Así vamos trabajando la agenda[ 10/20/2008] [ ] [ Autor: ACIN]
El Gobierno Colombiano menciona la existencia de la agenda de movilización de los pueblos. En este texto, avanzamos con un análisis serio de lo que esta implica y propone y lo sometemos a la consideración d ela opinión pública.
En la edición matinal del Noticiero de Caracol Televisión, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias finalmente reconoce a nombre del Gobierno Nacional, los cinco temas de la agenda de la Minga de los Pueblos. Aunque la presenta de manera displicente y distorsionada, este es un avance significativo frente a la actitud y declaraciones de los últimos días. Respondemos a este hecho avanzando con unas explicaciones y claridades para que la opinión pública comprenda lo que estamos proponiendo. En estas líneas hacemos una lectura exclusivamente desde los pueblos indígenas, para ilustrar el análisis de la temática, entendiendo que aplican con especificidades a otros asuntos, pueblos, sectores y procesos.
1. Es claro que nuestra lucha, en el aspecto reivindicativo, incluye el tema de tierras que es trascendental para los pueblos indígenas. Pero lo reiteramos para que quede claro, no exigimos que se cumplan convenios y se resuelvan necesidades y derechos solamente en el tema tierras; el tema tierras no es un problema exclusivo de los pueblos indígenas ni se trata de una exigencia solamente para el Cauca. Sobre este tema seguiremos profundizando nuestras propuestas desde la abundante experiencia, evidencia y documentación que existe de modo que superemos los planteamientos superficiales que viene haciendo el Gobierno desde el propio Presidente. En esencia se trata de que el Gobierno cumpla con compromisos adquiridos que debe conocer la opinión pública. Dado que ya existen acuerdos y convenios, no buscamos negociar nada nuevo por el momento, sino que se de cumplimiento a lo convenido.
2. Frente al tema de los Tratados de Libre Comercio. En primer lugar reiteramos con toda claridad que sí es un tema trascendental de nuestra agenda de movilización y que debe ser abordado. Le recordamos al Gobierno Nacional que el TLC con los Estados Unidos ya cumplió su trámite en Colombia y ha sido aprobado por el Congreso de Colombia. Aunque tenemos reparos serios frente a todo el proceso de negociación, al carácter inconsulto del mismo y al trámite de aprobación, en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Reconociendo esta realidad, proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de los Estados Unidos. No tiene ninguna utilidad debatir el tema con el Gobierno de Colombia. Los motivos para rechazar este tratado y otros similares han sido planteados ampliamente y los reiteramos. Recordamos además que realizamos consultas populares transparentes, internacionalmente verificadas y democráticas en las que el 98% de los votantes dieron un rotundo NO al TLC.
3. El tema que hemos denominado “Legislación de Despojo” es ejemplificado por el Estatuto Rural o Ley 1152 de 2007. Tomamos como precedente la Sentencia C-030 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley Forestal1 . En ese sentido exigimos que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa según lo ordena el Acuerdo 169 de la OIT, Ley 21 de 19912 . Frente a esta demanda, exigimos que se deroguen de inmediato estas leyes (empezando por el Estatuto Rural) y se sometan proyectos de Ley al Congreso, que las sustituyan y que contemplen claramente los resultados y contenidos de un proceso apropiado y democrático de consulta previa.
4. En cuanto al tema de “Seguridad Democrática”, terror y guerra, repudiamos el repetitivo asesinato de indígenas, en promedio más de 100 por año durante los 6 años de presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, 17 crímenes de los cuales han sido cometidos entre el 17 de septiembre de 2008 y el día de hoy, ocho (de ellos por la fuerza pública, uno (1) por la guerrilla, cuatro (4) por los paramilitares y dos (2) por autores aun no conocidos. La ONIC ha estado elaborando reportes sobre violaciones de derechos humanos de manera seria y sistemática, sin que se haya logrado un compromiso serio y eficaz por parte del Gobierno Nacional para que se detenga la guerra sucia y el terror contra los indígenas, se investiguen los hechos y no queden en la más absoluta impunidad y se establezcan garantías para la vida y seguridad de personas y colectivos en coordinación con los pueblos y autoridades indígenas. El record del Gobierno Nacional frente a los pueblos indígenas es vergonzoso. El diagnóstico y las recomendaciones hechas por el Relator Especial para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, sigue siendo válido. Hay evidencia de un franco deterioro que apunta hacia el etnocidio y genocidio e inclusive la extinción de varios pueblos. A esto se suma el tratamiento criminal y de guerra que se le dio a la presente movilización, lo que amerita una investigación y documentación que conduzca a procesos de verdad, justicia y reparación integral a la vez que a la protección real de los pueblos indígenas en tanto pueblos y culturas y sujetos de derechos. En este momento, como consecuencia de los señalamientos fabricados y falsos que nos ha hecho el Gobierno y la fuerza pública como terroristas y manipulados por las FARC, nos ha involucrado directamente en el conflicto armado y en razón de esto, ha provocado un riesgo inminente de ataques contra la integridad, bienestar y seguridad individual y colectiva de todos los que hemos tomado parte en la Minga de los Pueblos. Responsabilizamos al Gobierno Nacional de haber creado esta situación de riesgo y de inminente amenaza contra nuestros pueblos. El propio Estado que debe protegernos, nos amenaza. En consecuencia, se hace necesaria la intervención y presencia inmediata de una comisión internacional que pueda asumir funciones concretas para que se de respuesta real a esta gravísima situación. Comisión para la que solicitamos la presencia y coordinación de James Anaya, Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Durante la presente movilización, al igual que durante todo su mandato, el Presidente Uribe y su Gobierno, han asumido una actitud particularmente preocupante frente a los pueblos indígenas, insistiendo en negarnos los derechos específicos que debe reconocernos y garantizarnos por mandato constitucional y legal. Insiste en presentar estos derechos como privilegios inmerecidos o abusos, en el propósito de generar resentimiento y promover conflicto con otros sectores sociales. Llamamos la atención sobre esta actitud y políticas peligrosas y amenazantes, que van generando discriminación y promoviendo prejuicios.
El Presidente y el Ministro de Agricultura manipulan cifras e interpretan diversos hechos de manera distorsionada para que otros sectores y la ciudadanía en general perciban que recibimos privilegios inmerecidos o que, peor aún, somos culpables de sus problemas y dificultades. Esto es falso y no tiene sustento en la realidad. La pobreza y la injusticia social nos afectan y son responsabilidad de las políticas de Estado de las que somos víctimas.
Afirmamos nuestro compromiso con el bienestar de todos los pueblos, con la equidad y la justicia social y lo hacemos como pueblos ancestrales y originarios. En consecuencia, exigimos que el Gobierno cese en su empeño de confundir la garantía de derechos colectivos, justicia social y equidad, obligaciones permanentes postergadas y negadas desde el Estado, con el derecho a la diferencia y el respeto por la diversidad.
Como pueblos indígenas, exigimos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea ratificada por el Estado Colombiano como Ley de la República. De la misma manera, respaldamos los derechos específicos de los demás pueblos y sectores sociales, siempre dentro un marco de justicia social y equidad. Lo que es aberrante y debe desaparecer es la concentración de tierras y riquezas y la legislación que garantiza beneficios y privilegios a gamonales, terratenientes, estratos altos y transnacionales a costa de la pobreza y explotación de la mayoría.
