.
3. A los Gobiernos europeos y Estados Unidos que condicione cualquier tipo de ayuda militar, convenios de cooperación o firma de tratados comerciales al cumplimiento y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia

Suscriben:

Comisión Nacional de Verificación y Observación de los hechos sucedidos el 16 de diciembre de 2008, en Totoró Cauca, donde fue asesinado el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ.

Organizaciones que la conforman:

- Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-
- Colectivo de Abogados “José Alvear Retrepo”/ FIDH
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
- Asociación Para la Promoción Social Alternativa –Minga-
- Corporación Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –Reiniciar-
- Organización Femenina Popular – OFP-
- Programa No gubernamental de Defensores de Derechos Humanos –Somos Defensores-
- Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE-
- Mesa Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales.
… Popayán, Diciembre 17 de 2008.

Mancuso dice que la Fuerza Pública le ayudó en la masacre del Aro

Aunque para muchos siga siendo difícil imaginar a su "san uribe" como un patrocinador de las auc, los indicios seguirán apareciendo y señalando: La fuerza publica apoyaba las "labores", Rito Alejandro del Rio esta acusado publicamente por apoyar acciones de lesa humanidad, uribe estuvo en un acto de condecoración por los servicios prestados a la patria por el exgeneral del Rio. Y muchas otras pistas que se sumaran una a una, hasta que la realidad nos despierte y no nos permita seguir impavidos ante la impunidad de tantos crimenes.



Por: Con información de AP
Según dijo el líder paramilitar extraditado a EE.UU., la masacre cometida en el municipio de Ituango (Antioquia) el 22 de octubre de 1997 contó con la colaboración del entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, a quien nombró como “el general Ospina”.


Visiblemente demacrado, vestido con un traje negro, Salvatore Mancuso dijo desde una cárcel estadounidense en que está confinado que el extinto jefe paramilitar Carlos Castaño le contó que “la logística” para cometer la masacre de El Aro, el 22 de octubre de 1997, se la prestó el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, a quien nombró como “el general Ospina”. Tras los hechos, cerca de 20 personas fueron asesinadas.

Aunque Mancuso no precisó quién era Ospina, para la época de la masacre quien comandaba la IV Brigada, con sede en la ciudad de Medellín, era el general Carlos Alberto Ospina, hoy en retiro.

Durante una diligencia ante la Fiscalía, que fue transmitida vía satélite a Colombia, Mancuso aseveró que en varias oportunidades se reunió para hablar de la creación de grupos armados con Pedro Juan Moreno, el ex secretario de la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997, época en la que se desempeñó como gobernador del mencionado departamento el hoy presidente Álvaro Uribe. Moreno falleció en un accidente aéreo en febrero de 2006.

Pero Mancuso advirtió que el presidente Uribe nada tuvo que ver ni con la logística ni con la comisión de la masacre. Sobre este punto, Mancuso desmintió a un testigo --Francisco Villalba -- que reiteradamente ha sostenido que Uribe dio la orden para perpetrar los hechos violentos de El Aro. “Villalba no es creíble porque dice verdades y mentiras a la vez”, sostuvo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en julio de 2006 al estado colombiano por la masacre de El Aro.

Mancuso dijo que muchas veces su organización paramilitar “trabajó en llave” con la Policía y el Ejército y precisó que, incluso, si los uniformados reportaban 10.000 balas utilizadas en su lucha contra la guerrilla, era porque en realidad sólo habían gastado 1.000 y las otras 9.000 se las habían entregado a los paramilitares.

Mancuso y otros 13 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos en mayo por orden del presidente Uribe para que enfrenten acusaciones por narcotráfico.

Paramilitar implica a Uribe en masacre de ‘El Aro’

Fuente El espectador, 12 Nov 2008 - 12:59 pm (http://www.elespectador.com/articulo89983-paramilitar-implica-uribe-masacre-de-el-aro)

Francisco Enrique Villalba, ex jefe paramilitar en Antioquia,aseguró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara que fue el Presidente de la República quien ordenó la masacre de ‘El Aro' en el año 1997.

"La orden se dio por ocho secuestrados que había (...) él nos explicó sobre el secuestrado de Mario, el primo de Uribe (...) el Presidente mismo me dio en su momento la orden personalmente en el año 97 de cometer esa masacre", aseguró el ahora detenido jefe de las AUC.

Pero también Villalba Hernández afirmó que el Presidente lo condecoró, sin entregar detalles de cómo se había dado tal distinción.

Este miércoles el recluso se hizo presente en la Comisión de Acusaciones para declarar en el proceso que lleva esta célula legislativa por la concida masacre.

Francisco Enrique Villalba Hernández, es el único detenido por ese episodio de violencia, donde él mismo confiesa haber sido el jefe de un grupo de asalto de 22 hombres que perpetró la masacre de El Aro y después la de La Balsita.

Primero compareció el 15 de febrero y sostuvo que se entregó ante el CTI en febrero de 1998 porque se enteró de que venían los magnicidios de Eduardo Umaña, Jesús María Valle y Jaime Garzón.

