Si quieren le pueden echar una miradita a la hermosa ley 1259 en este link http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1259_2008.html.
Que tristeza
http://www.semana.com/noticias-opinion/basura-tomas-jeronimo/123245.aspx
Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien.
El día en que me enteré de los negocios de los hijos del Presidente, supe que, con el pretexto de fomentar la cultura ciudadana y proteger el medio ambiente, salió una ley que prohíbe a los pobres acercarse a la basura: castiga con comparendos a quienes hurguen en las canecas o recojan desperdicios en "medios no aptos ni adecuados".
Hasta donde sé, quienes hurgan en la basura son los pobres: los mendigos, por ejemplo, o los recicladores que andan en zorras, que es a lo que se deben referir cuando hablan de medios no aptos ni adecuados. De modo que, en adelante, la única manera de acercarse a una bolsa de basura sin que la Policía lo agarre a bolillo es ser rico: tener una empresa que se dedique al negocio cada vez más jugoso de las basuras, como Residuos Ecoeficiencia, la de los hijos del presidente Uribe.
A mí me da lástima con los pobres, pero también pienso que quién los manda: quién los manda a meter las manos en las tripas de una bolsa de basura, y exponerse a las cuchillas, los pañales y todas las porquerías que se puedan encontrar en ella, en lugar de montar una empresa sólida y millonaria en una zona franca.
Pero así son todos ellos: no saben hacer negocios. No saben ganarse las venias de los ministros; ni saben ser amables con los alcaldes que convierten en zonas francas los lotes que hayan comprado un poco antes. Ni siquiera saben comprar lotes. Lo único que hacen es hurgar la basura con las manos.
(Muchas veces, además, la dejan desperdigada. Hace unos días vi a un niño como de 5 años que sacaba de la caneca unos huesos de pollo para lamerlos, y no tuvo la consideración ciudadana de dejar la basura como la encontró. Ojalá lo ubiquen y le pongan el comparendo. Me ofrezco ante las autoridades por si quieren hacer un retrato hablado para dar con su paradero).
Ah, estos pobres de hoy en día. Nunca son aptos ni adecuados. Y encima se la pasan protestando. Montan guerrillas, hacen mingas indígenas, organizan marchas. Les parece injusto todo: incluso que cuando alguien detecta que la basura puede ser buen negocio, los saquen a gorrazos de ella a pesar de que era el lugar al que históricamente los habían confinado para que sobrevivieran.
Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien. ¿Por qué? Pues porque si uno deja que la manejen los pobres, se rompe el equilibrio: los pobres pueden dejar de ser pobres, y no podemos permitirnos ese lujo.
Los pobres son útiles para muchas cosas, como para que ahora traten de ganar plata. Sin pobres, ¿con quiénes haremos los falsos positivos? ¿Con William Vélez y otros empresarios uribistas? Sin pobres, ¿a quiénes desplaza uno de Carimagua? ¿A los empresarios palmicultores a los que favorecía el 'Pincher' Arias? Sin pobres, ¿de quiénes nos protege la seguridad democrática? ¿De Armandito Benedetti?
Pensaba decir que no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aun más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del Mira, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó.
Pensaba decir que ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista, y que esta ley es prueba de ello.
Pero les digo la verdad: ya no pienso sufrir. Voy a ser más práctico. Y como el gobierno ha mostrado que sólo tiene compasión por los empresarios, pienso convertirme en uno de ellos.
Por eso, en adelante pienso no sólo defender a Tomás y Jerónimo, sino tratar de parecerme a ellos: aprender de fiducias, escisiones, cuentas en Panamá y demás astucias legales que yo creí que manejaban solamente personas del estilo de Murcia.
Hombre, sí: es cierto que hacen negocios en una parte del sector privado que puede ser muy rentable por las decisiones fundamentales que algunos subalternos de su papá terminen tomando. Y sí: los muchachos hacen negocios en la zona franca. Pero es que les han inculcado la franqueza con tanto rigor, que en cuál otra zona podían hacerlos.
Alguna vez dije que quería asociarme con ellos para revender artesanías. Retiro lo dicho. Quiero ser socio de ellos, pero en Residuos Ecoeficiencia, el negocio de basuras que tienen en la zona franca. Después de esta ley ya todo quedará para nosotros.
miércoles, 13 de mayo de 2009
lunes, 11 de mayo de 2009
La reforma politica.
Una reforma política inocua
LA REFORMA POLÍTICA QUE CURSA EN EL CONGRESO, concebida inicialmente como mecanismo para blindar las elecciones y los partidos de la influencia de actores ilegales, posible solución, entonces, a tantos y tan decepcionantes escándalos, después de haber sido aprobada en su sexto debate, hoy no pasa de ser una reforma insuficiente. Para muchos, completamente inocua. Y, sin embargo, rica en beneficios para la coalición uribista.