Una vez que nuestra agenda sea reconocida, comienza un proceso ya postergado de manera excesiva e innecesaria para abordarla y resolverla de manera integral y seria. Ello impone transformaciones profundas, no solo frente a los pueblos indígenas, sino para todos los sectores y todo el país. Se requiere asumir esta realidad de la manera más seria y madura posible. Seguir postergando estas transformaciones es irresponsable y está sumiendo al país en una sin salida que hasta ahora beneficia algunos intereses particulares, pero que resulta insostenible en el corto plazo, aún para quienes han acumulado beneficios. Transformar la institucionalidad Colombiana para beneficio de toda la sociedad, es necesario, posible e inevitable.
El manejo irresponsable que le da el Gobierno y los medios comerciales de comunicación a estos temas, requiere de la movilización consciente de amplios sectores y de la consolidación y desarrollo práctico de una agenda nacional en Minga para avanzar hacia el país posible y necesario. Esta Minga se propone establecer un camino sólido desde los pueblos para construir y poner en marcha una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto, a partir de sentir y compartir el dolor para que se haga camino de vida y libertad.
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN
ACIN – Cxab Wala Kiwe
Santander de Quilichao, Octubre 20 de 2008.
1. Dice la sentencia literalmente_AA_CoLoN_ “Para que se hubiese cumplido con el requisito de la consulta habría sido necesario, poner en conocimiento de las comunidades, por intermedio de instancias suficientemente representativas, el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo. Ese proceso no se cumplió, razón por la cual la Corte concluye que, dado que la ley versa sobre una materia que se relaciona profundamente con la cosmovisión de esas comunidades y su relación con la tierra, y que, por acción o por omisión, es susceptible de afectarlas de manera directa y específica, no hay alternativa distinta a la de declarar la inexequibilidad de la ley.
2. Por todo lo anterior, la Corte declarará la inexequibilidad de la Ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la Ley General Forestal”.
jueves, 23 de octubre de 2008
miércoles, 22 de octubre de 2008
Movilización indígena criminalizada por el gobierno
Fuente: Periodico El Turbion
http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/1093#comment-1035
Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.
La protesta se realiza para exigir soluciones concretas a problemas como la libertad de expresión; la falta de protección social, que ha ocasionado que 18 etnias estén al borde de la extinción al contar cada una con menos de 300 personas; la celebración de contratos con multinacionales, que van en detrimento del desarrollo y pervivencia cultural de estos pueblos; una reforma agraria que distribuya, de forma equitativa y justa, tierras en territorios ancestrales; el cese de las fumigaciones con glifosato, que aquejan la salud de humanos, animales y cultivos; la legalización de territorios indígenas; el castigo al genocidio de los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados y la solución negociada del conflicto, entre otros.
Desde el 11 de octubre de 2008, diferentes movilizaciones se han llevado a cabo, a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objeto de visibilizar que, al contrario de la celebración del encuentro de “dos mundos” que se lleva a cabo en octubre, los indígenas en Colombia siguen viviendo el exterminio, el colonialismo y la sumisión. De esta manera, en La Guajira se movilizaron 12.000 indígenas zenú, 15.000 indígenas más en Cauca, 1.200 en el Valle, 5.000 en Risaralda y otros más en Choco, hechos que han sido menospreciados por la gran prensa, que se centra en las declaraciones gubernamentales y en los acontecimientos violentos protagonizados por la Fuerza Pública en el Cauca.
El defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, ha calificado esta mañana de “desproporcionada y un total exceso el uso de armas por parte de la Fuerza Pública”, en los enfrentamientos que se están dando con los 10.000 indígenas que mantienen por octavo día la Minga Nacional de Resistencia en la zona de La María, municipio de Piendamó (Cauca). – Foto: ONIC
El gobierno ha preferido responder a la movilización usando la fuerza o enviando representantes que no generan confianza a la comunidad indígena, como la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que ha acusado al senador Piñacué de servir a la guerrilla y a la movilización de estar intervenida por actores armados ilegales. De igual manera, Álvaro Uribe ha preferido no negociar y, por el contrario, hacer eco a las afirmaciones de la viceministra respecto a la influencia de la guerrilla en la protesta pacífica que se ha desarrollado en el Cauca, ignorando de forma conveniente las denuncias en las que se acusa a las FARC de asesinar a varios lideres indígenas. El gobernador del Cauca, por su parte, advirtió al defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, sobre reportes de inteligencia que ponen en evidencia la intención de la columna Teófilo Forero de las FARC de asesinar a Feliciano Valencia, líder indígena y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La Defensoría del Pueblo en Cauca, el CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Intrnacional de Derechos Humanos (FIDH), el Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos (Sindh) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han denunciado que se dispara contra los indígenas con armas de fuego, que se usan gases lacrimógenos en concentraciones donde hay niños, que miembros de la fuerza pública han usado machetes contra los manifestantes, que se ha impedido el acceso de ambulancias en la zona para atender los heridos y se ha culpado de esto a los indígenas, que, además, soldados de contraguerrilla se han infiltrando para criminalizar la protesta, dejando material de intendencia para luego ser aportado como evidencia por la policía y así hacer creíble la intervención de la guerrilla.
El resultado de las acciones del gobierno ha dejado como resultado cuatro muertos en los últimos tres días, entre ellos un niño de 20 meses de edad, y más de un centenar de heridos por disparos de fúsil. Sólo en el departamento del Cauca hay un indígena asesinado; 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados y 21 con machete; 8 familias desalojadas y el intento de violación de una menor de edad. Esto sin contar que, en el último mes, 29 indígenas fueron asesinados y que la cifra en los 6 años de gobierno de Uribe asciende a1.240 muertos y 53.885 desplazados.
JAIRO DANILO CHAPARRAL SANTIAGO tenía la misión oficial de dejar en el territorio indígena un morral con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos, los cuales deberían luego ser encontrados por la policía para decir que en la movilización había infiltración de grupos armados al margen de la ley, según informó la propia madre del soldado. – Foto: ONIC
A pesar de las alertas tempranas y denuncias que organizaciones de derechos humanos y la ONIC han hecho, Uribe expresa que “se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, declaraciones que alientan la grave situación en la que se encuentran los indígenas que participan de la minga, al legitimar el uso de la violencia y la no negociación de las peticiones de una minoría étnica que, según el DANE, representa el 3% de la población en Colombia. Con esto, la situación de los indígenas tiende a agravarse: según declaraciones de habitantes de la María Piendamó, la Fuerza Pública “permanece dentro del resguardo desde hace dos días […] a pesar del acuerdo al que se llegó con Naciones Unidas para que devolvieran la autoridad a quien le corresponde constitucionalmente: los indígenas”.
Los líderes indígenas por su parte, manifiestan que no van a ceder en cuanto a tomarse las vías y defenderse con sus bastones frente a las agresiones de policías y militares. Rechazan, de igual manera, las declaraciones que los hacen pasar por guerrilleros y otras dadas por la Policía, que argumentan que los indígenas se auto disparan para incriminar a la Fuerza Pública. La minga, lejos de dispersarse por la intimidación que se realiza desde el Estado, está dispuesta a seguir persistiendo en la defensa de sus derechos, pese a las consecuencias que traiga consigo el enfrentarse a la obtusa posición que, desde el gobierno, se les ofrece como respuesta. Muestra de ello son las declaraciones de Verito Cobaría: “si Uribe quiere hacer historia matándonos a todos, saldremos a las carreteras”.
http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/1093#comment-1035
Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.