Luego aseguró que Santiago Uribe era conocido de la organización porque respaldaba un bloque de las autodefensas en Santa Rosa de Osos en momentos en que su hermano era gobernador de Antioquia. Acusó al general Manosalva, al general Carlos Alberto Ospina y al comandante de la Policía Rosso José Serrano. En su declaración aportó detalles sobre el supuesto plan para asesinar a Jesús María Valle.

Después volvió el 15 de mayo para ampliar su declaración y dio detalles sobre la masacre de El Aro, hablando de supuestas reuniones entre Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y los hermanos Uribe.

La última vez lo hizo el pasado 12 de junio y sostuvo que, de las reuniones ante las autodefensas, los funcionarios del gobierno, los militares y los policías, existen grabaciones y fotografías. Particularmente frente a la reunión para planear varios magnicidios, Villalba sostiene que se hizo en la vereda Las Cruces, dos kilómetros antes de llegar a San José de la Montaña, en una finca llamada La Marranera.

Francisco Enrique Villalba Hernández está condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por la masacre de El Aro y a 37 por la masacre de La Balsita.

Lleva diez años preso y sus testimonios han pasado de los señalamientos a las retractaciones y viceversa. Su triple declaración de los últimos meses circula de mano en mano, ha pasado por todos los medios de comunicación y la manejan los abogados que defienden a los procesados de la parapolítica.

¿Qué credibilidad le asiste al explosivo testimonio? Hasta ahora, ningún tribunal de justicia lo ha reconocido como un testigo estelar. Pero Villalba sigue hablando, sin saberse a ciencia cierta cuánto es verdad y cuanto miente.

Esto es lo que reclaman nuestros indigenas

Así vamos trabajando la agenda[ 10/20/2008] [ ] [ Autor: ACIN]

El Gobierno Colombiano menciona la existencia de la agenda de movilización de los pueblos. En este texto, avanzamos con un análisis serio de lo que esta implica y propone y lo sometemos a la consideración d ela opinión pública.
En la edición matinal del Noticiero de Caracol Televisión, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias finalmente reconoce a nombre del Gobierno Nacional, los cinco temas de la agenda de la Minga de los Pueblos. Aunque la presenta de manera displicente y distorsionada, este es un avance significativo frente a la actitud y declaraciones de los últimos días. Respondemos a este hecho avanzando con unas explicaciones y claridades para que la opinión pública comprenda lo que estamos proponiendo. En estas líneas hacemos una lectura exclusivamente desde los pueblos indígenas, para ilustrar el análisis de la temática, entendiendo que aplican con especificidades a otros asuntos, pueblos, sectores y procesos.

1. Es claro que nuestra lucha, en el aspecto reivindicativo, incluye el tema de tierras que es trascendental para los pueblos indígenas. Pero lo reiteramos para que quede claro, no exigimos que se cumplan convenios y se resuelvan necesidades y derechos solamente en el tema tierras; el tema tierras no es un problema exclusivo de los pueblos indígenas ni se trata de una exigencia solamente para el Cauca. Sobre este tema seguiremos profundizando nuestras propuestas desde la abundante experiencia, evidencia y documentación que existe de modo que superemos los planteamientos superficiales que viene haciendo el Gobierno desde el propio Presidente. En esencia se trata de que el Gobierno cumpla con compromisos adquiridos que debe conocer la opinión pública. Dado que ya existen acuerdos y convenios, no buscamos negociar nada nuevo por el momento, sino que se de cumplimiento a lo convenido.

2. Frente al tema de los Tratados de Libre Comercio. En primer lugar reiteramos con toda claridad que sí es un tema trascendental de nuestra agenda de movilización y que debe ser abordado. Le recordamos al Gobierno Nacional que el TLC con los Estados Unidos ya cumplió su trámite en Colombia y ha sido aprobado por el Congreso de Colombia. Aunque tenemos reparos serios frente a todo el proceso de negociación, al carácter inconsulto del mismo y al trámite de aprobación, en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Reconociendo esta realidad, proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de los Estados Unidos. No tiene ninguna utilidad debatir el tema con el Gobierno de Colombia. Los motivos para rechazar este tratado y otros similares han sido planteados ampliamente y los reiteramos. Recordamos además que realizamos consultas populares transparentes, internacionalmente verificadas y democráticas en las que el 98% de los votantes dieron un rotundo NO al TLC.

3. El tema que hemos denominado “Legislación de Despojo” es ejemplificado por el Estatuto Rural o Ley 1152 de 2007. Tomamos como precedente la Sentencia C-030 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley Forestal1 . En ese sentido exigimos que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa según lo ordena el Acuerdo 169 de la OIT, Ley 21 de 19912 . Frente a esta demanda, exigimos que se deroguen de inmediato estas leyes (empezando por el Estatuto Rural) y se sometan proyectos de Ley al Congreso, que las sustituyan y que contemplen claramente los resultados y contenidos de un proceso apropiado y democrático de consulta previa.