No es de extrañar que la reforma política no establezca correctivos para los partidos, en su mayor parte uribistas, que acogieron a los parapolíticos que hoy se encuentran en prisión. El 29% del Congreso electo en 2006 ha sido investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La “silla vacía”, sanción emblemática que contemplaba la reforma anterior —y que implica la pérdida de la curul de un partido por cada parlamentario condenado—, no empezará a regir sino en 2010. Como era de esperarse, no se contemplan medidas retroactivas y las sanciones sólo aplicarán para los partidos que participen en las próximas elecciones.
Las campañas políticas tendrán como principal financiador al Estado y éste les entregará como anticipo el 50% de los recursos que recibió el partido en las últimas elecciones por reposición de votos. Dadas las circunstancias particulares del Congreso colombiano, una medida indignante. El desconocimiento total de algunos de los métodos con los que algunos partidos políticos con representación en el Congreso acumularon votos en los comicios pasados. Constreñimientos electorales de todo tipo han sido descritos en los más de treinta fallos por parapolítica, proferidos por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría.
Favorecidos por la ambigüedad y lejana aplicación de las sanciones, los uribistas podrán fortalecerse a través del transfuguismo político. Durante dos meses, las fuerzas políticas podrán recomponerse y reagruparse a su antojo. La doble militancia, avalada sin más, corrobora que con esta reforma el proceso de fortalecimiento de los partidos, razón de la reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas, estamos retrocediendo. Lo escribió en este mismo periódico en su última columna de opinión la politóloga y directora del programa Congreso Visible, Elisabeth Ungar: “Esta medida busca permitir la reconfiguración del mapa político del actual Congreso, y más específicamente de la coalición”.
La combinación entre transfuguismo político y aumento del umbral —del 2 al 3 por ciento— resultará letal para partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana y el movimiento MIRA. Este último, a pesar de ser el único partido con personería jurídica sin miembros investigados por farc o parapolítica, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aunque bienintencionado, el aumento del umbral, cuando muchos de los partidos de la coalición de gobierno son pequeños, no tienen mayor cohesión ideológica y mantienen a sus líderes más prominentes detenidos en la cárcel, riñe por completo con el transfuguismo.
Por si ello fuera poco, en una maniobra inesperada, y con el beneplácito del vicepresidente de la Cámara, Odín Sánchez, la plenaria permitió en la madrugada del jueves pasado la inclusión del artículo estratégico que inhabilita de forma inmediata a concejales y diputados que aspiran al Congreso en 2010. Un atropello, una suerte de violación al derecho a la igualdad del que disponen quienes desean hacer política en otros escenarios. Para muchos, un “mico” que de cualquier forma no es nuevo y ya antes, en anteriores reformas, había sido sistemáticamente rechazado.
Contrasta la inmediatez con la que entrarán en vigencia cambios trascendentales en las reglas de juego, como el transfuguismo y la inhabilidad de concejales y diputados, con la lentitud en la aplicación de las sanciones a partidos vinculados con grupos ilegales. A dos debates de dar por terminado su trámite reglamentario en el Congreso, la reforma política sólo parece serle útil a la coalición de gobierno.
Elespectador.com
LA REFORMA POLÍTICA QUE CURSA EN EL CONGRESO, concebida inicialmente como mecanismo para blindar las elecciones y los partidos de la influencia de actores ilegales, posible solución, entonces, a tantos y tan decepcionantes escándalos, después de haber sido aprobada en su sexto debate, hoy no pasa de ser una reforma insuficiente. Para muchos, completamente inocua. Y, sin embargo, rica en beneficios para la coalición uribista.
No es de extrañar que la reforma política no establezca correctivos para los partidos, en su mayor parte uribistas, que acogieron a los parapolíticos que hoy se encuentran en prisión. El 29% del Congreso electo en 2006 ha sido investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La “silla vacía”, sanción emblemática que contemplaba la reforma anterior —y que implica la pérdida de la curul de un partido por cada parlamentario condenado—, no empezará a regir sino en 2010. Como era de esperarse, no se contemplan medidas retroactivas y las sanciones sólo aplicarán para los partidos que participen en las próximas elecciones.
Las campañas políticas tendrán como principal financiador al Estado y éste les entregará como anticipo el 50% de los recursos que recibió el partido en las últimas elecciones por reposición de votos. Dadas las circunstancias particulares del Congreso colombiano, una medida indignante. El desconocimiento total de algunos de los métodos con los que algunos partidos políticos con representación en el Congreso acumularon votos en los comicios pasados. Constreñimientos electorales de todo tipo han sido descritos en los más de treinta fallos por parapolítica, proferidos por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría.