La protesta se realiza para exigir soluciones concretas a problemas como la libertad de expresión; la falta de protección social, que ha ocasionado que 18 etnias estén al borde de la extinción al contar cada una con menos de 300 personas; la celebración de contratos con multinacionales, que van en detrimento del desarrollo y pervivencia cultural de estos pueblos; una reforma agraria que distribuya, de forma equitativa y justa, tierras en territorios ancestrales; el cese de las fumigaciones con glifosato, que aquejan la salud de humanos, animales y cultivos; la legalización de territorios indígenas; el castigo al genocidio de los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados y la solución negociada del conflicto, entre otros.
Desde el 11 de octubre de 2008, diferentes movilizaciones se han llevado a cabo, a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objeto de visibilizar que, al contrario de la celebración del encuentro de “dos mundos” que se lleva a cabo en octubre, los indígenas en Colombia siguen viviendo el exterminio, el colonialismo y la sumisión. De esta manera, en La Guajira se movilizaron 12.000 indígenas zenú, 15.000 indígenas más en Cauca, 1.200 en el Valle, 5.000 en Risaralda y otros más en Choco, hechos que han sido menospreciados por la gran prensa, que se centra en las declaraciones gubernamentales y en los acontecimientos violentos protagonizados por la Fuerza Pública en el Cauca.
El defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, ha calificado esta mañana de “desproporcionada y un total exceso el uso de armas por parte de la Fuerza Pública”, en los enfrentamientos que se están dando con los 10.000 indígenas que mantienen por octavo día la Minga Nacional de Resistencia en la zona de La María, municipio de Piendamó (Cauca). – Foto: ONIC
El gobierno ha preferido responder a la movilización usando la fuerza o enviando representantes que no generan confianza a la comunidad indígena, como la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que ha acusado al senador Piñacué de servir a la guerrilla y a la movilización de estar intervenida por actores armados ilegales. De igual manera, Álvaro Uribe ha preferido no negociar y, por el contrario, hacer eco a las afirmaciones de la viceministra respecto a la influencia de la guerrilla en la protesta pacífica que se ha desarrollado en el Cauca, ignorando de forma conveniente las denuncias en las que se acusa a las FARC de asesinar a varios lideres indígenas. El gobernador del Cauca, por su parte, advirtió al defensor del pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, sobre reportes de inteligencia que ponen en evidencia la intención de la columna Teófilo Forero de las FARC de asesinar a Feliciano Valencia, líder indígena y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La Defensoría del Pueblo en Cauca, el CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Intrnacional de Derechos Humanos (FIDH), el Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos (Sindh) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) han denunciado que se dispara contra los indígenas con armas de fuego, que se usan gases lacrimógenos en concentraciones donde hay niños, que miembros de la fuerza pública han usado machetes contra los manifestantes, que se ha impedido el acceso de ambulancias en la zona para atender los heridos y se ha culpado de esto a los indígenas, que, además, soldados de contraguerrilla se han infiltrando para criminalizar la protesta, dejando material de intendencia para luego ser aportado como evidencia por la policía y así hacer creíble la intervención de la guerrilla.
El resultado de las acciones del gobierno ha dejado como resultado cuatro muertos en los últimos tres días, entre ellos un niño de 20 meses de edad, y más de un centenar de heridos por disparos de fúsil. Sólo en el departamento del Cauca hay un indígena asesinado; 89 heridos de gravedad, 7 de ellos con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados y 21 con machete; 8 familias desalojadas y el intento de violación de una menor de edad. Esto sin contar que, en el último mes, 29 indígenas fueron asesinados y que la cifra en los 6 años de gobierno de Uribe asciende a1.240 muertos y 53.885 desplazados.
JAIRO DANILO CHAPARRAL SANTIAGO tenía la misión oficial de dejar en el territorio indígena un morral con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos, los cuales deberían luego ser encontrados por la policía para decir que en la movilización había infiltración de grupos armados al margen de la ley, según informó la propia madre del soldado. – Foto: ONIC
A pesar de las alertas tempranas y denuncias que organizaciones de derechos humanos y la ONIC han hecho, Uribe expresa que “se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia”, declaraciones que alientan la grave situación en la que se encuentran los indígenas que participan de la minga, al legitimar el uso de la violencia y la no negociación de las peticiones de una minoría étnica que, según el DANE, representa el 3% de la población en Colombia. Con esto, la situación de los indígenas tiende a agravarse: según declaraciones de habitantes de la María Piendamó, la Fuerza Pública “permanece dentro del resguardo desde hace dos días […] a pesar del acuerdo al que se llegó con Naciones Unidas para que devolvieran la autoridad a quien le corresponde constitucionalmente: los indígenas”.
Los líderes indígenas por su parte, manifiestan que no van a ceder en cuanto a tomarse las vías y defenderse con sus bastones frente a las agresiones de policías y militares. Rechazan, de igual manera, las declaraciones que los hacen pasar por guerrilleros y otras dadas por la Policía, que argumentan que los indígenas se auto disparan para incriminar a la Fuerza Pública. La minga, lejos de dispersarse por la intimidación que se realiza desde el Estado, está dispuesta a seguir persistiendo en la defensa de sus derechos, pese a las consecuencias que traiga consigo el enfrentarse a la obtusa posición que, desde el gobierno, se les ofrece como respuesta. Muestra de ello son las declaraciones de Verito Cobaría: “si Uribe quiere hacer historia matándonos a todos, saldremos a las carreteras”.
La cara antidemocrática del capitalismo, al descubierto
Noam Chomsky
Irish Times
El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza.
Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de la preocupación por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los ahorros y la asistencia sanitaria.
Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas "para claro beneficio de las mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos sin necesidad de fracasar o casi", según describió el asunto James Rickards, quien negoció en su día, por parte del fondo de cobertura de derivados financieros Long Term Capital Managemen, su rescate federat en 1998, recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía ya trillada. Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.
Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran Depresión.
También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones financieras colapsadas.
Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, aunque la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que "socializaran sus pérdidas", como hoy en el rescate financiado por el sufrido contribuyente. Tal intervención pública "ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos", concluían.
En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de los remedios, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.
El mercado financiero "deprecia el riesgo" y es "sistemáticamente ineficiente", como escribieron hace ya una década los economistas John Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba la liberalización financiera y mostrando los costes en que, por su causa, se había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los costes que recaen sobre quienes no participan en las transacciones. Esas "externalidades" pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.
La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en "ellas mismas". Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener –las "externalidades" de una supervivencia decente— unas prácticas que lleven, como suelen, a crisis financieras.
La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.
Los inversores y los prestamistas pueden "votar" con la fuga de capitales, con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de divisas. (1)
La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes democráticas radicales que iban desde la resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, para permitir cierto grado de democracia.
John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los gobiernos a restringir los movimientos de capitales.
Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho fundamental", a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos "derechos" garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han displicentemente considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o meros "mitos".
En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en el siglo XIX, los gobiernos "todavía no estaban politizados por el sufragio universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios". Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual podían ser transferidos a la población general.
Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de Bretton Woods "los límites a la democracia como fuente de resistencia a las presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del capital".
El obvio corolario es que, tras la desmantelación del sistema de posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las extravagancias electorales por parte de la industria de relaciones públicas constituye una buena ilustración.
"La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda".
Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de clase media crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos".
Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los de arriba.
Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de respuesta dondequiera, en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.