4. En cuanto al tema de “Seguridad Democrática”, terror y guerra, repudiamos el repetitivo asesinato de indígenas, en promedio más de 100 por año durante los 6 años de presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, 17 crímenes de los cuales han sido cometidos entre el 17 de septiembre de 2008 y el día de hoy, ocho (de ellos por la fuerza pública, uno (1) por la guerrilla, cuatro (4) por los paramilitares y dos (2) por autores aun no conocidos. La ONIC ha estado elaborando reportes sobre violaciones de derechos humanos de manera seria y sistemática, sin que se haya logrado un compromiso serio y eficaz por parte del Gobierno Nacional para que se detenga la guerra sucia y el terror contra los indígenas, se investiguen los hechos y no queden en la más absoluta impunidad y se establezcan garantías para la vida y seguridad de personas y colectivos en coordinación con los pueblos y autoridades indígenas. El record del Gobierno Nacional frente a los pueblos indígenas es vergonzoso. El diagnóstico y las recomendaciones hechas por el Relator Especial para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, sigue siendo válido. Hay evidencia de un franco deterioro que apunta hacia el etnocidio y genocidio e inclusive la extinción de varios pueblos. A esto se suma el tratamiento criminal y de guerra que se le dio a la presente movilización, lo que amerita una investigación y documentación que conduzca a procesos de verdad, justicia y reparación integral a la vez que a la protección real de los pueblos indígenas en tanto pueblos y culturas y sujetos de derechos. En este momento, como consecuencia de los señalamientos fabricados y falsos que nos ha hecho el Gobierno y la fuerza pública como terroristas y manipulados por las FARC, nos ha involucrado directamente en el conflicto armado y en razón de esto, ha provocado un riesgo inminente de ataques contra la integridad, bienestar y seguridad individual y colectiva de todos los que hemos tomado parte en la Minga de los Pueblos. Responsabilizamos al Gobierno Nacional de haber creado esta situación de riesgo y de inminente amenaza contra nuestros pueblos. El propio Estado que debe protegernos, nos amenaza. En consecuencia, se hace necesaria la intervención y presencia inmediata de una comisión internacional que pueda asumir funciones concretas para que se de respuesta real a esta gravísima situación. Comisión para la que solicitamos la presencia y coordinación de James Anaya, Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Durante la presente movilización, al igual que durante todo su mandato, el Presidente Uribe y su Gobierno, han asumido una actitud particularmente preocupante frente a los pueblos indígenas, insistiendo en negarnos los derechos específicos que debe reconocernos y garantizarnos por mandato constitucional y legal. Insiste en presentar estos derechos como privilegios inmerecidos o abusos, en el propósito de generar resentimiento y promover conflicto con otros sectores sociales. Llamamos la atención sobre esta actitud y políticas peligrosas y amenazantes, que van generando discriminación y promoviendo prejuicios.

El Presidente y el Ministro de Agricultura manipulan cifras e interpretan diversos hechos de manera distorsionada para que otros sectores y la ciudadanía en general perciban que recibimos privilegios inmerecidos o que, peor aún, somos culpables de sus problemas y dificultades. Esto es falso y no tiene sustento en la realidad. La pobreza y la injusticia social nos afectan y son responsabilidad de las políticas de Estado de las que somos víctimas.

Afirmamos nuestro compromiso con el bienestar de todos los pueblos, con la equidad y la justicia social y lo hacemos como pueblos ancestrales y originarios. En consecuencia, exigimos que el Gobierno cese en su empeño de confundir la garantía de derechos colectivos, justicia social y equidad, obligaciones permanentes postergadas y negadas desde el Estado, con el derecho a la diferencia y el respeto por la diversidad.

Como pueblos indígenas, exigimos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea ratificada por el Estado Colombiano como Ley de la República. De la misma manera, respaldamos los derechos específicos de los demás pueblos y sectores sociales, siempre dentro un marco de justicia social y equidad. Lo que es aberrante y debe desaparecer es la concentración de tierras y riquezas y la legislación que garantiza beneficios y privilegios a gamonales, terratenientes, estratos altos y transnacionales a costa de la pobreza y explotación de la mayoría.

Una vez que nuestra agenda sea reconocida, comienza un proceso ya postergado de manera excesiva e innecesaria para abordarla y resolverla de manera integral y seria. Ello impone transformaciones profundas, no solo frente a los pueblos indígenas, sino para todos los sectores y todo el país. Se requiere asumir esta realidad de la manera más seria y madura posible. Seguir postergando estas transformaciones es irresponsable y está sumiendo al país en una sin salida que hasta ahora beneficia algunos intereses particulares, pero que resulta insostenible en el corto plazo, aún para quienes han acumulado beneficios. Transformar la institucionalidad Colombiana para beneficio de toda la sociedad, es necesario, posible e inevitable.

El manejo irresponsable que le da el Gobierno y los medios comerciales de comunicación a estos temas, requiere de la movilización consciente de amplios sectores y de la consolidación y desarrollo práctico de una agenda nacional en Minga para avanzar hacia el país posible y necesario. Esta Minga se propone establecer un camino sólido desde los pueblos para construir y poner en marcha una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto, a partir de sentir y compartir el dolor para que se haga camino de vida y libertad.


Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN
ACIN – Cxab Wala Kiwe
Santander de Quilichao, Octubre 20 de 2008.


1. Dice la sentencia literalmente_AA_CoLoN_ “Para que se hubiese cumplido con el requisito de la consulta habría sido necesario, poner en conocimiento de las comunidades, por intermedio de instancias suficientemente representativas, el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo. Ese proceso no se cumplió, razón por la cual la Corte concluye que, dado que la ley versa sobre una materia que se relaciona profundamente con la cosmovisión de esas comunidades y su relación con la tierra, y que, por acción o por omisión, es susceptible de afectarlas de manera directa y específica, no hay alternativa distinta a la de declarar la inexequibilidad de la ley.