Favorecidos por la ambigüedad y lejana aplicación de las sanciones, los uribistas podrán fortalecerse a través del transfuguismo político. Durante dos meses, las fuerzas políticas podrán recomponerse y reagruparse a su antojo. La doble militancia, avalada sin más, corrobora que con esta reforma el proceso de fortalecimiento de los partidos, razón de la reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas, estamos retrocediendo. Lo escribió en este mismo periódico en su última columna de opinión la politóloga y directora del programa Congreso Visible, Elisabeth Ungar: “Esta medida busca permitir la reconfiguración del mapa político del actual Congreso, y más específicamente de la coalición”.
La combinación entre transfuguismo político y aumento del umbral —del 2 al 3 por ciento— resultará letal para partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana y el movimiento MIRA. Este último, a pesar de ser el único partido con personería jurídica sin miembros investigados por farc o parapolítica, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aunque bienintencionado, el aumento del umbral, cuando muchos de los partidos de la coalición de gobierno son pequeños, no tienen mayor cohesión ideológica y mantienen a sus líderes más prominentes detenidos en la cárcel, riñe por completo con el transfuguismo.
Por si ello fuera poco, en una maniobra inesperada, y con el beneplácito del vicepresidente de la Cámara, Odín Sánchez, la plenaria permitió en la madrugada del jueves pasado la inclusión del artículo estratégico que inhabilita de forma inmediata a concejales y diputados que aspiran al Congreso en 2010. Un atropello, una suerte de violación al derecho a la igualdad del que disponen quienes desean hacer política en otros escenarios. Para muchos, un “mico” que de cualquier forma no es nuevo y ya antes, en anteriores reformas, había sido sistemáticamente rechazado.
Contrasta la inmediatez con la que entrarán en vigencia cambios trascendentales en las reglas de juego, como el transfuguismo y la inhabilidad de concejales y diputados, con la lentitud en la aplicación de las sanciones a partidos vinculados con grupos ilegales. A dos debates de dar por terminado su trámite reglamentario en el Congreso, la reforma política sólo parece serle útil a la coalición de gobierno.
Elespectador.com
lunes, 4 de mayo de 2009
Las cifras no mienten
Las cifras no mienten
Por: Rodolfo Arango
http://www.elespectador.com/columna138531-cifras-no-mienten
SEGÚN INFORMACIÓN PROCEDENte de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, hasta el momento 81 congresistas elegidos para el período 2006-2010 han sido investigados o procesados penalmente por parapolítica en Colombia.
Esto equivale al 30,33% del total de los 267 miembros del Congreso: 45 senadores (44,1% del total de 102) y 36 representantes a la Cámara (21,8% del total de 165). De esos 81, 11 han sido excluidos de la lista, bien sea por autos inhibitorios (cinco conservadores, dos liberales y uno de Alas), por preclusión de la investigación (dos conservadores) o por absolución (un liberal). De los 70 congresistas aún involucrados en el escándalo parapolítico, 60 pertenecen a la coalición de Gobierno (85,7%) mientras el resto (14,3%) es del Partido Liberal (la mitad de este porcentaje representado en dos congresistas liberales de Córdoba). Ninguno del Polo.
Los partidos o movimientos políticos permeados por el paramilitarismo, sin incluir a los desvinculados de la investigación, en número de congresistas y votos, son: Partido de la U: 12 (ocho senadores y cuatro representantes), con 544.001 votos. Cambio Radical: 11 (ocho senadores y tres representantes), con 347.036 votos. Convergencia Ciudadana: siete (cinco senadores y dos representantes), con 344.149 votos. Partido Conservador: siete (tres senadores y 4 representantes), con 263.626. Colombia Democrática: seis (cuatro senadores y dos representantes), con 215.342 votos. Alas Equipo Colombia: cuatro (tres senadores y un representante), con 231.288 votos. Colombia Viva: cuatro senadores, con 162.205 votos. Apertura Liberal: cinco representantes, con 162.997 votos. A ellos se suman 54.097 votos de otros movimientos. O sea, el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2’324.751. ¡Casi dos millones y medio de votos uribistas cuestionados para las elecciones del próximo año! Es explicable el interés de la coalición de Gobierno por aprobar la reforma política sin silla vacía y la posibilidad de reelección del demiurgo de todo el proceso. También se entiende ahora quién y quiénes eran los beneficiarios de las ‘chuzadas’ del DAS a la CSJ.