NOTA: (1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Bretton Woods, que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) –ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial— y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945.El rasgo principal de Bretton Woods era la obligación de todos los países de adoptar una política monetaria que mantuviera dentro de unos valores fijos la tasa de cambio de su moneda. El sistema colapsó, cuando los EEUU suspendieron la convertibilidad al oro del dólar. Eso creó la insólita situación por la que el dólar llegó a convertirse en la "moneda de reserva" para los otros países que estaban en Bretton Woods.
Irish Times
El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza.
Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de la preocupación por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los ahorros y la asistencia sanitaria.
Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas "para claro beneficio de las mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos sin necesidad de fracasar o casi", según describió el asunto James Rickards, quien negoció en su día, por parte del fondo de cobertura de derivados financieros Long Term Capital Managemen, su rescate federat en 1998, recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía ya trillada. Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.
Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran Depresión.
También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones financieras colapsadas.
Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, aunque la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que "socializaran sus pérdidas", como hoy en el rescate financiado por el sufrido contribuyente. Tal intervención pública "ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos", concluían.
En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de los remedios, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.
El mercado financiero "deprecia el riesgo" y es "sistemáticamente ineficiente", como escribieron hace ya una década los economistas John Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba la liberalización financiera y mostrando los costes en que, por su causa, se había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los costes que recaen sobre quienes no participan en las transacciones. Esas "externalidades" pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.
La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en "ellas mismas". Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener –las "externalidades" de una supervivencia decente— unas prácticas que lleven, como suelen, a crisis financieras.
La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.
Los inversores y los prestamistas pueden "votar" con la fuga de capitales, con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de divisas. (1)
La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes democráticas radicales que iban desde la resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, para permitir cierto grado de democracia.
John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los gobiernos a restringir los movimientos de capitales.
Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho fundamental", a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos "derechos" garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han displicentemente considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o meros "mitos".
En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en el siglo XIX, los gobiernos "todavía no estaban politizados por el sufragio universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios". Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual podían ser transferidos a la población general.
Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de Bretton Woods "los límites a la democracia como fuente de resistencia a las presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del capital".
El obvio corolario es que, tras la desmantelación del sistema de posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las extravagancias electorales por parte de la industria de relaciones públicas constituye una buena ilustración.
"La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda".
Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de clase media crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos".
Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los de arriba.
Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de respuesta dondequiera, en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.
NOTA: (1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Bretton Woods, que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) –ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial— y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945.El rasgo principal de Bretton Woods era la obligación de todos los países de adoptar una política monetaria que mantuviera dentro de unos valores fijos la tasa de cambio de su moneda. El sistema colapsó, cuando los EEUU suspendieron la convertibilidad al oro del dólar. Eso creó la insólita situación por la que el dólar llegó a convertirse en la "moneda de reserva" para los otros países que estaban en Bretton Woods.
domingo, 19 de octubre de 2008
Fracaso de la seguridad democratica.
La noticia no podía ser más desalentadora, después de 6 años de política de seguridad democrática, ahora sabemos que fracasó.
El anuncio, aunque indirecto, fue proferido el viernes, 17 de octubre de 2008, por el ministro de Protección social, Diego Palacios, en entrevista con caracol radio, al decir que las diferentes huelgas que se desarrollan en el país, léanse: Corteros en el Valle, Indígenas en el Cauca, pescadores en el magdalena, trabajadores de la rama judicial, trabajadores de la registraduría, trabajadores de la DIAN, son organizados y obedecen ordenes de las FARC.
Es triste que, después de dar por seguro la derrota a las FARC por cuenta de la “operación jaque”, vengamos a descubrir que la guerrilla esta tan viva y tiene tanta fuerza y presencia en el país como para organizar y comandar una seguidilla de huelgas a nivel nacional. Además, como si fuera poco, tiene poder para incitar a acciones huelguísticas a personal de entidades del gobierno como la DIAN y la registraduría.
El afán de criminalizar las luchas, en la Colombia de Uribe, llega a los excesos de, como este, endilgarle tal poder a las FARC. No olviden que hace unas semanas la cuestión era si la guerrilla había infiltrado las universidades. Como quien dice, la guerrilla esta en todas partes, acechando, viva y coleando.
Claro que esto no es de extrañar porque, al fin y al cabo, que sería de Uribe sin guerrilla, a quien le echaría la culpa de todo lo que es incapaz de contener, como la debacle de la economía, o sustraer, desempleo, pobreza, desplazamiento...; como si fuera poco, como podría haber reelección si la causa principal por la que fue elegido y reelegido, es la infantil idea de que solo él puede acabar con las FARC.
Por el contrario, la guerrilla permanecerá como un fantasma que aparecerá y desperecerá según sea la conveniencia del momento. Pero algo es seguro, no desaparecerá para siempre, porque es necesaria para mantener distraída de lo importante a la opinión publica.
Pablo
El anuncio, aunque indirecto, fue proferido el viernes, 17 de octubre de 2008, por el ministro de Protección social, Diego Palacios, en entrevista con caracol radio, al decir que las diferentes huelgas que se desarrollan en el país, léanse: Corteros en el Valle, Indígenas en el Cauca, pescadores en el magdalena, trabajadores de la rama judicial, trabajadores de la registraduría, trabajadores de la DIAN, son organizados y obedecen ordenes de las FARC.
Es triste que, después de dar por seguro la derrota a las FARC por cuenta de la “operación jaque”, vengamos a descubrir que la guerrilla esta tan viva y tiene tanta fuerza y presencia en el país como para organizar y comandar una seguidilla de huelgas a nivel nacional. Además, como si fuera poco, tiene poder para incitar a acciones huelguísticas a personal de entidades del gobierno como la DIAN y la registraduría.
El afán de criminalizar las luchas, en la Colombia de Uribe, llega a los excesos de, como este, endilgarle tal poder a las FARC. No olviden que hace unas semanas la cuestión era si la guerrilla había infiltrado las universidades. Como quien dice, la guerrilla esta en todas partes, acechando, viva y coleando.
Claro que esto no es de extrañar porque, al fin y al cabo, que sería de Uribe sin guerrilla, a quien le echaría la culpa de todo lo que es incapaz de contener, como la debacle de la economía, o sustraer, desempleo, pobreza, desplazamiento...; como si fuera poco, como podría haber reelección si la causa principal por la que fue elegido y reelegido, es la infantil idea de que solo él puede acabar con las FARC.
Por el contrario, la guerrilla permanecerá como un fantasma que aparecerá y desperecerá según sea la conveniencia del momento. Pero algo es seguro, no desaparecerá para siempre, porque es necesaria para mantener distraída de lo importante a la opinión publica.
Pablo
Comunicado de "El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)"
18 Oct 08
Excesivo uso de la fuerza contra los miembros de comunidades indígenas
COL 171008
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones de varias fuentes entre ellas la Organización Femenina Popular (OFP), organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre el excesivo uso de la fuerza utilizado por fuerzas combinadas del ejército y de la policía contra los miembros de comunidades indígenas reunidos en el Resguardo La María de Piendamó, en Toribio y sobre la vía Panamericana que conduce a Popayán, manifestándose pacíficamente a través de una Minga Nacional de Resistencia Indígena[1], en hechos ocurridos en varios lugares del Departamento del Cauca.