2. Por todo lo anterior, la Corte declarará la inexequibilidad de la Ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la Ley General Forestal”.

Movilización indígena criminalizada por el gobierno

Fuente: Periodico El Turbion

http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/1093#comment-1035



Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.
La protesta se realiza para exigir soluciones concretas a problemas como la libertad de expresión; la falta de protección social, que ha ocasionado que 18 etnias estén al borde de la extinción al contar cada una con menos de 300 personas; la celebración de contratos con multinacionales, que van en detrimento del desarrollo y pervivencia cultural de estos pueblos; una reforma agraria que distribuya, de forma equitativa y justa, tierras en territorios ancestrales; el cese de las fumigaciones con glifosato, que aquejan la salud de humanos, animales y cultivos; la legalización de territorios indígenas; el castigo al genocidio de los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados y la solución negociada del conflicto, entre otros.
Desde el 11 de octubre de 2008, diferentes movilizaciones se han llevado a cabo, a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objeto de visibilizar que, al contrario de la celebración del encuentro de “dos mundos” que se lleva a cabo en octubre, los indígenas en Colombia siguen viviendo el exterminio, el colonialismo y la sumisión. De esta manera, en La Guajira se movilizaron 12.000 indígenas zenú, 15.000 indígenas más en Cauca, 1.200 en el Valle, 5.000 en Risaralda y otros más en Choco, hechos que han sido menospreciados por la gran prensa, que se centra en las declaraciones gubernamentales y en los acontecimientos violentos protagonizados por la Fuerza Pública en el Cauca.

El defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, ha calificado esta mañana de “desproporcionada y un total exceso el uso de armas por parte de la Fuerza Pública”, en los enfrentamientos que se están dando con los 10.000 indígenas que mantienen por octavo día la Minga Nacional de Resistencia en la zona de La María, municipio de Piendamó (Cauca). – Foto: ONIC
El gobierno ha preferido responder a la movilización usando la fuerza o enviando representantes que no generan confianza a la comunidad indígena, como la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que ha acusado al senador Piñacué de servir a la guerrilla y a la movilización de estar intervenida por actores armados ilegales. De igual manera, Álvaro Uribe ha preferido no negociar y, por el contrario, hacer eco a las afirmaciones de la viceministra respecto a la influencia de la guerrilla en la protesta pacífica que se ha desarrollado en el Cauca, ignorando de forma conveniente las denuncias en las que se acusa a las FARC de asesinar a varios lideres indígenas. El gobernador del Cauca, por su parte, advirtió al defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, sobre reportes de inteligencia que ponen en evidencia la intención de la columna Teófilo Forero de las FARC de asesinar a Feliciano Valencia, líder indígena y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La Defensoría del Pueblo en Cauca, el CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Intrnacional de Derechos Humanos (FIDH), el Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos (Sindh) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han denunciado que se dispara contra los indígenas con armas de fuego, que se usan gases lacrimógenos en concentraciones donde hay niños, que miembros de la fuerza pública han usado machetes contra los manifestantes, que se ha impedido el acceso de ambulancias en la zona para atender los heridos y se ha culpado de esto a los indígenas, que, además, soldados de contraguerrilla se han infiltrando para criminalizar la protesta, dejando material de intendencia para luego ser aportado como evidencia por la policía y así hacer creíble la intervención de la guerrilla.
El resultado de las acciones del gobierno ha dejado como resultado cuatro muertos en los últimos tres días, entre ellos un niño de 20 meses de edad, y más de un centenar de heridos por disparos de fúsil. Sólo en el departamento del Cauca hay un indígena asesinado; 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados y 21 con machete; 8 familias desalojadas y el intento de violación de una menor de edad. Esto sin contar que, en el último mes, 29 indígenas fueron asesinados y que la cifra en los 6 años de gobierno de Uribe asciende a1.240 muertos y 53.885 desplazados.


JAIRO DANILO CHAPARRAL SANTIAGO tenía la misión oficial de dejar en el territorio indígena un morral con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos, los cuales deberían luego ser encontrados por la policía para decir que en la movilización había infiltración de grupos armados al margen de la ley, según informó la propia madre del soldado. – Foto: ONIC
A pesar de las alertas tempranas y denuncias que organizaciones de derechos humanos y la ONIC han hecho, Uribe expresa que “se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, declaraciones que alientan la grave situación en la que se encuentran los indígenas que participan de la minga, al legitimar el uso de la violencia y la no negociación de las peticiones de una minoría étnica que, según el DANE, representa el 3% de la población en Colombia. Con esto, la situación de los indígenas tiende a agravarse: según declaraciones de habitantes de la María Piendamó, la Fuerza Pública “permanece dentro del resguardo desde hace dos días […] a pesar del acuerdo al que se llegó con Naciones Unidas para que devolvieran la autoridad a quien le corresponde constitucionalmente: los indígenas”.
Los líderes indígenas por su parte, manifiestan que no van a ceder en cuanto a tomarse las vías y defenderse con sus bastones frente a las agresiones de policías y militares. Rechazan, de igual manera, las declaraciones que los hacen pasar por guerrilleros y otras dadas por la Policía, que argumentan que los indígenas se auto disparan para incriminar a la Fuerza Pública. La minga, lejos de dispersarse por la intimidación que se realiza desde el Estado, está dispuesta a seguir persistiendo en la defensa de sus derechos, pese a las consecuencias que traiga consigo el enfrentarse a la obtusa posición que, desde el gobierno, se les ofrece como respuesta. Muestra de ello son las declaraciones de Verito Cobaría: “si Uribe quiere hacer historia matándonos a todos, saldremos a las carreteras”.