Bajo el fementido objetivo de hacer más responsables a las agrupaciones políticas, el famélico proyecto de reforma política que va para sexto debate permite “por una única vez” a los actuales congresistas cambiar de afiliación política sin incurrir en doble militancia. La norma propuesta pretende que se baraje de nuevo antes de las elecciones de marzo de 2010 y que los cuestionados puedan adoptar un nuevo ropaje en la competencia electoral. So pretexto de una transición necesaria al nuevo régimen, los uribistas en el Congreso buscan eludir el castigo en las urnas por su conducta activa o pasiva. Pero el principio de responsabilidad política se resiste a ser burlado tan fácilmente. Los congresistas que integren las cuestionadas agrupaciones, voten favorablemente la norma y cambien luego de partido o movimiento para ser reelegidos, enfrentan un riesgo claro e inminente: la pérdida de investidura por incurrir en conflicto de intereses. Esto si el Consejo de Estado no actúa como el Absolvedor General de la Nación. La permisión de la trashumancia política aprobada por quienes son sus directos y exclusivos destinatarios, es una grave ofensa a la justicia, a la buena fe y al sentido común. Ni el cinismo de un Benedetti podría convencernos de lo contrario.
Por: Rodolfo Arango
http://www.elespectador.com/columna138531-cifras-no-mienten
SEGÚN INFORMACIÓN PROCEDENte de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, hasta el momento 81 congresistas elegidos para el período 2006-2010 han sido investigados o procesados penalmente por parapolítica en Colombia.
Esto equivale al 30,33% del total de los 267 miembros del Congreso: 45 senadores (44,1% del total de 102) y 36 representantes a la Cámara (21,8% del total de 165). De esos 81, 11 han sido excluidos de la lista, bien sea por autos inhibitorios (cinco conservadores, dos liberales y uno de Alas), por preclusión de la investigación (dos conservadores) o por absolución (un liberal). De los 70 congresistas aún involucrados en el escándalo parapolítico, 60 pertenecen a la coalición de Gobierno (85,7%) mientras el resto (14,3%) es del Partido Liberal (la mitad de este porcentaje representado en dos congresistas liberales de Córdoba). Ninguno del Polo.
Los partidos o movimientos políticos permeados por el paramilitarismo, sin incluir a los desvinculados de la investigación, en número de congresistas y votos, son: Partido de la U: 12 (ocho senadores y cuatro representantes), con 544.001 votos. Cambio Radical: 11 (ocho senadores y tres representantes), con 347.036 votos. Convergencia Ciudadana: siete (cinco senadores y dos representantes), con 344.149 votos. Partido Conservador: siete (tres senadores y 4 representantes), con 263.626. Colombia Democrática: seis (cuatro senadores y dos representantes), con 215.342 votos. Alas Equipo Colombia: cuatro (tres senadores y un representante), con 231.288 votos. Colombia Viva: cuatro senadores, con 162.205 votos. Apertura Liberal: cinco representantes, con 162.997 votos. A ellos se suman 54.097 votos de otros movimientos. O sea, el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2’324.751. ¡Casi dos millones y medio de votos uribistas cuestionados para las elecciones del próximo año! Es explicable el interés de la coalición de Gobierno por aprobar la reforma política sin silla vacía y la posibilidad de reelección del demiurgo de todo el proceso. También se entiende ahora quién y quiénes eran los beneficiarios de las ‘chuzadas’ del DAS a la CSJ.
Bajo el fementido objetivo de hacer más responsables a las agrupaciones políticas, el famélico proyecto de reforma política que va para sexto debate permite “por una única vez” a los actuales congresistas cambiar de afiliación política sin incurrir en doble militancia. La norma propuesta pretende que se baraje de nuevo antes de las elecciones de marzo de 2010 y que los cuestionados puedan adoptar un nuevo ropaje en la competencia electoral. So pretexto de una transición necesaria al nuevo régimen, los uribistas en el Congreso buscan eludir el castigo en las urnas por su conducta activa o pasiva. Pero el principio de responsabilidad política se resiste a ser burlado tan fácilmente. Los congresistas que integren las cuestionadas agrupaciones, voten favorablemente la norma y cambien luego de partido o movimiento para ser reelegidos, enfrentan un riesgo claro e inminente: la pérdida de investidura por incurrir en conflicto de intereses. Esto si el Consejo de Estado no actúa como el Absolvedor General de la Nación. La permisión de la trashumancia política aprobada por quienes son sus directos y exclusivos destinatarios, es una grave ofensa a la justicia, a la buena fe y al sentido común. Ni el cinismo de un Benedetti podría convencernos de lo contrario.
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