De acuerdo con las informaciones, los primeros hechos de ataque armado ocurrieron el 14 de octubre de 2008, hacia el final de la tarde, la comunidad de cerca de nueve mil personas, pobladores de varios resguardo que se encontraban reunidos pacíficamente en Piendamó, comenzó a ser víctima de disparos directos de numerosos miembros del Ejército Nacional, del grupo antimotines de la policía – ESMAD, e incluso de personas armadas vestidas de civil, que rodeaban a los pobladores desde las montañas y desde la carretera.
Según las informaciones, durante los hechos murió el Sr. Mariano Morano Dizú, Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Palma, en Pitayó, quien fue herido con arma de fuego en el cráneo y quien falleció luego de ser trasladado a Popayán. Además, al menos veinte personas resultaron heridas por arma de fuego, de machetes, o por golpes.
La lista no exhaustiva de los heridos, con la descripción de algunas de las heridas es la siguiente:
John Freddy Piñacue, de 16 años de edad, herido con garrote en la frente;
Hermes Arbey Díaz, proveniente de Huellas, Caloto;
Mauricio Menza, proveniente de Jambaló, herido en la frente por roce de proyectil de arma de fuego (tiro recalzado[2]);
Benjamín Ramos, proveniente del Resguardo de Tálaga, Caldono, herido en el ojo izquierdo y con proyectil en el pecho;
Enyi Ulcué, proveniente de Pueblo Nuevo, Caldono, herido en la pierna izquierda con arma de fuego;
Mario Guetoto, proveniente de Delicias, herido en la naríz;
Diomedes Quinto, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
Joaquín Cotocué, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
Milciades Tumbo, proveniente de San Andrés de Pisimbilá;
José Ferney Pardo, proveniente de Inzá, Tierradentro;
Adolfo Quitumbo Yatacue, proveniente de Corinto;
Harold Cucuñame de Honduras, proveniente de la Zona Occidente;
Delio Quitumbo, proveniente de Toribío, tiro recalzado pierna izquierda;
Mario Huetoto, proveniente del resguardo de Delicias, Buenos Aires, herido en ojo izquierdo, tiro recalzado;
N.N. (persona cuya identificación no se ha informado), con un golpe grave en la cabeza;
Según las mismas informaciones, durante los hechos habrían sido detenidas al menos tres personas: los Sres. Leonardo Chocué, proveniente de Tierradentro; Eduardo Cotoina, proveniente de Tierradentro, y Pablo Dagua, proveniente de Corinto.
De acuerdo con las informaciones, como la Minga se extendió a varias zonas del país en cerca de 15 departamentos, los ataques contra las manifestaciones por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD, han continuado, arrojando cifras de más de cien heridos, numerosos de ellos graves y, según las denuncias, varios muertos y desaparecidos, cuyos nombres no han sido informados hasta el momento. Según las informaciones la mayoría de las personas heridas pertenecen a las comunidades indígenas reunidas en Toribio y al grupo de manifestantes que avanzan por la Carretera Panamericana con rumbo a la ciudad de Popayán.
La OMCT al condenar estos hechos violentos, manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todas y cada una de las personas que participan en la Minga Nacional de Resistencia Indígena arriba mencionada y solicita vehementemente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tomen las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de todas las personas presentes en el Resguardo La María en Piendamó y en general de todos los indígenas a lo largo y ancho del país.
Antecedentes y contexto de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su muy seria preocupación frente a los graves hechos aquí denunciados y frente a la situación de inseguridad que enfrentan todos los miembros de comunidades indígenas en Colombia, ya que, según las denuncias, entre el 17 de septiembre de 2008 y el 12 de octubre de 2008 al menos 15 indígenas han sido asesinados.
Los indígenas asesinados cuyos casos se han denunciado son: César Hurtado Tróchez, asesinado en su casa del Resguardo de Guadualito, el 13 de octubre; Nicolás Valencia Lemus, baleado en zona rural de Toribío; Raúl Mendoza, asesinado por sicarios en Popayán; Segundo Oswaldo Tapie y Hugo Gildardo Alpala, dos guardias de la Comunidad de los Pastos muertos en Cumbal por el ejército; Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo, asesinados por el grupo paramilitar Aguilas Negras en Riosucio, Caldas[3]; Oscar Diogirama asesinado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, en Rosucio - Chocó; Leonar René Portilla, Luis Alberto Ortega y Carlos Alberto Charra, muertos por la policía en Santa Cruz (Nariño); Justiniano Tunubalá muerto en Jambaló por el ejército; Celestino Rivera asesinado por desconocidos también en Jambaló; Raúl Morales Hío, gobernador nasa del resguardo de El Peñón, asesinado en el suroccidente de Popayán.
También se ha denunciado que dos Indígenas Yanaconas del cabildo el Paraíso, La Vega, cuyos nombres no han sido informados, fueron desaparecidos la semana anterior en la zona sur del Macizo colombiano.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los heridos arriba mencionados y en general de todas las personas que hayan resultado heridas durante los hechos arriba mencionados, incluida la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera;
tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la Minga que se realiza en el Resguardo La María en Piendamó y en el resto del país;
llevar a cabo una investigación independiente, competente, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba mencionados, en particular al excesivo uso de la fuerza por parte de los miembros del ejército y de la policía, a la presunta ejecución extrajudicial del Sr. Mariano Morano Dizú y también al asesinato del Sr. Cesar Hurtado Tróchez, y de todas las demás personas arriba mencionadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
otorgar una adecuada reparación a los miembros de la familia de los Sres. Mariano Morano Dizú, Cesar Hurtado Tróchez y todas las demás personas asesinadas durante los hechos arriba mencionados;
dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, buzon1@presidencia.gov.co Tels.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ;
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de dd.hh y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co ; ppdh@presidencia.gov.co
Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co;
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de dd.hh y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 17 de octubre de 2008.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
[1] Una Minga Nacional de Resistencia Indígena, es una jornada de unidad comunitaria, social y popular. En el presente caso la minga fue convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC con ocasión del aniversario, el 12 de octubre, del Descubrimiento de América, con el fin de, entre otros, recordar que los Pueblos Indígenas han sido, desde 1492, sistemáticamente exterminados y también, para defender la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las poblaciones indígenas. En esta ocasión además están desarrollando la Minga con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos del gobierno respecto a la entrega de tierras y como rechazo a la represión de que vienen siendo víctimas, en particular desde los últimos meses.
[2] Se conoce como tiro recalzado a la manera y/o trayectoria del tiro que causa la herida, es decir que el tiro no penetra sino que roza, produciendo diferentes tipos de heridas como cortadas o quemaduras que pueden llegar a ser graves.
[3] Ver Llamado Urgente: OMCT COL 081008.
http://www.omct.org/
Excesivo uso de la fuerza contra los miembros de comunidades indígenas
COL 171008
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones de varias fuentes entre ellas la Organización Femenina Popular (OFP), organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre el excesivo uso de la fuerza utilizado por fuerzas combinadas del ejército y de la policía contra los miembros de comunidades indígenas reunidos en el Resguardo La María de Piendamó, en Toribio y sobre la vía Panamericana que conduce a Popayán, manifestándose pacíficamente a través de una Minga Nacional de Resistencia Indígena[1], en hechos ocurridos en varios lugares del Departamento del Cauca.