La cara antidemocrática del capitalismo, al descubierto

Noam Chomsky
Irish Times


El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza.

Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de la preocupación por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los ahorros y la asistencia sanitaria.

Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas "para claro beneficio de las mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos sin necesidad de fracasar o casi", según describió el asunto James Rickards, quien negoció en su día, por parte del fondo de cobertura de derivados financieros Long Term Capital Managemen, su rescate federat en 1998, recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía ya trillada. Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.

Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran Depresión.

También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones financieras colapsadas.

Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, aunque la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que "socializaran sus pérdidas", como hoy en el rescate financiado por el sufrido contribuyente. Tal intervención pública "ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos", concluían.

En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de los remedios, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.

El mercado financiero "deprecia el riesgo" y es "sistemáticamente ineficiente", como escribieron hace ya una década los economistas John Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba la liberalización financiera y mostrando los costes en que, por su causa, se había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los costes que recaen sobre quienes no participan en las transacciones. Esas "externalidades" pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.

La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en "ellas mismas". Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener –las "externalidades" de una supervivencia decente— unas prácticas que lleven, como suelen, a crisis financieras.

La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.

Los inversores y los prestamistas pueden "votar" con la fuga de capitales, con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de divisas. (1)

La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes democráticas radicales que iban desde la resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, para permitir cierto grado de democracia.

John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los gobiernos a restringir los movimientos de capitales.

Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho fundamental", a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos "derechos" garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han displicentemente considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o meros "mitos".

En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en el siglo XIX, los gobiernos "todavía no estaban politizados por el sufragio universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios". Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual podían ser transferidos a la población general.

Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de Bretton Woods "los límites a la democracia como fuente de resistencia a las presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del capital".

El obvio corolario es que, tras la desmantelación del sistema de posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las extravagancias electorales por parte de la industria de relaciones públicas constituye una buena ilustración.

"La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda".

Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de clase media crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos".

Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los de arriba.

Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de respuesta dondequiera, en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.

NOTA: (1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Bretton Woods, que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) –ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial— y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945.El rasgo principal de Bretton Woods era la obligación de todos los países de adoptar una política monetaria que mantuviera dentro de unos valores fijos la tasa de cambio de su moneda. El sistema colapsó, cuando los EEUU suspendieron la convertibilidad al oro del dólar. Eso creó la insólita situación por la que el dólar llegó a convertirse en la "moneda de reserva" para los otros países que estaban en Bretton Woods.

Fracaso de la seguridad democratica.

La noticia no podía ser más desalentadora, después de 6 años de política de seguridad democrática, ahora sabemos que fracasó.

El anuncio, aunque indirecto, fue proferido el viernes, 17 de octubre de 2008, por el ministro de Protección social, Diego Palacios, en entrevista con caracol radio, al decir que las diferentes huelgas que se desarrollan en el país, léanse: Corteros en el Valle, Indígenas en el Cauca, pescadores en el magdalena, trabajadores de la rama judicial, trabajadores de la registraduría, trabajadores de la DIAN, son organizados y obedecen ordenes de las FARC.

Es triste que, después de dar por seguro la derrota a las FARC por cuenta de la “operación jaque”, vengamos a descubrir que la guerrilla esta tan viva y tiene tanta fuerza y presencia en el país como para organizar y comandar una seguidilla de huelgas a nivel nacional. Además, como si fuera poco, tiene poder para incitar a acciones huelguísticas a personal de entidades del gobierno como la DIAN y la registraduría.

El afán de criminalizar las luchas, en la Colombia de Uribe, llega a los excesos de, como este, endilgarle tal poder a las FARC. No olviden que hace unas semanas la cuestión era si la guerrilla había infiltrado las universidades. Como quien dice, la guerrilla esta en todas partes, acechando, viva y coleando.

Claro que esto no es de extrañar porque, al fin y al cabo, que sería de Uribe sin guerrilla, a quien le echaría la culpa de todo lo que es incapaz de contener, como la debacle de la economía, o sustraer, desempleo, pobreza, desplazamiento...; como si fuera poco, como podría haber reelección si la causa principal por la que fue elegido y reelegido, es la infantil idea de que solo él puede acabar con las FARC.
Por el contrario, la guerrilla permanecerá como un fantasma que aparecerá y desperecerá según sea la conveniencia del momento. Pero algo es seguro, no desaparecerá para siempre, porque es necesaria para mantener distraída de lo importante a la opinión publica.