De acuerdo con las informaciones, los primeros hechos de ataque armado ocurrieron el 14 de octubre de 2008, hacia el final de la tarde, la comunidad de cerca de nueve mil personas, pobladores de varios resguardo que se encontraban reunidos pacíficamente en Piendamó, comenzó a ser víctima de disparos directos de numerosos miembros del Ejército Nacional, del grupo antimotines de la policía – ESMAD, e incluso de personas armadas vestidas de civil, que rodeaban a los pobladores desde las montañas y desde la carretera.
Según las informaciones, durante los hechos murió el Sr. Mariano Morano Dizú, Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Palma, en Pitayó, quien fue herido con arma de fuego en el cráneo y quien falleció luego de ser trasladado a Popayán. Además, al menos veinte personas resultaron heridas por arma de fuego, de machetes, o por golpes.
La lista no exhaustiva de los heridos, con la descripción de algunas de las heridas es la siguiente:
John Freddy Piñacue, de 16 años de edad, herido con garrote en la frente;
Hermes Arbey Díaz, proveniente de Huellas, Caloto;
Mauricio Menza, proveniente de Jambaló, herido en la frente por roce de proyectil de arma de fuego (tiro recalzado[2]);
Benjamín Ramos, proveniente del Resguardo de Tálaga, Caldono, herido en el ojo izquierdo y con proyectil en el pecho;
Enyi Ulcué, proveniente de Pueblo Nuevo, Caldono, herido en la pierna izquierda con arma de fuego;
Mario Guetoto, proveniente de Delicias, herido en la naríz;
Diomedes Quinto, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
Joaquín Cotocué, proveniente de San Andrés de Pisimbalá, tiro recalzado en la frente;
Milciades Tumbo, proveniente de San Andrés de Pisimbilá;
José Ferney Pardo, proveniente de Inzá, Tierradentro;
Adolfo Quitumbo Yatacue, proveniente de Corinto;
Harold Cucuñame de Honduras, proveniente de la Zona Occidente;
Delio Quitumbo, proveniente de Toribío, tiro recalzado pierna izquierda;
Mario Huetoto, proveniente del resguardo de Delicias, Buenos Aires, herido en ojo izquierdo, tiro recalzado;
N.N. (persona cuya identificación no se ha informado), con un golpe grave en la cabeza;
Según las mismas informaciones, durante los hechos habrían sido detenidas al menos tres personas: los Sres. Leonardo Chocué, proveniente de Tierradentro; Eduardo Cotoina, proveniente de Tierradentro, y Pablo Dagua, proveniente de Corinto.
De acuerdo con las informaciones, como la Minga se extendió a varias zonas del país en cerca de 15 departamentos, los ataques contra las manifestaciones por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD, han continuado, arrojando cifras de más de cien heridos, numerosos de ellos graves y, según las denuncias, varios muertos y desaparecidos, cuyos nombres no han sido informados hasta el momento. Según las informaciones la mayoría de las personas heridas pertenecen a las comunidades indígenas reunidas en Toribio y al grupo de manifestantes que avanzan por la Carretera Panamericana con rumbo a la ciudad de Popayán.
La OMCT al condenar estos hechos violentos, manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todas y cada una de las personas que participan en la Minga Nacional de Resistencia Indígena arriba mencionada y solicita vehementemente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tomen las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de todas las personas presentes en el Resguardo La María en Piendamó y en general de todos los indígenas a lo largo y ancho del país.
Antecedentes y contexto de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su muy seria preocupación frente a los graves hechos aquí denunciados y frente a la situación de inseguridad que enfrentan todos los miembros de comunidades indígenas en Colombia, ya que, según las denuncias, entre el 17 de septiembre de 2008 y el 12 de octubre de 2008 al menos 15 indígenas han sido asesinados.
Los indígenas asesinados cuyos casos se han denunciado son: César Hurtado Tróchez, asesinado en su casa del Resguardo de Guadualito, el 13 de octubre; Nicolás Valencia Lemus, baleado en zona rural de Toribío; Raúl Mendoza, asesinado por sicarios en Popayán; Segundo Oswaldo Tapie y Hugo Gildardo Alpala, dos guardias de la Comunidad de los Pastos muertos en Cumbal por el ejército; Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo, asesinados por el grupo paramilitar Aguilas Negras en Riosucio, Caldas[3]; Oscar Diogirama asesinado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, en Rosucio - Chocó; Leonar René Portilla, Luis Alberto Ortega y Carlos Alberto Charra, muertos por la policía en Santa Cruz (Nariño); Justiniano Tunubalá muerto en Jambaló por el ejército; Celestino Rivera asesinado por desconocidos también en Jambaló; Raúl Morales Hío, gobernador nasa del resguardo de El Peñón, asesinado en el suroccidente de Popayán.
También se ha denunciado que dos Indígenas Yanaconas del cabildo el Paraíso, La Vega, cuyos nombres no han sido informados, fueron desaparecidos la semana anterior en la zona sur del Macizo colombiano.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los heridos arriba mencionados y en general de todas las personas que hayan resultado heridas durante los hechos arriba mencionados, incluida la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera;
tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la Minga que se realiza en el Resguardo La María en Piendamó y en el resto del país;
llevar a cabo una investigación independiente, competente, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba mencionados, en particular al excesivo uso de la fuerza por parte de los miembros del ejército y de la policía, a la presunta ejecución extrajudicial del Sr. Mariano Morano Dizú y también al asesinato del Sr. Cesar Hurtado Tróchez, y de todas las demás personas arriba mencionadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
otorgar una adecuada reparación a los miembros de la familia de los Sres. Mariano Morano Dizú, Cesar Hurtado Tróchez y todas las demás personas asesinadas durante los hechos arriba mencionados;
dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
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Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, buzon1@presidencia.gov.co Tels.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ;
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Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de dd.hh y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 17 de octubre de 2008.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
[1] Una Minga Nacional de Resistencia Indígena, es una jornada de unidad comunitaria, social y popular. En el presente caso la minga fue convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC con ocasión del aniversario, el 12 de octubre, del Descubrimiento de América, con el fin de, entre otros, recordar que los Pueblos Indígenas han sido, desde 1492, sistemáticamente exterminados y también, para defender la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las poblaciones indígenas. En esta ocasión además están desarrollando la Minga con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos del gobierno respecto a la entrega de tierras y como rechazo a la represión de que vienen siendo víctimas, en particular desde los últimos meses.
[2] Se conoce como tiro recalzado a la manera y/o trayectoria del tiro que causa la herida, es decir que el tiro no penetra sino que roza, produciendo diferentes tipos de heridas como cortadas o quemaduras que pueden llegar a ser graves.
[3] Ver Llamado Urgente: OMCT COL 081008.
http://www.omct.org/
miércoles, 15 de octubre de 2008
Importante
Este es un correo de (desde abajo Prensa Independiente de Colombia :: Comunicación alternativa de Colombia) enviado por Pa (paristiz@gmail.com). Puedes encontrar interesante el siguiente enlace: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/161-edicion-138/926-corte-podra-declarar-la-nulidad-de-oficio-reeleccion-de-uribe.html
lunes, 13 de octubre de 2008
Jaime Garzon
http://es.youtube.com/watch?v=pgnpj8LlUe0
Lo dijo Jaime hace como 12 años, que capacidad de vision... en contrapartida a tanto ciego deambulando por ahí.
Los invito a ver este video y permitirle a otros recordar el estilo de Jaime Garzon para denunciar lo que a todas luces iba a poner en peligro la escasa democracia que ha habido en este país.
Lo dijo Jaime hace como 12 años, que capacidad de vision... en contrapartida a tanto ciego deambulando por ahí.
Los invito a ver este video y permitirle a otros recordar el estilo de Jaime Garzon para denunciar lo que a todas luces iba a poner en peligro la escasa democracia que ha habido en este país.
miércoles, 8 de octubre de 2008
Consejo superior de la judicatura, por Claudia Lopez
Quizá la institución más importante para mantener la independencia interna y funcional de la rama judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. Su Sala Administrativa administra el presupuesto y funcionamiento de la rama. La Sala Disciplinaria evalúa la gestión de los despachos judiciales, actúa como instancia disciplinaria de todos los abogados y jueces del país y dirime los conflictos de competencias entre diferentes jurisdicciones. También resuelve, en segunda instancia, los fallos contra sentencias de otras altas cortes. Por todas esas funciones, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la columna vertebral de la independencia y funcionamiento de la Rama Judicial.
La Constitución del 91 previó que el Presidente de la República ternaría los candidatos para conformar esa Sala y la elección final la haría el Congreso de la República. El propósito del diseño constitucional era que nunca un mismo Presidente pudiera ternar a más de dos de los siete magistrados de la Sala. El presidente Uribe, como en tantas otras materias, se dio maña de torcer la Constitución y colocar cinco magistrados. Próximamente ubicará dos más y completará la captura total de la Sala Disciplinaria. Ahora será el Presidente -no unos jueces independientes del Gobierno- el que tendrá la potestad de sancionar a cualquier juez o abogado, del que no le gusten sus decisiones. También podrá resolver las tutelas que le lleguen, según su conveniencia. Para la muestra, la tutela que le ordena a la Corte Suprema borrar del cohecho de la reelección al Ministro de la Protección.
El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala. Por eso, puso en marcha una piñata politiquera a la que convidó a partidos de su coalición y les dio total autonomía para que cada uno armara su propia terna sorpresa de mercachifles confiables. Para no correr ningún riesgo, el Presidente les dio guiños bonus para que cada partido les dijera explícitamente, a él y a los demás partidos de la coalición, cuál de los tres era el ternado de su predilección. El ungido era protocolariamente aprobado a pupitrazo en el Congreso y luego reverentemente posesionado en la Casa de Nari. Así se consumó la captura de la Judicatura. La siguiente piñata será para la Corte Constitucional.
Los partidos uribistas, metidos hasta el cuello con la politiquería y la criminalidad, se lucieron para escoger los jueces de sus intereses. Los reductos internos que clamaban por una selección decente fueron rápidamente expulsados de la piñata. La rapiña fue hábilmente ganada por lo más reputado de cada secta partidista.
El primer ganador fue el congresista Luis Fernando Almario, investigado por vínculos con paramilitarismo, Farc, narcotráfico y corrupción administrativa. Ese dechado de virtudes fue el promotor del hoy "magistrado" Angelino Lizcano. Aunque para ser justos, hay que aclarar que el señor Lizcano no le debe el puestico a su ex jefe Almario, sino que se lo ganó a pulso en sus años como Secretario General de ese otro dechado de virtudes que es el Senado de la República.
Como recomendado de Colombia Democrática en general y de Mario Uribe, en particular, llegó el "magistrado" Ovidio Claros, cuya oscura trayectoria personal y pública es antónimo de su nombre.
También llegó el "magistrado" Pedro Sanabria, otra cuota judicial del ex senador Ciro Ramírez, que, según testigos de su actual proceso judicial, cobraba sus favores políticos y judiciales en cuotas de participación en los cargamentos de cocaína de los narcos y paramilitares a los que les hacía vueltas.
Nada menos que ese espectáculo 'mafiosongo' era lo que podía esperarse de la piñatización que Uribe y su gavilla partidista hicieron de la facultad que la Constitución les otorgó al Presidente y al Congreso. Desafortunadamente, la Constitución no podía prever la clase de Presidente y Congreso que ejercerían tal facultad.
Claudia López
La Constitución del 91 previó que el Presidente de la República ternaría los candidatos para conformar esa Sala y la elección final la haría el Congreso de la República. El propósito del diseño constitucional era que nunca un mismo Presidente pudiera ternar a más de dos de los siete magistrados de la Sala. El presidente Uribe, como en tantas otras materias, se dio maña de torcer la Constitución y colocar cinco magistrados. Próximamente ubicará dos más y completará la captura total de la Sala Disciplinaria. Ahora será el Presidente -no unos jueces independientes del Gobierno- el que tendrá la potestad de sancionar a cualquier juez o abogado, del que no le gusten sus decisiones. También podrá resolver las tutelas que le lleguen, según su conveniencia. Para la muestra, la tutela que le ordena a la Corte Suprema borrar del cohecho de la reelección al Ministro de la Protección.
El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala. Por eso, puso en marcha una piñata politiquera a la que convidó a partidos de su coalición y les dio total autonomía para que cada uno armara su propia terna sorpresa de mercachifles confiables. Para no correr ningún riesgo, el Presidente les dio guiños bonus para que cada partido les dijera explícitamente, a él y a los demás partidos de la coalición, cuál de los tres era el ternado de su predilección. El ungido era protocolariamente aprobado a pupitrazo en el Congreso y luego reverentemente posesionado en la Casa de Nari. Así se consumó la captura de la Judicatura. La siguiente piñata será para la Corte Constitucional.
Los partidos uribistas, metidos hasta el cuello con la politiquería y la criminalidad, se lucieron para escoger los jueces de sus intereses. Los reductos internos que clamaban por una selección decente fueron rápidamente expulsados de la piñata. La rapiña fue hábilmente ganada por lo más reputado de cada secta partidista.
El primer ganador fue el congresista Luis Fernando Almario, investigado por vínculos con paramilitarismo, Farc, narcotráfico y corrupción administrativa. Ese dechado de virtudes fue el promotor del hoy "magistrado" Angelino Lizcano. Aunque para ser justos, hay que aclarar que el señor Lizcano no le debe el puestico a su ex jefe Almario, sino que se lo ganó a pulso en sus años como Secretario General de ese otro dechado de virtudes que es el Senado de la República.
Como recomendado de Colombia Democrática en general y de Mario Uribe, en particular, llegó el "magistrado" Ovidio Claros, cuya oscura trayectoria personal y pública es antónimo de su nombre.
También llegó el "magistrado" Pedro Sanabria, otra cuota judicial del ex senador Ciro Ramírez, que, según testigos de su actual proceso judicial, cobraba sus favores políticos y judiciales en cuotas de participación en los cargamentos de cocaína de los narcos y paramilitares a los que les hacía vueltas.
Nada menos que ese espectáculo 'mafiosongo' era lo que podía esperarse de la piñatización que Uribe y su gavilla partidista hicieron de la facultad que la Constitución les otorgó al Presidente y al Congreso. Desafortunadamente, la Constitución no podía prever la clase de Presidente y Congreso que ejercerían tal facultad.
Claudia López
miércoles, 1 de octubre de 2008
Biocombustibles. Por Daniel Samper.
Una biovoltereta hacia atrás
Una de las peores consecuencias de las constantes trifulcas que plantea la Casa de Nariño a magistrados, periodistas, vecinos, ONG y opositores es que, por atender la incesante polvareda, el país olvida otros terrenos donde se producen o podrían producirse enormes calamidades.