Pablo

Comunicado de "El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)"

18 Oct 08
Excesivo uso de la fuerza contra los miembros de comunidades indígenas


COL 171008


El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones de varias fuentes entre ellas la Organización Femenina Popular (OFP), organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre el excesivo uso de la fuerza utilizado por fuerzas combinadas del ejército y de la policía contra los miembros de comunidades indígenas reunidos en el Resguardo La María de Piendamó, en Toribio y sobre la vía Panamericana que conduce a Popayán, manifestándose pacíficamente a través de una Minga Nacional de Resistencia Indígena[1], en hechos ocurridos en varios lugares del Departamento del Cauca.

De acuerdo con las informaciones, los primeros hechos de ataque armado ocurrieron el 14 de octubre de 2008, hacia el final de la tarde, la comunidad de cerca de nueve mil personas, pobladores de varios resguardo que se encontraban reunidos pacíficamente en Piendamó, comenzó a ser víctima de disparos directos de numerosos miembros del Ejército Nacional, del grupo antimotines de la policía – ESMAD, e incluso de personas armadas vestidas de civil, que rodeaban a los pobladores desde las montañas y desde la carretera.

Según las informaciones, durante los hechos murió el Sr. Mariano Morano Dizú, Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Palma, en Pitayó, quien fue herido con arma de fuego en el cráneo y quien falleció luego de ser trasladado a Popayán. Además, al menos veinte personas resultaron heridas por arma de fuego, de machetes, o por golpes.

La lista no exhaustiva de los heridos, con la descripción de algunas de las heridas es la siguiente:

John Freddy Piñacue, de 16 años de edad, herido con garrote en la frente;
Hermes Arbey Díaz, proveniente de Huellas, Caloto;
Mauricio Menza, proveniente de Jambaló, herido en la frente por roce de proyectil de arma de fuego (tiro recalzado[2]);
Benjamín Ramos, proveniente del Resguardo de Tálaga, Caldono, herido en el ojo izquierdo y con proyectil en el pecho;
Enyi Ulcué, proveniente de Pueblo Nuevo, Caldono, herido en la pierna izquierda con arma de fuego;
Mario Guetoto, proveniente de Delicias, herido en la naríz;
Diomedes Quinto, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
Joaquín Cotocué, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
Milciades Tumbo, proveniente de San Andrés de Pisimbilá;
José Ferney Pardo, proveniente de Inzá, Tierradentro;
Adolfo Quitumbo Yatacue, proveniente de Corinto;
Harold Cucuñame de Honduras, proveniente de la Zona Occidente;
Delio Quitumbo, proveniente de Toribío, tiro recalzado pierna izquierda;
Mario Huetoto, proveniente del resguardo de Delicias, Buenos Aires, herido en ojo izquierdo, tiro recalzado;
N.N. (persona cuya identificación no se ha informado), con un golpe grave en la cabeza;
Según las mismas informaciones, durante los hechos habrían sido detenidas al menos tres personas: los Sres. Leonardo Chocué, proveniente de Tierradentro; Eduardo Cotoina, proveniente de Tierradentro, y Pablo Dagua, proveniente de Corinto.

De acuerdo con las informaciones, como la Minga se extendió a varias zonas del país en cerca de 15 departamentos, los ataques contra las manifestaciones por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD, han continuado, arrojando cifras de más de cien heridos, numerosos de ellos graves y, según las denuncias, varios muertos y desaparecidos, cuyos nombres no han sido informados hasta el momento. Según las informaciones la mayoría de las personas heridas pertenecen a las comunidades indígenas reunidas en Toribio y al grupo de manifestantes que avanzan por la Carretera Panamericana con rumbo a la ciudad de Popayán.

La OMCT al condenar estos hechos violentos, manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todas y cada una de las personas que participan en la Minga Nacional de Resistencia Indígena arriba mencionada y solicita vehementemente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tomen las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de todas las personas presentes en el Resguardo La María en Piendamó y en general de todos los indígenas a lo largo y ancho del país.

Antecedentes y contexto de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su muy seria preocupación frente a los graves hechos aquí denunciados y frente a la situación de inseguridad que enfrentan todos los miembros de comunidades indígenas en Colombia, ya que, según las denuncias, entre el 17 de septiembre de 2008 y el 12 de octubre de 2008 al menos 15 indígenas han sido asesinados.

Los indígenas asesinados cuyos casos se han denunciado son: César Hurtado Tróchez, asesinado en su casa del Resguardo de Guadualito, el 13 de octubre; Nicolás Valencia Lemus, baleado en zona rural de Toribío; Raúl Mendoza, asesinado por sicarios en Popayán; Segundo Oswaldo Tapie y Hugo Gildardo Alpala, dos guardias de la Comunidad de los Pastos muertos en Cumbal por el ejército; Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo, asesinados por el grupo paramilitar Aguilas Negras en Riosucio, Caldas[3]; Oscar Diogirama asesinado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, en Rosucio - Chocó; Leonar René Portilla, Luis Alberto Ortega y Carlos Alberto Charra, muertos por la policía en Santa Cruz (Nariño); Justiniano Tunubalá muerto en Jambaló por el ejército; Celestino Rivera asesinado por desconocidos también en Jambaló; Raúl Morales Hío, gobernador nasa del resguardo de El Peñón, asesinado en el suroccidente de Popayán.