Uno es el anacrónico salto que está dando el Gobierno en favor de los biocombustibles (BC), productos destilados de la caña de azúcar, el maíz, la soya, la palma y otros tipos agrícolas, que se mezclan con gasolina para abaratar el gasto de los automotores.
El domingo pasado, los ministros de Agricultura y de Energía respondieron en el canal 9 preguntas de los ciudadanos sobre los BC. Fue un laudable ejercicio informativo. Pero incompleto y acomodaticio. No estaba allí el Ministro de Medio Ambiente, que tanto podría decir sobre el peligro ecológico de la industria biocombustible; tampoco había representantes de entidades académicas y científicas, como el Foro Nacional Ambiental, fuerte crítico de los BC. En cambio, los ministros aparecieron de gancho con el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles.
Esto prueba la alianza entre el Gobierno y ciertos intereses industriales, justo cuando el mundo empieza a apartarse de la receta de producir BC. Convertir mazorcas en combustibles parecía una panacea: pero se ha descubierto que es insostenible.
Para empezar, los subsidios. El Estado colombiano cede cuantiosos ingresos para estimular la producción de etanol. El 10 por ciento de alcohol carburante que se agrega a cada galón de gasolina priva al Estado de 251 pesos por exoneración de impuestos. Según el profesor Guillermo Rudas Lleras, el beneficio de los grandes productores de caña alcanzará este año 206 mil millones de pesos. Semejante suma, que dejan de percibir las arcas públicas y va a bolsillos privados, supera los aportes oficiales al Sistema Nacional Ambiental entre 2002 y 2006 y es cuatro veces mayor que el presupuesto asignado este año a los parques nacionales.
Los BC ofrecen otros peligros: desplazan la agricultura de pancoger, favorecen los latifundios (remember Carimagua), encarecen la comida. Según entidades mundiales, entre un 20 y un 60 por ciento del reciente aumento de precio de los alimentos se debe a que cada vez se destinan más cereales a alimentar carros que estómagos. "Los BC han arrastrado más de 30 millones de personas a la pobreza", afirma Oxfam, respetada confederación de agencias de desarrollo.
No es verdad, además, que se trate de una solución "verde". La emisión de dióxido de carbono que genera el desplazamiento de sembradíos solo se compensa, en algunos casos, cuatro siglos después. Y rinde poco. Si la totalidad de la cosecha mundial de cereales y azúcares se convirtiera en BC, solo llenaría el 40 por ciento de los tanques de gasolina. Para completar, el Premio Nobel Paul Crutzen ya advirtió que ciertos fertilizantes para BC emiten óxido nitroso, un gas 296 veces más tóxico que el dióxido carbónico.
La advertencia del Comisionado Europeo de Desarrollo, Louis Michel, es: "La moda de los BC puede ser catastrófica". Y la recomendación de Oxam: desmonten ya mismo las políticas de apoyo a los biocombustibles.
Resulta inaudito que Colombia importe una política altamente cuestionada y que lo haga, además, cuando el fracaso del capitalismo salvaje debería inspirar formas más humanistas y amables de desarrollo. Wall Street podría devorar, en ayudas oficiales a grandes especuladores quebrados, 900 mil millones de dólares. Con solo 14.500 millones habría suministrado la comida indispensable que piden 53 países hundidos en crisis de hambre. Si ese dinero que resarcirá los estropicios del sistema prestamista hubiera ido al Tercer Mundo, habría cambiado la vida en el planeta.
Colombia debe aprender de la hecatombe neoliberal y proteger su gente, su medio ambiente y su comida.
cambalache@mail.ddnet.es
Daniel Samper Pizano
El Tiempo Octubre 1 de 2008
Una de las peores consecuencias de las constantes trifulcas que plantea la Casa de Nariño a magistrados, periodistas, vecinos, ONG y opositores es que, por atender la incesante polvareda, el país olvida otros terrenos donde se producen o podrían producirse enormes calamidades.
Uno es el anacrónico salto que está dando el Gobierno en favor de los biocombustibles (BC), productos destilados de la caña de azúcar, el maíz, la soya, la palma y otros tipos agrícolas, que se mezclan con gasolina para abaratar el gasto de los automotores.
El domingo pasado, los ministros de Agricultura y de Energía respondieron en el canal 9 preguntas de los ciudadanos sobre los BC. Fue un laudable ejercicio informativo. Pero incompleto y acomodaticio. No estaba allí el Ministro de Medio Ambiente, que tanto podría decir sobre el peligro ecológico de la industria biocombustible; tampoco había representantes de entidades académicas y científicas, como el Foro Nacional Ambiental, fuerte crítico de los BC. En cambio, los ministros aparecieron de gancho con el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles.
Esto prueba la alianza entre el Gobierno y ciertos intereses industriales, justo cuando el mundo empieza a apartarse de la receta de producir BC. Convertir mazorcas en combustibles parecía una panacea: pero se ha descubierto que es insostenible.
Para empezar, los subsidios. El Estado colombiano cede cuantiosos ingresos para estimular la producción de etanol. El 10 por ciento de alcohol carburante que se agrega a cada galón de gasolina priva al Estado de 251 pesos por exoneración de impuestos. Según el profesor Guillermo Rudas Lleras, el beneficio de los grandes productores de caña alcanzará este año 206 mil millones de pesos. Semejante suma, que dejan de percibir las arcas públicas y va a bolsillos privados, supera los aportes oficiales al Sistema Nacional Ambiental entre 2002 y 2006 y es cuatro veces mayor que el presupuesto asignado este año a los parques nacionales.
Los BC ofrecen otros peligros: desplazan la agricultura de pancoger, favorecen los latifundios (remember Carimagua), encarecen la comida. Según entidades mundiales, entre un 20 y un 60 por ciento del reciente aumento de precio de los alimentos se debe a que cada vez se destinan más cereales a alimentar carros que estómagos. "Los BC han arrastrado más de 30 millones de personas a la pobreza", afirma Oxfam, respetada confederación de agencias de desarrollo.
No es verdad, además, que se trate de una solución "verde". La emisión de dióxido de carbono que genera el desplazamiento de sembradíos solo se compensa, en algunos casos, cuatro siglos después. Y rinde poco. Si la totalidad de la cosecha mundial de cereales y azúcares se convirtiera en BC, solo llenaría el 40 por ciento de los tanques de gasolina. Para completar, el Premio Nobel Paul Crutzen ya advirtió que ciertos fertilizantes para BC emiten óxido nitroso, un gas 296 veces más tóxico que el dióxido carbónico.
La advertencia del Comisionado Europeo de Desarrollo, Louis Michel, es: "La moda de los BC puede ser catastrófica". Y la recomendación de Oxam: desmonten ya mismo las políticas de apoyo a los biocombustibles.
Resulta inaudito que Colombia importe una política altamente cuestionada y que lo haga, además, cuando el fracaso del capitalismo salvaje debería inspirar formas más humanistas y amables de desarrollo. Wall Street podría devorar, en ayudas oficiales a grandes especuladores quebrados, 900 mil millones de dólares. Con solo 14.500 millones habría suministrado la comida indispensable que piden 53 países hundidos en crisis de hambre. Si ese dinero que resarcirá los estropicios del sistema prestamista hubiera ido al Tercer Mundo, habría cambiado la vida en el planeta.
Colombia debe aprender de la hecatombe neoliberal y proteger su gente, su medio ambiente y su comida.
cambalache@mail.ddnet.es
Daniel Samper Pizano
El Tiempo Octubre 1 de 2008
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