También se ha denunciado que dos Indígenas Yanaconas del cabildo el Paraíso, La Vega, cuyos nombres no han sido informados, fueron desaparecidos la semana anterior en la zona sur del Macizo colombiano.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:

tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los heridos arriba mencionados y en general de todas las personas que hayan resultado heridas durante los hechos arriba mencionados, incluida la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera;
tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la Minga que se realiza en el Resguardo La María en Piendamó y en el resto del país;
llevar a cabo una investigación independiente, competente, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba mencionados, en particular al excesivo uso de la fuerza por parte de los miembros del ejército y de la policía, a la presunta ejecución extrajudicial del Sr. Mariano Morano Dizú y también al asesinato del Sr. Cesar Hurtado Tróchez, y de todas las demás personas arriba mencionadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
otorgar una adecuada reparación a los miembros de la familia de los Sres. Mariano Morano Dizú, Cesar Hurtado Tróchez y todas las demás personas asesinadas durante los hechos arriba mencionados;
dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones

Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, buzon1@presidencia.gov.co Tels.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ;
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de dd.hh y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co ; ppdh@presidencia.gov.co
Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co;
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de dd.hh y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra, 17 de octubre de 2008.

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

[1] Una Minga Nacional de Resistencia Indígena, es una jornada de unidad comunitaria, social y popular. En el presente caso la minga fue convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC con ocasión del aniversario, el 12 de octubre, del Descubrimiento de América, con el fin de, entre otros, recordar que los Pueblos Indígenas han sido, desde 1492, sistemáticamente exterminados y también, para defender la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las poblaciones indígenas. En esta ocasión además están desarrollando la Minga con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos del gobierno respecto a la entrega de tierras y como rechazo a la represión de que vienen siendo víctimas, en particular desde los últimos meses.
[2] Se conoce como tiro recalzado a la manera y/o trayectoria del tiro que causa la herida, es decir que el tiro no penetra sino que roza, produciendo diferentes tipos de heridas como cortadas o quemaduras que pueden llegar a ser graves.

[3] Ver Llamado Urgente: OMCT COL 081008.

http://www.omct.org/

Importante

Este es un correo de (desde abajo Prensa Independiente de Colombia :: Comunicación alternativa de Colombia) enviado por Pa (paristiz@gmail.com). Puedes encontrar interesante el siguiente enlace: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/161-edicion-138/926-corte-podra-declarar-la-nulidad-de-oficio-reeleccion-de-uribe.html

Jaime Garzon

http://es.youtube.com/watch?v=pgnpj8LlUe0

Lo dijo Jaime hace como 12 años, que capacidad de vision... en contrapartida a tanto ciego deambulando por ahí.

Los invito a ver este video y permitirle a otros recordar el estilo de Jaime Garzon para denunciar lo que a todas luces iba a poner en peligro la escasa democracia que ha habido en este país.

Consejo superior de la judicatura, por Claudia Lopez

Quizá la institución más importante para mantener la independencia interna y funcional de la rama judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. Su Sala Administrativa administra el presupuesto y funcionamiento de la rama. La Sala Disciplinaria evalúa la gestión de los despachos judiciales, actúa como instancia disciplinaria de todos los abogados y jueces del país y dirime los conflictos de competencias entre diferentes jurisdicciones. También resuelve, en segunda instancia, los fallos contra sentencias de otras altas cortes. Por todas esas funciones, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la columna vertebral de la independencia y funcionamiento de la Rama Judicial.

La Constitución del 91 previó que el Presidente de la República ternaría los candidatos para conformar esa Sala y la elección final la haría el Congreso de la República. El propósito del diseño constitucional era que nunca un mismo Presidente pudiera ternar a más de dos de los siete magistrados de la Sala. El presidente Uribe, como en tantas otras materias, se dio maña de torcer la Constitución y colocar cinco magistrados. Próximamente ubicará dos más y completará la captura total de la Sala Disciplinaria. Ahora será el Presidente -no unos jueces independientes del Gobierno- el que tendrá la potestad de sancionar a cualquier juez o abogado, del que no le gusten sus decisiones. También podrá resolver las tutelas que le lleguen, según su conveniencia. Para la muestra, la tutela que le ordena a la Corte Suprema borrar del cohecho de la reelección al Ministro de la Protección.

El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala. Por eso, puso en marcha una piñata politiquera a la que convidó a partidos de su coalición y les dio total autonomía para que cada uno armara su propia terna sorpresa de mercachifles confiables. Para no correr ningún riesgo, el Presidente les dio guiños bonus para que cada partido les dijera explícitamente, a él y a los demás partidos de la coalición, cuál de los tres era el ternado de su predilección. El ungido era protocolariamente aprobado a pupitrazo en el Congreso y luego reverentemente posesionado en la Casa de Nari. Así se consumó la captura de la Judicatura. La siguiente piñata será para la Corte Constitucional.

Los partidos uribistas, metidos hasta el cuello con la politiquería y la criminalidad, se lucieron para escoger los jueces de sus intereses. Los reductos internos que clamaban por una selección decente fueron rápidamente expulsados de la piñata. La rapiña fue hábilmente ganada por lo más reputado de cada secta partidista.

El primer ganador fue el congresista Luis Fernando Almario, investigado por vínculos con paramilitarismo, Farc, narcotráfico y corrupción administrativa. Ese dechado de virtudes fue el promotor del hoy "magistrado" Angelino Lizcano. Aunque para ser justos, hay que aclarar que el señor Lizcano no le debe el puestico a su ex jefe Almario, sino que se lo ganó a pulso en sus años como Secretario General de ese otro dechado de virtudes que es el Senado de la República.

Como recomendado de Colombia Democrática en general y de Mario Uribe, en particular, llegó el "magistrado" Ovidio Claros, cuya oscura trayectoria personal y pública es antónimo de su nombre.

También llegó el "magistrado" Pedro Sanabria, otra cuota judicial del ex senador Ciro Ramírez, que, según testigos de su actual proceso judicial, cobraba sus favores políticos y judiciales en cuotas de participación en los cargamentos de cocaína de los narcos y paramilitares a los que les hacía vueltas.
Nada menos que ese espectáculo 'mafiosongo' era lo que podía esperarse de la piñatización que Uribe y su gavilla partidista hicieron de la facultad que la Constitución les otorgó al Presidente y al Congreso. Desafortunadamente, la Constitución no podía prever la clase de Presidente y Congreso que ejercerían tal facultad.

Claudia López

Biocombustibles. Por Daniel Samper.

Una biovoltereta hacia atrás

Una de las peores consecuencias de las constantes trifulcas que plantea la Casa de Nariño a magistrados, periodistas, vecinos, ONG y opositores es que, por atender la incesante polvareda, el país olvida otros terrenos donde se producen o podrían producirse enormes calamidades.

Uno es el anacrónico salto que está dando el Gobierno en favor de los biocombustibles (BC), productos destilados de la caña de azúcar, el maíz, la soya, la palma y otros tipos agrícolas, que se mezclan con gasolina para abaratar el gasto de los automotores.

El domingo pasado, los ministros de Agricultura y de Energía respondieron en el canal 9 preguntas de los ciudadanos sobre los BC. Fue un laudable ejercicio informativo. Pero incompleto y acomodaticio. No estaba allí el Ministro de Medio Ambiente, que tanto podría decir sobre el peligro ecológico de la industria biocombustible; tampoco había representantes de entidades académicas y científicas, como el Foro Nacional Ambiental, fuerte crítico de los BC. En cambio, los ministros aparecieron de gancho con el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles.
Esto prueba la alianza entre el Gobierno y ciertos intereses industriales, justo cuando el mundo empieza a apartarse de la receta de producir BC. Convertir mazorcas en combustibles parecía una panacea: pero se ha descubierto que es insostenible.

Para empezar, los subsidios. El Estado colombiano cede cuantiosos ingresos para estimular la producción de etanol. El 10 por ciento de alcohol carburante que se agrega a cada galón de gasolina priva al Estado de 251 pesos por exoneración de impuestos. Según el profesor Guillermo Rudas Lleras, el beneficio de los grandes productores de caña alcanzará este año 206 mil millones de pesos. Semejante suma, que dejan de percibir las arcas públicas y va a bolsillos privados, supera los aportes oficiales al Sistema Nacional Ambiental entre 2002 y 2006 y es cuatro veces mayor que el presupuesto asignado este año a los parques nacionales.

Los BC ofrecen otros peligros: desplazan la agricultura de pancoger, favorecen los latifundios (remember Carimagua), encarecen la comida. Según entidades mundiales, entre un 20 y un 60 por ciento del reciente aumento de precio de los alimentos se debe a que cada vez se destinan más cereales a alimentar carros que estómagos. "Los BC han arrastrado más de 30 millones de personas a la pobreza", afirma Oxfam, respetada confederación de agencias de desarrollo.

No es verdad, además, que se trate de una solución "verde". La emisión de dióxido de carbono que genera el desplazamiento de sembradíos solo se compensa, en algunos casos, cuatro siglos después. Y rinde poco. Si la totalidad de la cosecha mundial de cereales y azúcares se convirtiera en BC, solo llenaría el 40 por ciento de los tanques de gasolina. Para completar, el Premio Nobel Paul Crutzen ya advirtió que ciertos fertilizantes para BC emiten óxido nitroso, un gas 296 veces más tóxico que el dióxido carbónico.

La advertencia del Comisionado Europeo de Desarrollo, Louis Michel, es: "La moda de los BC puede ser catastrófica". Y la recomendación de Oxam: desmonten ya mismo las políticas de apoyo a los biocombustibles.

Resulta inaudito que Colombia importe una política altamente cuestionada y que lo haga, además, cuando el fracaso del capitalismo salvaje debería inspirar formas más humanistas y amables de desarrollo. Wall Street podría devorar, en ayudas oficiales a grandes especuladores quebrados, 900 mil millones de dólares. Con solo 14.500 millones habría suministrado la comida indispensable que piden 53 países hundidos en crisis de hambre. Si ese dinero que resarcirá los estropicios del sistema prestamista hubiera ido al Tercer Mundo, habría cambiado la vida en el planeta.
Colombia debe aprender de la hecatombe neoliberal y proteger su gente, su medio ambiente y su comida.

cambalache@mail.ddnet.es

Daniel Samper Pizano

El Tiempo Octubre 1 de 2008